Hablamos con la abogada de las 14 indígenas guatemaltecas que llevarán a juicio a un teniente (r) y un excomisionado militar por violencia sexual.
En febrero de 2016, 14 indígenas guatemaltecas, que sólo hablan q’eqchi’ y son analfabetas, llevarán a juicio al teniente (r) Esteelmer Reyes Girón y al exjefe de comisionados militares Heriberto Valdéz Asij, por los delitos de violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica, homicidio y desaparición forzada. Será la primera vez que la justicia de Guatemala juzgue a militares por la comisión de delitos sexuales, por lo que el caso se ha convertido en una prioridad para las organizaciones de mujeres de ese país.
Todo comenzó en la década de los 80, durante el gobierno militar de Efraín Ríos Montt. Entre 1982 y 1983, en el departamento de Izabal, los militares obligaron a 15 mujeres de la etnia Q’eqchi’ (una de ellas falleció recientemente) a vivir en cercanías al destacamento de Sepur Zarco. Durante cerca de ocho meses, las indígenas fueron forzadas a cocinar y lavar la ropa de los soldados, y fueron sometidas a violaciones individuales y colectivas. Luego, tras el golpe de Estado encabezado por el general Óscar Mejía Víctores, las 15 fueron liberadas, aunque obligadas a cocinar por otros seis años.
Días antes de reunir por la fuerza a las mujeres, el Ejército había detenido a sus esposos, que se encontraban adelantando gestiones ante el Instituto Nacional de Transformación Agraria para la titulación de sus tierras. Por esa época, Guatemala llevaba 16 años sumida en una cruento conflicto armado, en el que sucesivos gobiernos militares se enfrentaron con distintas organizaciones guerrilleras. En el trasfondo se encontraba una agria disputa por la distribución de la tierra y la apertura democrática, en la que los indígenas jugaron un papel fundamental.
Es por esa razón que cientos de ellos fueron desaparecidos, torturados, violados y asesinados durante el gobierno de Ríos Montt, quien actualmente está siendo juzgado por el delito de genocidio. Los hechos de Sepur ocurrieron en ese contexto, y las mujeres los mantuvieron bajo llave durante casi tres décadas.
En 2010, las víctimas contaron sus historias. Lo hicieron en el marco del “Tribunal de Consciencia”, un escenario simbólico creado por la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad, que buscaba acompañar a las víctimas de violencia sexual. Un año después, las mujeres acudieron a la justicia, en un proceso en el que también han declarado cuatro indígenas torturados y un patrullero de autodefensa civil, todos testigos de esos crímenes.
Paula Barrios, directora de Mujeres Transformando el Mundo —la organización que representa judicialmente a las víctimas de Sepur—, estuvo en Bogotá compartiendo sus experiencias con decenas de mujeres que han sido víctimas de violencia sexual por cuenta del conflicto armado colombiano. Lo hizo en desarrollo del primer encuentro nacional de mujeres que participan de la Estrategia de Reparación Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, un proceso que impulsa la Unidad de Víctimas con el apoyo de ONU Mujeres.
Su testimonio llenó de fortaleza a las asistentes, que provenían de 35 ciudades del país. Hablamos con ella para conocer los pormenores del caso que tiene contra la pared a un militar retirado y a un excomandante local de las fuerzas paramilitares guatemaltecas.
¿Por qué buscar justicia en este caso, 30 años después?
Para las mujeres, la justicia siempre es una prioridad. Obviamente, estamos hablando de una justicia reparadora, que genere un escenario en el que se reproche la violencia sexual y se derrumbe la impunidad. Es importante que se sepa quién fue el responsable y trasladarle al agresor la vergüenza, el estigma y el silencio que trae consigo ese tipo de violencia. Eso es independiente del momento en el que ocurrieron los hechos, porque de lo que se trata es de reivindicar la dignidad de las mujeres.
¿Cómo convencieron a las víctimas de iniciar este proceso judicial?
En Guatemala, a partir de la firma de los acuerdos de paz, se inició un proceso de reconstrucción de la memoria histórica. A la par, las organizaciones sociales empezaron a trabajar en la recuperación psicosocial de hombres y mujeres víctimas de diferentes violencias; fue allí donde las mujeres empezaron a hablar de violencia sexual.
Sin embargo, en ese momento no se pensaba que fuera posible juzgar los hechos de Sepur, porque los delitos ya habían prescrito. De ahí que el movimiento organizado de mujeres y de defensoras de derechos humanos haya trabajado en el caso durante una década, estudiando la aplicación de los convenios internacionales en la materia, construyendo estrategias de litigio y buscando que las víctimas asuman la justicia como uno de los elementos fundamentales en su búsqueda de la reparación.
¿De qué manera lograron que las indígenas se familiarizaran con el sistema judicial guatemalteco?
Además de que ellas no hablan español, no saben leer ni escribir, y el proceso penal está muy alejado de su cosmovisión maya. Entonces, empezamos a usar figuras de animales para que comprendieran el rol de cada uno de los sujetos procesales y los términos jurídicos.
Dijimos que como las mariposas han sido desde siempre un símbolo de la lucha de las guatemaltecas, las mujeres iban a ser representadas como mariposas. A los jueces los representamos como búhos, que pueden ver en la oscuridad, donde nosotras no vemos; así les explicamos a las mujeres que es labor del juez analizar las pruebas, más allá de lo que se ve a simple vista. También dijimos que el Ministerio Público (la Fiscalía) iba a ser un loro y que las organizaciones sociales que acompañamos el proceso serían abejas. De ese modo logramos ilustrarles el proceso penal.
¿Qué otras acciones fueron necesarias para involucrar a las mujeres en el proceso?
Tuvimos que trabajar cosas elementales, pero que les generaban estrés. Por ejemplo, el hecho de subir en un elevador, porque el juzgado está en un piso 14. Para que perdieran el miedo, nos fuimos con ellas a un edificio y subimos y bajamos hasta que lograron manejar el elevador. Luego trabajamos en el uso del micrófono; que ellas se escucharan y se relacionaran con la intérprete, para que sus testimonios no fueran desdibujados. Creemos que los casos son de las víctimas y que cada paso que damos es parte de la reparación.
¿Qué nivel de aceptación han tenido los testimonios de las mujeres durante las audiencias?
El hecho de que ellas intervengan y se puedan expresar ha sido fundamental. Eso es lo que ha permitido que el caso sea contundente y pueda avanzar, porque no está sustentado únicamente en la doctrina o en la teoría, sino sobre todo en los testimonios. Y los relatos son tan fuertes, tan potentes…
¿Cuáles han sido las principales dificultades del caso?
Hemos tenido épocas difíciles. Por ejemplo, cuando el Ministerio Público se rehusó a capturar a los procesados. En ese momento, una de las víctimas le dijo al representante del Ministerio, enfrente del juez: “¿Por qué tiene miedo, si yo estoy con usted? Nosotras ya hicimos ayuno, estamos haciendo ceremonias mayas, ¡pida las órdenes de captura!”. Eso fue determinante. ¿Quién se iba a negar?
¿Cómo han reaccionado los militares?
Las asociaciones de militares veteranos siempre creyeron que el caso no iba a prosperar, porque se trataba de violencia sexual. Además, estaban convencidas de que la prueba fundamental está en el análisis físico, por lo que dijeron: “pero si esas mujeres volvieron a tener hijos…”, “¿cómo les van a hacer un examen ginecológico 30 años después?”. Esa es su concepción de cómo se prueban los delitos.
Por otra parte, su estrategia ha sido desvirtuar el proceso. Han dicho que las mujeres eran prostitutas, que nosotros somos lesbianas resentidas, y que lo único que queremos es utilizar a estas mujeres para quedarnos con el dinero de la reparación. Ha sido una perpetuación del machismo.
¿Y los militares en servicio activo?
Ellos no se han manifestado públicamente, pero nos niegan toda la información. Incluso, los detenidos presentaron pruebas que supuestamente les dio el Ministerio de Defensa, pero a las que el Ministerio Público no ha podido acceder. A nosotras no nos entregan información en absoluto y sabemos que los militares destruyeron muchos de los documentos que debían permanecer archivados. Otros papeles están bajo reserva.
¿A dónde esperan llegar con este juicio?
A una sentencia condenatoria que marque un precedente no sólo en cuanto a las penas, sino a la manera como se deben juzgar estos casos. Queremos desechar la idea de que a nivel nacional no se pueden aplicar los convenios internacionales, y esa es una lección que podría dejar el fallo: que cualquier país puede juzgar un crimen de guerra o de lesa humanidad con su ordenamiento interno, independientemente de dónde hayan ocurrido los hechos.
Una sentencia condenatoria también es importante porque sería la primera vez en Guatemala que se priorizarían en un juicio los delitos cometidos contra mujeres en el marco de la guerra; es decir, en la que estos no serían delitos de segunda importancia.
En cuanto a la reparación, lo que quieren las víctimas es recuperar sus territorios, que fueron apropiados ilegalmente por terceros durante el conflicto y que están siendo explotados por grandes proyectos palmeros y de caña de azúcar. Además, ellas buscan que el Estado adopte medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
En esa perspectiva, ¿qué opinión le merece el proceso de paz que adelanta Colombia en La Habana?
Creo que el país tiene una oportunidad histórica de discutir y dejar plasmado este tema en los acuerdos de paz, cosa que Guatemala no hizo. Las guatemaltecas luchamos por los acuerdos, pero en relación a los otros, a nuestros familiares desaparecidos y a la comunidad, no a lo que nosotras vivimos durante el conflicto armado. Eso no puede pasar en Colombia, y no se puede construir paz pasando por encima de los cuerpos y las historias de las víctimas de violencia sexual.
