Ha pasado más de un mes desde que el IDEAM emitió la primera alerta roja por posibles desbordamientos en el departamento. Hoy, esa alerta se convirtió en realidad y la población indígena es la más afectada.
12 de junio: el Ideam declara al departamento de Guainía en alerta roja por las lluvias torrenciales. Veintitrés días después, las autoridades emiten un decreto de calamidad pública por las afectaciones que dejaron las lluvias. De los cerca de 28.000 habitantes que tiene el departamento, por lo menos 15.000, según cifras de la gobernación, son hoy damnificados por la ola invernal. Fue necesario que el gobernador, Javier Zapata, hablara públicamente y admitiera que no tiene “capacidad financiera y técnica” para atender a las familias. “El 50% del territorio está bajo el agua. Necesitamos la ayuda del gobierno Nacional”.
Hoy, 27 de julio, el Ideam mantuvo la alerta roja en la cuenca del río Inírida, pues “reporta niveles altos, por encima de la cota de desbordamiento (…) Se resaltan las inundaciones reportadas en días pasados, en el corregimiento Cacahual por desbordamiento del río Atabapo, en la comunidad de Merey, dejando 30 familias afectadas”. En las últimas semanas, las alertas diarias que emite el Ideam mencionan casos de familias damnificadas. En la Alcaldía dicen que los más golpeados son 20 pueblos indígenas que habitan cerca de la cuenca del río. Sin embargo, en el casco urbano la situación comenzó a complicarse y, por estos días, seis colegios permanecen cerrados. Vale la pena señalar que en San Gil, Santander, también están sufriendo las consecuencias de las inundaciones: en las últimas horas, un menor falleció y 19 personas resultaron heridas por colapsos provocados por las lluvias.
“Son 15.600 personas afectadas. Hace 40 años no sucedida una emergencia así”, dice el gobernador. Hasta el momento, desde la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo (UNGRD) han enviado 500 kits con alimentos, frazadas y otras ayudas para las familias. “La calamidad ha sobrepasado todo lo previsto y estamos colapsando”, nos dijo Yediz Patricia Díaz, coordinadora de convivencia, paz y reconciliación de Inírida. Fue ella, justamente, quien nos comentó que este sábado 28 de julio estarán varios líderes en la Iglesia Santa Martha del barrio Galerías (Bogotá), recibiendo ayudas para las familias.
Los más afectados, nos contó, son los grupos indígenas. Manaes Amaya, sociólogo y director del periódico El Regional de Guainía, nos explicó que “la cifra de que el 50 % del territorio está inundado no es la más preocupante, pues es un departamento que por sus características tiene muchísimas fuentes hídricas. Lo preocupante es que la inundación está afectando a la población indígena que vive en las riberas. Ellos viven a diario de lo que cultivan en sus territorios, y estos territorios están hoy inundados”. Para llegar a algunos de estos resguardos, nos cuenta, se necesita pasar varias horas en bote y, por los costos de la gasolina, “sale casi tan caro como viajar a Miami”.
De acuerdo con cifras del gobierno, el 80 % de la población de Guainía es indígena. En la región, los grupos étnicos Curripaco, Puinave, Piapoco y Sikuani han pedido ayuda por la emergencia. El 18 % de la población habita en la cuenca del Río Inírida, el mismo que está en alerta roja, otro 17 % en el río Guaviare y el 51 % en la zona urbana de Inírida. Esta inundación afecta a uno de los departamentos más vulnerables del país. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el índice de pobreza de Guainía es del 78 %, la tasa de desnutrición infantil es de 23 % y la cobertura de acueducto es de 32 %, mientras que la cifra en departamentos cercanos, como Guaviare, es de 44 %.
Amaya nos cuenta que “gran parte del casco urbano funciona con pozos sépticos, por lo cual, con las lluvias, se está generando un problema de salud pública”. En los resguardos indígenas, dice, el problema es de supervivencia: “La mayoría de comunidades vive del cultivo de yuca, con lo que preparan lo que se conoce como fariña. Con las lluvias, es difícil sembrar y ellos no tienen una lógica de acumulación, entonces los alimentos escasean. Si no pueden cultivar, están fregados. En donde viven los colonos, lo usual es encontrar cultivos de plátano o ganado, actividades que también se están viendo afectadas”.
En algunos corregimientos, como San Felipe, Amaya señala que el río se ha desbordado a tal punto “que se ven solamente los techos de las casas. Todo lo más está inundado y las condiciones son muy precarias”. El vacío institucional es evidente. Como lo explica la antropóloga Clemencia Vélez, quien vive hace dos años en Guainía, “este es un departamento en donde la mayoría de la población es indígena. Vive en asentamientos pequeños, en diferentes tramos de los ríos, y es el mismo entorno el que provee los recursos para que puedan ‘existir’. Otro sector más pequeño de esta población está ubicado en pequeños corregimientos y en el municipio de Inírida. Allí las dinámicas cambian porque hay presencia constante de las instituciones”.
En época de posconflicto – 6.741 personas de Guainía están inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV)– el gobierno tiene una oportunidad para suplir las necesidades de los habitantes de este departamento. Para Vélez, es importante “seguir insistiendo en políticas de seguridad alimentaria y proyectos productivos como alternativa de vida a la siembra de coca y explotación minera, por ejemplo, fomentando los cultivos agroforestales de diferentes especies frutales que tienen alto reconocimiento nacional e internacional por sus propiedades para la salud”.
