¿Narco o guerrillero? El lío entre el Gobierno y las Farc por una extradición

El presidente ordenó el envío a Estados Unidos de Segundo Alberto Villota. La defensa dice que sería un incumplimiento al acuerdo de La Habana.

Una resolución firmada por el presidente Juan Manuel Santos el pasado 21 de noviembre tiene muy preocupado a un sector de presos de las Farc. En ese documento, el Gobierno dio vía libre a la extradición de Segundo Alberto Villota, solicitado en Estados Unidos por cinco cargos de narcotráfico. Luego de esa decisión, la Fundación Lazos de Dignidad, que defiende presos políticos, expidió un comunicado en el que aseguró que Villota es integrante de las Farc y que la determinación de Santos es un “incumplimiento al acuerdo final de paz”, en el que se pactó que los miembros de esa guerrilla no serán extraditados.

Por ese motivo, la Fundación le pidió al presidente que revoque la resolución de extradición. Además, le solicitó a los países garantes y acompañantes del proceso de paz que “intervengan” para impedir el envío de Villota a EE.UU. El expediente, sin embargo, genera varios interrogantes.

El caso arrancó en 2012, cuando la embajada de EE.UU. le solicitó a las autoridades colombianas que detuvieran a Villota para que compareciera a juicio por “delitos federales de narcóticos”. Pocos días después, el entonces fiscal Eduardo Montealegre ordenó la captura. Villota fue detenido en Ecuador en septiembre de 2015, en zona fronteriza con Colombia. De inmediato, fue deportado y recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá. Dos meses después, la embajada formalizó su solicitud de extradición.

Un año antes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había incluido a Villota, a su hermano y a otros seis colombianos en la Lista Clinton. De acuerdo con un comunicado del Departamento, los involucrados eran “importantes narcotraficantes y lavadores de dinero” que hacían parte de una organización internacional liderada por un hombre llamado Fernain Rodríguez. Rodríguez, a su vez, “controlaba las operaciones diarias de tráfico de drogas del ciudadano libanés-colombiano Jorge Fadlallah Cheaitelly”, capturado en Costa Rica y extraditado a EE.UU. en 2012.

De acuerdo con la entidad, la red supervisaba la producción, el transporte y la venta de cocaína “a clientes en Colombia, Centroamérica y Norteamérica”, y estaba involucrada con las Farc y con dos carteles mexicanos: el de Sinaloa y el de los Zetas. En 2015, el Departamento dijo que Rodríguez “utilizó a las Farc para proteger laboratorios de cocaína en Colombia y escoltar los cargamentos de drogas”.

Por, presuntamente, hacer parte de esa organización criminal, Villota es requerido en EE.UU. De acuerdo con la embajada, deberá responder por una acusación dictada en el Sur de Florida y por otra proferida en el este de Texas. El pasado 27 de abril, la Corte Suprema de Justicia avaló la solicitud de extradición.

En su decisión, la Corte recordó que el agente especial de la DEA Brian Enzmann declaró que Villota y su hermano Aldemar eran responsables “de distribuir cocaína sabiendo que sería importada a los Estados Unidos”. El agente también dijo que los hermanos operaban laboratorios de cocaína, coordinaban la distribución de la droga y lavaban “millones de dólares de ganancias provenientes del narcotráfico”.

En la acusación proferida en el estado de Texas, el también agente de la DEA Robert Nadeau aseguró que la organización criminal que dirigía Rodríguez, capturado en 2013, “contrató a varios productores para suplir la cocaína de la organización. Uno de tales productores de cocaína era Villota Segura, quien producía la cocaína en laboratorios que él operaba en Colombia. Las pruebas que se descubrieron durante la investigación revelaron que, desde 2008 hasta 2013, Villota Segura produjo cantidades que ascienden a múltiples miles de kilogramos de cocaína para la red de Rodríguez”. El agente declaró que la organización distribuía cada año más de 100 toneladas de cocaína y que usaba “muchas marcas para identificarla”, incluidos el logotipo de la petrolera Texaco, la cabeza de un águila y una corona.

En mayo pasado, luego de que la Corte Suprema avalara el pedido, el presidente Santos concedió la extradición. Para entonces, Villota no era requerido por ninguna autoridad judicial colombiana. La decisión le fue comunicada a sus abogados cuatro meses después.

Rápidamente, en septiembre, la Fundación le pidió al Gobierno revocar la resolución de extradición, alegando que un juzgado de Popayán estaba a punto de condenar a Villota por rebelión, y que los delitos de narcotráfico por los que era solicitado en EE.UU. eran conexos a ese delito político. También dijo que no era “procedente ni políticamente conveniente” enviarlo a ese país, porque hacerlo contradecía lo pactado en La Habana en materia de justicia, que contempla la no extradición de los guerrilleros de las Farc. De acuerdo con la Fundación, Villota cometió esos crímenes “con ocasión y en desarrollo del conflicto armado”.

Pero el Gobierno rechazó los alegatos. En una nueva resolución, Santos dijo que el proceso por rebelión arrancó con una denuncia presentada el 29 de junio, un mes después de que él avalara el pedido. Sobre la militancia de Villota en las Farc, el presidente escribió que no existía ninguna sentencia judicial que así lo acreditara. Además, que el 31 de octubre pasado la Oficina del Alto Comisionado para la Paz informó que “a la fecha no ha recibido listado alguno de parte de los miembros representantes de las Farc reconocidos por el Gobierno Nacional en la que se reconozca la calidad de Segundo Alberto Villota Segura como miembro de dicha agrupación armada”.

Hasta que no entre el vigencia el Acuerdo, las Farc no están obligadas a entregar las listas con los nombres de sus integrantes. Mientras tanto, la Coalición Larga Vida a las Mariposas, de la que hace parte la Fundación, trabaja en la elaboración del censo de los militantes de esa guerrilla que están presos en las cárceles de todo el país.

Sin ningún documento que acreditara la pertenencia de Villota a las Farc, Santos dejó en firme la extradición el 21 de noviembre. No obstante, la Fundación alegó que, cinco días antes de esa decisión, la delegación de paz de las Farc le había entregado a la Oficina del Alto Comisionado un documento en el que consta que él y otras seis personas solicitadas en extradición son integrantes de esa guerrilla. Nadia Triviño, una de las abogadas de la Fundación que representan a Villota, asegura que él hace parte del bloque Caribe y que ha pertenecido a los frentes 35 y 37, que operan en Antioquia, Sucre, Córdoba y el Sur de Bolívar.

De otro lado, un guerrillero de las Farc preso en La Picota le dijo a ¡Pacifista! que “no entendemos por qué (Villota) es tildado como el capo de un cartel. Él es guerrillero de las Farc-Ep, prisionero político”.

Además de pedirle a Santos que revocara la nueva resolución de extradición, la Fundación le solicitó que indultara a Villota por el delito de rebelión, que es por el único que se lo juzga en Colombia. De acuerdo con Triviño, la entidad también pidió el indulto de otros 184 presos de las Farc que cumplen los mismos requisitos de los 30 detenidos que el Gobierno indultó a finales de 2015 como gesto unilateral de paz.

Sin más opciones jurídicas que un recurso de insistencia, la Fundación concluye que el Gobierno incumplió el Acuerdo Final. “Se están desconociendo las garantías pactadas en el Acuerdo”, asegura el comunicado, señalando que en La Habana se pactó “resolver la situación jurídica de los prisioneros vinculados a las FARC-EP y suspender las extradiciones”. La alerta que lanzó la entidad refiriéndose a esos hechos ya fue compartida en Twitter por el representante a la Cámara Alirio Uribe y por el director de Justicia Transicional de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, Daniel Millares. Las Farc, de momento, han manejado el asunto por canales internos.

El tema parece tener dos aristas: o la guerrilla está intentando beneficiar a un narcotraficante con el que tuvo conexiones, o el Gobierno se negó a cumplir el compromiso futuro de no extraditar a los integrantes de las Farc.

En septiembre de 2015, Santos negó la extradición del guerrillero Juan Vicente Carvajal, solicitado en EE.UU. por narcotráfico. En esa oportunidad, el presidente consideró que su envío a ese país era inconveniente en el contexto de los diálogos de La Habana. A diferencia de Villota, Carvajal había sido condenado por rebelión y era reconocido por las autoridades judiciales como un integrante de las Farc.