OPINIÓN. La historia de una matanza ocurrida en 2012, casi dos décadas después de firmados los acuerdos de paz en ese país, demuestra que crear comisiones de la verdad que no se complementen con sanciones para los victimarios puede ser perjudicial para la democracia.
Por: José Espinosa Restrepo
La balacera dejó 34 muertos y 78 heridos. Todos de raza negra.
4,000 trabajadores de una mina de platino en Marikana, al norte de Johannesburgo, estaban en paro. Pedían mejores condiciones salariales y se enfrentaban no solo a la empresa, Lonmin, sino también al Sindicato Nacional de Mineros, que ya no los representaba. Los líderes del sindicato habían recibido beneficios—pagos, carros—de parte de la empresa y su combatividad se había transformado en complacencia.
Después de tres días de enfrentamientos y protestas, una alianza de la policía, el sindicato y la minera decidió resolver el problema de una vez por todas. 550 policías, 4,000 balas y carros mortuorios con capacidad para transportar 16 cadáveres fueron desplegados. Horas después los carros mortuorios no fueron suficientes. 34 mineros fueron asesinados y 78 quedaron heridos.
La historia de Sudáfrica está plagada de casos como este. Protestas transformadas en balaceras, balaceras transformadas en masacres. Como en ocasiones anteriores, todos los muertos fueron negros. Esta vez, también, los policías plantaron armas en los cadáveres para justificar el ataque. Marikana, sin embargo, fue diferente: esta vez quienes dispararon y quienes dieron las órdenes eran tan negros como los mineros que recibieron las balas.
La masacre no ocurrió durante el apartheid—la política de segregación y dominación racial que estuvo vigente en Sudáfrica por más de 40 años—. Ocurrió el 16 de agosto de 2012, y contó con la venia de Cyril Ramaphosa, un alto líder del Congreso Nacional Africano; el mismo movimiento que combatió el apartheid y el mismo partido por el cual fue elegido Mandela como primer presidente de la democracia en 1994.
Cyril Ramaphosa es vicepresidente de Suráfrica. Además de ser uno de los fundadores del Sindicato Nacional de Mineros, fue uno de los redactores de la nueva Constitución y uno de los héroes del movimiento anti apartheid. Gracias a la ley de empoderamiento económico de los negros—que, entre otras cosas, obliga a que el 25% de las acciones y el 40% de las juntas directivas de empresas sudáfricanas correspondan a personas de raza negra—Ramaphosa se convirtió en un exitoso empresario, hasta el punto de que en 2012, cuando tuvo lugar la masacre, ocupó el #21 en el ranking de Forbes de las personas más ricas de África. En agosto de 2012 hacía parte de la junta directiva y era propietario del 9% de Lonmin , la minera de Marikana.
Existe evidencia que compromete a Ramaphosa en la decisión de desplegar el plan policial que terminó en masacre. Uno de los correos electrónicos muestra que en lugar de aceptar una propuesta de algunos líderes de la protesta para sentarse a negociar sobre las condiciones laborales, el antiguo líder sindical pero todavía héroe anti apartheid defendió la posición de que estos reclamos no eran laborales sino simples connatos criminales y que la respuesta de la empresa y de la policía debía ser por la fuerza.
Cuando tuvo lugar la masacre, el presidente Jacob Zuma creó una Comisión de Investigación para esclarecer los hechos. A pesar de que la Comisión concluyó su trabajo en noviembre, solo hasta el miércoles pasado—en medio del escándalo porque el Gobierno facilitó el escape del dictador sudanés Omar Al-Bashir—el presidente Zuma presentó al público el informe de la Comisión. El informe exoneró a los altos funcionarios involucrados, incluyendo a Ramaphosa, sugirió examinar si la Directora de la Policía debe ser removida del cargo (sí, nunca fue destituida) y ordenó investigar a quienes dispararon. A pesar de que el informe reconoce que la policía actuó por razones políticas, no asigna ninguna responsabilidad a los políticos-empresarios que dieron las órdenes.
Han pasado 21 años desde el fin del apartheid y muchas cosas han cambiado. Sin duda, hoy los negros no enfrentan el mismo tipo de discriminación de otras épocas. Pero muchas otras cosas siguen igual. En varios aspectos, la transición a la democracia significó apenas un cambio en el color de piel de una parte de la élite. De combatir la violencia desproporcionada y la impunidad del gobierno de entonces, los nuevos líderes pasaron a dar esas mismas órdenes violentas y salir impunes.
Durante la transición, Sudáfrica escogió una ruta que le dio prelación a la reconciliación y a la verdad sobre la sanción y la justicia individual. La justicia transicional se concentró en la Comisión de la Verdad, que terminó amnistiando a los responsables. En el ambiente quedó la idea de que la impunidad es algo necesario para la reconciliación y la transición. Tal vez por eso comisiones de investigación como la de Marikana y como la del apartheid, generosas en la verdad pero suaves en la sanción, se han vuelto pan de cada día en Sudáfrica.
La Comisión de la Verdad acordada recientemente por el Gobierno y las Farc apunta en la dirección correcta, pues el acuerdo parcial deja claro que esta comisión será apenas una parte de un sistema más completo, que también incorporaría sanciones individuales. Pero eso no debe quedar en el aire. Un acuerdo de paz en el que tengan que rendir cuentas las élites de la guerra—sin importar si el apellido es Ramaphosa, Márquez, Santos o Uribe— sería entonces no solo una forma de dejar el conflicto atrás sino, además, de construir una democracia más sólida hacia el futuro.
