¿Podrá el gobierno “del cambio” reformar la política? | ¡PACIFISTA!
¿Podrá el gobierno “del cambio” reformar la política?
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¿Podrá el gobierno “del cambio” reformar la política?

Staff ¡Pacifista! - octubre 19, 2022

Por Laura Rincón.

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En campaña Petro prometió al menos cinco grandes reformas: tributaria, político-electoral, salud, sistema pensional y sector agrario. En su plan de gobierno menciona 25 veces la palabra reforma: al código de minas, al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), a las Fuerzas armadas (FFAA),  a la justicia, a la Procuraduría, a la Contraloría, al Congreso, a la Registraduría, al CNE, a RTVC. Algunas, como el servicio militar obligatorio y la regulación recreativa del cannabis, ya están radicadas.

Su contrincante en segunda vuelta también apeló al discurso del cambio, pero en términos prácticos: ¿qué tan fácil es reformar la política nacional? Según los analistas consultados, el primer paso es tener mayorías en el Congreso, una jugada que el presidente Petro aseguró desde el principio con el Pacto Histórico, asumiendo el costo político de crear alianzas con partidos tradicionales. Roy Barreras, cuya elección como presidente del Congreso causó polémica entre sus votantes, es la ficha principal en esta misión.

 

Manos a la obra

Un plan tan ambicioso necesita también diligencia: en un poco más de dos meses el Congreso ha radicado 32 proyectos de acto legislativo (PAL). Para tener una idea, en el período 2018-2019 se radicaron en total 40, fueron archivados 35 y 5 fueron aprobados; en el 2021-2022 se radicaron 26, fueron archivados 24, uno fue aprobado y uno está por debatir.

Sobre la abundancia de proyectos, Armando Novoa, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), advierte: “No es un buen mensaje que, mientras el presidente Petro declaró en su acto de posesión que se comprometía con la Constitución del 91, se presenten numerosos proyectos de acto legislativo, unos necesarios y otros no tanto. El primer compromiso debe ser con el desarrollo de la Constitución. Los cambios a la carta fundamental deben guiarse por el principio de lo estrictamente necesario”.

 

¿Qué dice la reforma política? 

El acto legislativo N°18 de 2022 modificaría el artículo 109 de la Constitución Política nombrando al Estado como único responsable de la financiación de campañas. También obligaría a usar “mecanismos de democracia interna” para la elección de candidatos dentro de cada partido, de lo contrario estos podrían perder la  personería jurídica.

La conformación de listas únicas y cerradas es el punto que más causa recelo en la opinión pública, la reforma exigiría que los partidos se postulen al Congreso, asambleas y concejos con un número igual de hombres y mujeres, alternando las posiciones en la lista para asegurar equidad de género. Los candidatos elegidos deberán tener al menos un año de militancia en el movimiento político que representan y esta deberá ser comprobada a través de unos registros de afiliación.

 

¿Qué dicen los expertos?

Según la bancada del Pacto Histórico, esta reforma sería crucial en la lucha anticorrupción, pero los investigadores aportan una dosis de realidad: “Yo creo que lamentablemente esta reforma no tiene herramientas importantes para la lucha anticorrupción. Ni importantes, ni efectivas. No creo que ese sea el objetivo, el objetivo más importante de esta reforma política es el fortalecimiento de los partidos políticos, listas cerradas y financiación estatal de las campañas”, afirma Juan Carlos Escobar, coordinador del grupo de investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia (U de A).

Escobar lamenta que se hundieron otros PAL relacionados que tenían propuestas más enfocadas en la lucha anticorrupción, como el presentado en cabeza de Humberto De la Calle, que pretendía crear un organismo de control para los procesos electorales, cambiar la forma en que son elegidos los magistrados del CNE y la creación de una jurisdicción electoral que resuelva conflictos sobre derechos políticos; también fue archivado en su primer debate otro en cabeza de  Ariel Ávila y Angélica Lozano, senadores que recogían lo anterior haciendo énfasis en el órgano de control electoral; y otro de la bancada del Partido Comunes que proponía modificar la forma de elección de Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía y Registraduría. 

Juan Carlos Arenas, director del Instituto de Estudios Políticos de la U de A señala que aunque las intenciones son buenas, la norma puede quedarse corta: “Hay que decir que no hay cambios de normas que por sí solas tengan altos niveles de eficacia contra la corrupción. En todo caso, la intención de una regulación más clara y precisa sobre los partidos, sobre la participación en elecciones y sobre las fuentes de financiación de la acción política son elementos normativos claves en la dirección de crear mejores controles sobre la forma de hacer política”. 

Para el exmagistrado del CNE, Armando Novoa, el panorama es similar mientras no existan los organismos de control que ya se hundieron en tres proyectos diferentes: “Sin una autoridad electoral independiente y autónoma difícilmente se puede cumplir con esos propósitos. Además, la reforma contempla dos aspectos que constituyen un retroceso; flexibiliza el régimen de incompatibilidad de los congresistas y hace menos drásticos los conflictos de intereses”.

 

Legislar contra sí mismos

Sobre la paridad y alternancia los investigadores consideran que es una medida justa y están de acuerdo en que será beneficioso para la democracia, este sería uno de los puntos que no tendría mucha dificultad para ser aprobado, más allá de las excepciones a partidos políticos únicamente de mujeres como Estamos Listas. 

Sin embargo, los expertos temen que en los 6 debates siguientes la reforma pierda puntos claves como las listas cerradas o la financiación estatal de campañas porque estas normas los comprometen a ellos directamente: “Yo creo que el trámite en el legislativo puede ser muy accidentado, puede ser que deje la reforma con muy pocas herramientas realmente de cambio y que no sea lo que se esperaba al inicio. Y por el otro lado, el gobierno le está apostando a otras reformas de manera más prioritaria, me refiero al tema de la paz, al tema agrario”, explica Juan Carlos Escobar.

Por su parte, Juan Carlos Arenas considera que: “el principal reto está en convencer a los propios políticos (senadores y representantes a la Cámara) para aprobar normas de nivel constitucional que suponen restricciones para su propio comportamiento. Un segundo reto, es que de las negociaciones entre los políticos no resulte una colcha de retazos que termine haciendo más complejo y menos transparente los procesos políticos y electorales en el país”.

 

¿Qué dice la oposición?

Como líder de la oposición, Paloma Valencia afirmó en el segundo debate: “Yo no encuentro que esta reforma política sea la panacea, es una reforma política que realmente la mayoría de sus asuntos es de políticos para políticos y no está mirando los temas que realmente le preocupan a la ciudadanía”.  Explica que las listas cerradas por dos períodos (el acuerdo al que están llegando) no implica un cambio estructural, que los mecanismos de participación interna, los conflictos de interés, y la prohibición de financiación privada son restrictivas del ejercicio democrático.

Sobre esto, Juan Carlos Arenas, director del Instituto de Estudios Políticos de la U de A no está de acuerdo: “Es una restricción, pero no necesariamente resulta inconveniente poner límites como la lista cerrada o incorporar criterios de paridad. En términos teóricos ambas medidas apuntan a fortalecer la capacidad de los partidos, fortalecer sus estructuras y brindar mejores condiciones de inclusión de un sector significativo de la población, del electorado y hoy por hoy del liderazgo social y político como las mujeres”.

El exmagistrado Novoa se refiere a un principio jurídico para contraargumentar: “Las acciones afirmativas a nivel electoral no se oponen, sino que por el contrario, constituyen un desarrollo integral de la democracia que busca hacer realidad el principio de igualdad material que consagra el artículo 13 de la Constitución”. Y Juan Carlos Escobar prefiere señalar las bondades: “el que sean cerradas (las listas) también tienen ventajas en términos de la posibilidad de que la gente vea mucho más claro el panorama electoral, tenga menos incertidumbre y vote realmente por partidos establecidos y no por una persona, con las consecuencias que eso trae también a veces de personalización de la política”. 

Algunos congresistas de partidos como Cambio Radical, conservadores y la mayoría de liberales y del Partido de la U se oponen a los artículos más polémicos como las listas cerradas y han propuesto modificaciones. Incluso el registrador nacional Alexander Vega emitió un comunicado en el que afirma que las reformas electorales que adelanta el Congreso no permitirían un control efectivo en las siguientes elecciones, Humberto de la Calle lo calificó de “irresponsable y se basa en razones falsas. La registraduría debería leer al menos el proyecto antes de criticarlo”.

 

¿Cómo va la reforma?

El 4 de octubre se dio el segundo debate del Proyecto de Acto Legislativo N°18 en el que realizaron ponencias los senadores Roy Barreras, Paloma Valencia, Fabio Amín, Ariel Ávila, Alfredo Deluque, entre otros. Aunque se lograron aprobar los dos primeros artículos sobre el “principio de transparencia, moralidad y paridad de género” y sobre las “consecuencias de que los partidos no tengan democracia interna”, los demás puntos no se votaron porque no hubo quórum, quedaron en plenaria solo 43 congresistas antes de las 9 de la noche, como denunciaron varios senadores del Pacto Histórico como Wilson Arias, Gustavo Bolívar y Gloria Flórez. 

El 11 de octubre fue aprobado en segundo debate este proyecto con 70 votos a favor y 5 en contra, con varias proposiciones por discutir y con críticas de algunos congresistas por el afán  del ponente Roy Barreras y de quien presidió la plenaria Miguel Ángel Pinto. Sufrió grandes cambios como lo predijeron los investigadores: el texto original de la ponencia tenía 5 artículos y para el segundo debate tenía 10.

Cambió el artículo que el PH consideró el ‘eje vertebral’ de la reforma, se reemplazó la ‘financiación exclusivamente estatal’ por ‘mayoritariamente estatal’, lo que significa que se seguirá permitiendo la financiación privada. Las listas cerradas fueron el gran triunfo de la bancada de gobierno, una idea que causó enfrentamientos entre los congresistas.

El artículo 5 también fue aprobado con modificaciones, ya no serían máximo 2 períodos consecutivos en la misma corporación sino 3. Se aprobó que se elimine el conflicto de interés por parte de los congresistas cuando se debaten proyectos que involucran a sus financiadores, un añadido de la oposición con el que Barreras está de acuerdo. Fue aprobado el artículo que permite a los senadores ocupar cargos del gobierno a petición del presidente a pesar de las fuertes críticas. Solo se eliminó el artículo 8 propuesto por el Centro Democrático que pretendía instaurar el voto obligatorio.