A pesar de que se creó una Comisión de la Verdad que publicó un informe final de más de 300 páginas, después de tantos años existen muchos vacíos en esta historia.
Cuerpos calcinados, civiles desaparecidos, irregularidades en los procesos de investigación e incertidumbre para las víctimas: esta es la herencia que nos deja la toma del Palacio de Justicia. Cerca al mediodía del 6 de noviembre de 1985, el M-19, la única guerrilla urbana del país, entró caminando al Palacio. Las 28 horas siguientes fueron un campo de guerra entre la guerrilla y el gobierno. 94 personas fallecieron y solo 68 cadáveres fueron reconocidos.
A pesar de que se creó una Comisión de la Verdad que publicó un informe final de más de 300 páginas, después de tantos años existen muchos vacíos en esta historia. En ¡Pacifista! evaluamos las investigaciones que se han adelantado al respecto. ¿Qué certezas existen?
Antes de la toma
La toma estaba anunciada
Álvaro Fayad, militante del M-19, fue la persona responsable de planear la toma del Palacio de Justicia en una operación llamada “operación Antonio Nariño, por los derechos del hombre”. Se demoró seis meses en planearla. Durante este tiempo, militantes fueron capturados merodeando el Palacio con planos de la edificación. Igualmente, una casa del movimiento fue allanada y encontraron un casete con las instrucciones sobre lo que iban a decir cuando se tomaran el Palacio.
Además, la Comisión de la Verdad relató que las Fuerzas Militares y la Sijín recibieron mensajes anónimos el 16 de octubre donde se anunciaba la toma. Sin embargo, hicieron caso omiso a todas estas advertencias.
Fue hasta un día después de la toma, el 7 de noviembre, que los planes del M-19 fueron encontrados por la Sijín en una casa en el sur de Bogotá, donde los militantes de la guerrilla se reunían.
El Palacio no estaba custodiado
Por razones aún desconocidas, el día anterior a la toma, fueron retirados 22 policías que custodiaban el Palacio y quedaron, únicamente, seis celadores de una empresa privada. Al día siguiente, entre 10:30 a.m y 11 a.m, siete militantes del M-19 no tuvieron problema en entrar por la puerta principal, mientras que otros 28 entraron en camiones por el parqueadero —las únicas dos entradas que tenía el lugar—.
La Comisión de Verdad contó en 2015 que el presidente del Consejo de Estado, Carlos Betancur, le comentó al magistrado Gaspar Caballero, que no había vigilancia en el Palacio aquel 6 de noviembre, a lo que Caballero respondió que “ya los podían matar tranquilos”. Minutos más tarde empezaría el tiroteo.
Durante la toma
¿Al fin sí se amenazó a los medios con cortar las comunicaciones?
Los medios de comunicación radiales estaban empapándose del tema con entrevistas a cualquier persona que haya visto algo, estado cerca o dentro del Palacio. Esto, según el gobierno, entorpecía la estrategia de retoma del Palacio por parte del Estado.
Noemí Sanín, quien era la ministra de Comunicaciones de Belisario Betancur, mandó un telegrama a todos los medios de comunicación prohibiendo entrevistas con gente que estuviera dentro del Palacio o que hubiera salido de allí. Sin embargo, algunos periodistas contaron que recibieron llamadas de la ministra pidiendo suspender transmisiones, amenazando con mandar al Ejército a apagar los equipos. Pero Sanín siempre ha negado estas amenazas. En su lugar, un partido de fútbol sonó en las emisoras y se vio en los televisores: Millonarios vs. Unión Magdalena.
¿Qué pasó con los que se llevaron a la Casa del Florero?
En el costado nororiental de la Plaza Bolívar, en la esquina entre el Palacio de Justicia y la Catedral Primada, se levanta de verde y blanco la Casa del Florero. Se sabe que aquellos que lograban salir de Palacio eran llevados a esta edificación —donde los militares habían montado su base de operaciones— y se determinaba quién era parte del M-19, quién era sospechoso y quién seguiría con vida.
Se empezaron a llevar a los sobrevivientes porque se creía que los guerrilleros se estaban vistiendo de civiles para salir ilesos de la toma, o que había personas que trabajaban en el Palacio que estaban colaborando con la milicia. Sin embargo, no todos los que fueron llevados a la Casa del Florero aparecieron con vida y algunos desaparecieron para siempre.
Por eso, en 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el modus operandi que tuvieron los militares con las personas consideradas sospechosas, ya que algunas fueron torturadas y desaparecidas. Como resultado, el exgeneral Jesús Armando Arias y el excoronel Alfonso Plazas Vega, fueron encarcelados.
Después de la toma
Las pruebas que se quemaron
Netflix, en su serie Narcos, volvió a traer a la luz la toma del Palacio, para hacer referencia a una supuesta colaboración de M-19 y Pablo Escobar, ya que gran parte de las pruebas que funcionaban para la extradición de algunos narcotraficantes a Estados Unidos se quemaron en el lugar.
Lo que se sabe es que hay registradas amenazas del Cartel de Medellín a algunos magistrados de la Corte Suprema. Además, la Comisión de la Verdad (la encargada de unificar las diferentes versiones del evento) explicó en sus documentos —entregados hasta 2015— que sí hubo una conexión del M-19 con el Cartel de Medellín para el asalto del Palacio de Justicia. Sin embargo, no se explica cuál fue la conexión.
El líder paramilitar Carlos Castaño explicó ante la Comisión que Carlos Pizarro, el líder del M-19, le cobró un millón de dólares al Cartel de Medellín para asesinar al presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes, y otro millón por la destrucción de documentos.
Es importante resaltar, igualmente, que los documentos que se quemaron no incriminaban únicamente a los narcos. Los magistrados también tenían en marcha investigaciones contra oficiales de las Fuerzas Militares e inclusive habían emitido algunas condenas por violación a derechos humanos. Cerca de 6.000 expedientes se quemaron en la toma.
¿Y las personas que trabajaban en la cafetería del Palacio?
La cafetería del Palacio estaba intacta. Había jugos y platos servidos, un par de cédulas estaban en el piso, como si se hubiera sacado a la gente corriendo. Las ocho personas que trabajaban allí desaparecieron, junto con dos visitantes ocasionales del Palacio, y fue hasta 2015 que tres de los cuerpos aparecieron: dos trabajadoras de la cafetería y una visitante ocasional. Dos cuerpos se encontraron en una fosa común del cementerio Jardín de Paz en Bogotá y uno en cajas embaladas de la Fiscalía.
