El 'pajazo mental' del Gobierno de erradicar "a como dé lugar" | ¡PACIFISTA!
El ‘pajazo mental’ del Gobierno de erradicar “a como dé lugar” Ilustración: Juan Ruiz
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El ‘pajazo mental’ del Gobierno de erradicar “a como dé lugar”

José Puentes - Julio 23, 2020

PROYECTO COCA | Colombia está cometiendo errores en la lucha contra el narcotráfico por la presión de no perder el apoyo de Estados Unidos y por demostrar que la actual política antidrogas funciona.

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A principios de febrero de este año y luego de un viaje a Estados Unidos, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo informó que la meta de erradicación de cultivos de coca para 2020 es de 130.000 hectáreas, un 62,5 por ciento más que la cifra fijada para 2019, que fue 80.000. Según el reporte del Gobierno, el año pasado se erradicaron 94.670 hectáreas.

Al anunciar semejante incremento en la meta, el ministro Trujillo anticipó que se “tendrán en cuenta todas las herramientas disponibles”. Eso incluye la erradicación forzada con equipos del Ejército y la Policía y retomar la aspersión aérea con glifosato, algo en lo que ha insistido el gobierno Duque.

La presión del Gobierno por alcanzar o superar la meta de erradicación, para cumplirle a Estados Unidos (el principal financiador de la lucha contra las drogas en Colombia) y para presentar resultados locales que demuestren que la actual política antinarcóticos funciona, ha devenido en errores por acción y omisión bajo una clara premisa: hacer lo que sea para cumplir.

El mismo Donald Trump le ha aumentado esa presión a Colombia en los últimos años: en 2017 amenazó con ‘descertificar’ al país como cooperante de Estados Unidos en la lucha contra las drogas por “no cumplir con sus compromisos” y por el aumento en las hectáreas de cultivos de coca en ese año (pasó de 146.000 hectáreas en 2016 a 171.000 según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito —ONUDC—, la entidad que se encarga de hacerle seguimiento a la erradicación y la sustitución de cultivos de uso ilícito en Colombia); además, en 2018 cuestionó los esfuerzos del gobierno colombiano y de Duque –that nice guy– para enfrentar el narcotráfico.

 

La inflatón

Bueno, ese acorralamiento -el nuevo y el anterior- ya muestra los primeros estragos. Hace unas semanas, la revista Semana publicó un reportaje donde denunció que las cifras que presenta año tras año el Gobierno y ONUDC sobre erradicación estarían alteradas, y expuso las prácticas para inflar los números. “Si el ministro dice que este año hay que erradicar 50.000, a como dé lugar que hay que erradicar 50.000. Ahí está el error, en a como dé lugar”, le dijo una de las fuentes a la revista.

Una de esas prácticas, según el reportaje, es acordar con las comunidades donde hay cultivos de coca solo erradicar una parte de las hectáreas, para evitar enfrentamientos con la Fuerza Pública. Esto le dijo un erradicador que participó en un operativo en el Putumayo a Semana: “La comunidad se emputó porque le iban a erradicar, entonces un teniente (de la Policía) llegó a hablar con la gente. Acordaron que, por cada hectárea, el 25 por ciento se soqueaba (cortar la planta desde la base del tronco) y los mismos campesinos la soquearon. El 25 por ciento se arrancaba y ese era para la foto, para decir que se erradicaron 100 hectáreas”.

Además de las cifras infladas, preocupa la violencia en los operativos de erradicación forzada. El representante de ONUDC en Colombia, Pierre Lapaque, dijo en junio de este año que los operativos adelantados por el Ejército y la Policía tuvieron un impacto en la reducción de los cultivos de coca censados el año pasado. De acuerdo al avance del ‘Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos de 2019’, que prepara esa entidad y que presentó hace un mes, se pasó de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000 en 2019.

 

Erradicación forzada Sardinata Catatumbo
Erradicación forzada en Sardinata, Norte de Santander, durante el 18 de abril de 2020. Foto: Ascamcat

 

Pero varias organizaciones campesinas y sociales vienen denunciando enfrentamientos con la Fuerza Pública y violencia en los operativos de erradicación forzada, que se han incrementado durante la pandemia del Covid-19. Justamente, el lunes de esta semana fue asesinado José Oliver Maya Goyes, un indígena awá de 15 años, en medio de uno de estos operativos en el Putumayo. Y el pasado 3 de julio fue asesinado el campesino Educardo Alemaza en otro operativo adelantado también en ese departamento.

 

Qué dicen otras cifras

El Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional presentó recientemente el informe ‘Erradicación forzada: una política que mata’, donde recopila en una base de datos los incidentes violentos entre la Fuerza Pública y las comunidades de las zonas donde se llevan a cabo los operativos desde 2016 hasta la actualidad.

“Registramos 95 incidentes violentos en 11 departamentos entre 2016 y lo que va de 2020. Norte de Santander, Putumayo, Nariño y Antioquia concentraron el 76 por ciento de los incidentes. 51 ocurrieron en lo que va de 2020; y de esos, el 42 por ciento se dieron desde el inicio del aislamiento obligatorio por la emergencia del Covid-19 (25 de marzo)”, el informe.

El Observatorio también analizó si en los 95 incidentes se usaron armas de fuego o si dejaron heridos y muertos. “En el 20 por ciento se registró el uso de armas de fuego por parte de la Fuerza Pública o de un tercero sin especificar. Adicionalmente, en el 19 por ciento se presentó al menos un herido y en el 6 por ciento se registró al menos un muerto”.

 

No se pronostican cambios

Frente a las denuncias de las organizaciones campesinas y sociales, el ministro Trujillo ha dicho que los operativos de erradicación forzada no se suspenderán durante la pandemia, ya que las actividades del Ejército y la Policía están entre las excepciones de los decretos de Presidencia para atender la emergencia por el Covid-19. Y sobre los incidentes violentos, solo ha comentado que se encuentran en investigación. Una retahíla esperada.

Carlos Negret, el defensor del Pueblo, hizo un llamado el pasado primero de junio pidiendo que la erradicación forzada fuese el último recurso para atender el problema de los cultivos de uso ilícito. “La solución definitiva cuenta con una ruta diseñada en el Acuerdo final de paz, consistente en la sustitución de los cultivos como medida principal y la erradicación como medida subsidiaria, que la Defensoría del Pueblo reconoce como adecuada y ajustada para garantizar los derechos humanos de las poblaciones campesinas cultivadoras”.

La cuestión es que el Gobierno ha hecho oídos sordos a las críticas sobre la erradicación forzada, que continuará pese a la pandemia y a los errores -no solo de ejecución sino de enfoque- que se están cometiendo en la lucha contra las drogas en Colombia. La meta de cumplir “como dé lugar” implica no solo inflar los resultados de la erradicación de cultivos de coca, también la violencia en los operativos y a la larga, una fantasía de cara a la política antidrogas.