Estas masacres, según testimonios de excomandantes paramilitares como alias Don Berna, se desarrollaron con la complicidad de agentes del gobierno.
En el marco de una de las investigaciones en contra de Álvaro Uribe Vélez, la Corte Suprema de Justicia declaró de lesa humanidad las masacres de La Granja, San Roque y El Aro, las cuales fueron perpetradas por grupos paramilitares entre 1996 y 1998, cuando Uribe era gobernador de Antioquia. La Sala Plena de la Corte también declaró de lesa humanidad el homicidio del abogado Jesús María Valle, quien denunció la expansión del paramilitarismo en el norte de Antioquia, principalmente en Ituango. Con estas declaratorias, las investigaciones no podrán ser archivadas y, por el contrario, deberán ser prioritarias, como otras con el mismo estatus, como el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.
Estos procesos en contra de Uribe estaban engavetados desde 2014 y son esenciales para demostrar si el expresidente tuvo alguna relación con los grupos paramilitares. En contra del senador del Centro Democrático existen testimonios de excomandantes paramilitares como los de Diego Fernando Murillo, alias don Berna y Daniel Rendón, alias Don Mario, De acuerdo con varios testimonios, la Hacienda Guacharacas, propiedad de Uribe, fue esencial para la conformación de los grupos paramilitares.
Como lo pidió el Tribunal Superior de Medellín, Uribe también deberá ser investigado por el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos , Jesús María Valle Jaramillo, víctima de la banda La Terraza, responsable del homicidio, reportado el 27 de febrero de 1998. Valle Jaramillo fue uno de los abogados que denunció la arremetida paramilitar en Ituango, Antioquia y quien, antes de ser asesinado, denunció un “acuerdo tácito” entre el comandante de la IV Brigada, general Carlos Alberto Ospina; el comandante de la Policía de Antioquia, Carlos Emilio Gañán; el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez; Pedro Juan Moreno, exsecretario de Gobierno; y Carlos Castaño, comandante paramilitar.
Del asesinato de Jesús María Valle se sabe que el grupo de sicarios “La Terreza” sería el responsable y que, como lo admitiría Don Berna más adelante, los grupos paramilitares orquestaron este y otros asesinatos de investigadores que indagaron sobre el paramilitarismo. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por ambas masacres. Esta investigación también será clave para esclarecer si, como se ha denunciado, los grupos paramilitares despejaron el camino para la construcción de la hidroeléctrica Hidroituango, hoy en emergencia ante un posible colapso.
¿Qué pasó en El Aro?
Sucedió el 22 de octubre de 1997, cuando las Autodefensas comenzaban a consolidarse en Antioquia. Cerca de 150 paramilitares, quienes se hacían llamar los ‘Mochacabezas’, llegaron al corregimiento El Aro, de Ituango y asesinaron a 17 personas. Tomaron el control del territorio durante 17 días, torturando públicamente a las víctimas. A una de ellas la ataron todo el día a un árbol, le sacaron los ojos y el corazón, como lo reportó el Centro Nacional de Memoria Histórica. En medio de la masacre, los paramilitares quemaron 42 de las 60 casas que había en la zona, se robaron más de 1.000 vacas y desplazaron forzosamente a 700 habitantes de la región. Durante la masacre, la Fuerza Pública nunca apareció para combatir a las Autodefensas , tampoco algún representante de la Gobernación de Antioquia, en ese entonces liderada por Álvaro Uribe Vélez.
El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia sobrevoló Ituango durante la masacre. Dijo, además, que el secretario de gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno, sabía de antemano que los paramilitares se iban a tomar El Aro. Este testimonio guarda semejanza con el del exjefe paramilitar Francisco Enrique Villalba, asesinado en 2009. Según él, el helicóptero sobrevoló la zona mientras eran asesinados 15 campesinos. Tanto Santiago (hermano del expresidente) y Álvaro Uribe Vélez –según esa versión, sabían de esta masacre– En julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Nación por fracasar en la protección de los pobladores de El Aro.
Dentro de las exigencias que le hizo la Corte al gobierno está la obligación de investigar a los responsables de la masacre y la reparación y garantía de seguridad para las víctimas. El helicóptero de la Gobernación es clave en toda esta investigación, pues las condiciones topográficas de la zona dificultaban que los paramilitares viajaran a otras zonas por municiones. De hecho, el mismo Mancuso aceptó que él viajó en un helicóptero para apoyar a los paramilitares, tal como se lo ordenó Castaño. En ese helicóptero, según otros testimonios recogidos por la Corte Interamericana, habría viajado Carlos Castaño.
Justamente la presencia paramilitar en Ituango y su supuesto acuerdo con la Fuerza Pública fue denunciada por el abogado Jesús María Valle Jaramillo, oriundo de ese municipio. Estas denuncias, según Don Berna, fueron suficientes para ordenar el asesinato del jurista. El incitador del crimen, de acuerdo con esta versión, fue Pedro Juan Moreno, fallecido en un accidente aéreo en 2006.
¿Qué pasó en La Granja?
El 11 de junio de 1996, cerca de 30 integrantes de la Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), comandadas por los hermanos Castaño, incursionaron en el corregimiento La Granja, en Ituango, Antioquia, histórico bastión de las Farc. Ese día recorrieron el casco urbano, ordenaron cerrar todo el comercio, amenazaron con una limpieza social y asesinaron a cinco personas por tener supuestos nexos con la guerrilla. Los torturaron y los mataron en frente de sus vecinos y familiares. La Fiscalía determinó más adelante que las víctimas no eran colaboradores de la guerrilla sino campesinos. En 2015, la magistrada María Consuelo Rincón ya había solicitado investigar al senador Álvaro Uribe por su “acción u omisión” en el caso de esta masacre. Así lo dijo cuando leyó la sentencia en contra Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, excabecilla paramilitar extraditado a Estados Unidos en 2008.
