Los datos provienen del nuevo informe de la Fundación Paz y Reconciliación.
Apenas dieciséis días después de que el Gobierno y las Farc firmaron el acuerdo de paz en el Teatro Colón de Bogotá, las comunidades que habitan en las “zonas rojas” del país denunciaron nuevos episodios de violencia.
En Guaviare, por ejemplo, los habitantes del municipio El Retorno no sintieron la tranquilidad de la paz: un grupo del Clan del Golfo, al mando de Arnuvio Casanova, avanzaba por las veredas Santa Bárbara, Mirolindo El Unilla, La Cristalina, San Lucas, Pueblo Seco, San Miguel y La Reforma.
Y cuatro meses después, el 9 de abril de 2017, el municipio El Retorno sufrió un atentado con un artefacto explosivo instalado en una camioneta que transportaba militares. El atentado causó la muerte de un soldado y heridas graves en cuatro uniformados más. Los hechos fueron atribuidos a la disidencia del Frente Primero de las Farc, liderada por Gentil Duarte.
En mayo, la disidencia emitió un comunicado en que dijo que no aceptaría la presencia de la Fuerza Pública y la declaró objetivo militar.
Las disputas entre Ejército, disidencias y grupos criminales como el Clan Del Golfo (ahora conocido como Autodefensas Gaitanistas) se han presentado, en algunos casos con menor intensidad, en municipios de quince departamentos, además de Guaviare.
Las comunidades antes conocidas como ‘zonas rojas’ han venido denunciando nuevas situaciones de violencia
Así lo reveló la Fundación Paz y Reconciliación en el informe Un año del Acuerdo de Paz, presentado al público el miércoles 22 de noviembre, cuya elaboración dirigió el exguerrillero y hoy líder de opinión León Valencia. Entre los departamentos afectados se encuentran: Antioquia, Arauca, Cauca, Caquetá, Norte de Santander, Córdoba, Meta, Tolima, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Huila, Putumayo, Guainía y Vaupés.
La Fundación Paz y Reconciliación señala que en los 281 municipios en que hacían presencia las Farc y el ELN se presentó un reducción de 400 homicidios entre 2015 y 2016. Hasta ahí estaba claro que se estaban presentando beneficios inmediatos de la paz. Pero la situación comenzó a cambiar y algunos de los municipios, como Tumaco, sufrieron de nuevo un incremento en sus indicadores de violencia.
El 31 de enero de 2017, el país conoció la imagen de los primeros traslados de cerca de 6.800 excombatientes de la guerrilla a las veintiséis zonas veredales.
Con este primer paso a la reincorporación de exguerrilleros a la vida civil quedaba libre 98 por ciento del territorio en que las Farc hicieron presencia durante cinco décadas. Muchas de estas zonas, como sostiene la Paz y Reconciliación, “tienen una alta presencia de economías ilegales y han comenzado a ser copadas por la guerrilla del ELN, estructuras herederas del paramilitarismo como el Clan del Golfo o sencillamente hay un vacío de poder y algunos indicadores de seguridad, como el hurto, han comenzado a aumentar”.
En el transcurso de 2017 empeoró el panorama. En Tumaco se fortalecieron las disidencias de alias Guacho y David y, ante las dificultades del Estado para implementar puntos del acuerdo como el programa de sustitución de cultivos, las zonas quedaron a merced de grupos dedicados al narcotráfico. Y en Tibú, según la OEA, el ELN y el EPL cooptaron territorios utilizados para los cultivos de coca, aumentando incluso los precios de las extorsiones.
Actualmente, los riesgos surgen por la expansión del ELN, los Grupos Armados Organizados (GAO), las disidencias de las Farc y el fenómeno de anarquía criminal en zonas donde la guerrilla antes imponían las reglas.
Esta disputa por territorios antes dominados por las Farc ha hecho difícil que el concepto de paz sea tangible en ciertas regiones. Para la elaboración de este artículo, en ¡Pacifista! hablamos con cinco líderes de zonas en que las manifestaciones de la guerra persisten, a pesar de la paz.
Esto nos contaron.
1. Caquetá: “Faltan aportes para la paz”
Según el estudio de la Fundación Paz y Reconciliación, este es el departamento más afectado por la delincuencia y la “anarquía criminal”.
En Caquetá se presentan de manera constante denuncias de atracos a mano armada en zonas donde antes estaban presentes los frentes 14 y 43 de la columna Teófilo Forero de las Farc. Por ejemplo, desertores del frente 14 operan como un grupo armado en San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá.
“Si bien no se acogieron al proceso de paz, nunca se declararon disidencia ni tampoco plantearon las razones por las cuales se distanciaban del proceso. En este sentido, su accionar se ha limitado a las actividades delictivas”, dice el estudio.
Desde la orilla opuesta también se ha denunciado la presencia de grupos como Nuevo Renacer de las Autodefensas y las Águilas Negras. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en los últimos meses comenzaron a aparecer hombres armados y vestidos de negro amenazando a la población.
Luz Stella Salazar, gestora social en San Vicente del Caguán, nos contó que uno de los mayores problemas ha sido “el aumento de la delincuencia, principalmente en el casco urbano de San Vicente”. Según ella, como la implementación avanza de manera lenta, el vandalismo ha aumentado y hay lugares en que las disidencias siguen activas.
“Lo que más me preocupa es la polarización. No hemos podido superarla y así no se pueden hacer aportes a la paz”, dice.
2. Guaviare: Las disidencias entorpecen la implementación
La disidencia del frente 1 de las Farc era inminente.
Desde mediados de 2016 se venía planteando la posibilidad y, finalmente, a finales de ese año comenzó a operar en el municipio de Miraflores. Alias Mordisco comanda actualmente el frente 1. A esta disidencia se suma la de Gentil Duarte y John 40.
De acuerdo a el informe de la Fundación Paz y Reconciliación, las disidencias de los frentes 1 y 7 se ya se unifican y cuentan con cerca de alrededor de 500 hombres, dedicados a extorsionar y controlar rutas del narcotráfico.
Una de las personas que mejor conoce la situación en el departamento es Carlos Humberto Romero, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal.
“No todo está tan mal”, dice al referirse al primer año de la paz. “Tenemos 7.000 familias inscritas en el plan nacional de sustitución de cultivos. El avance es lento, pero vemos algunos cambios”.
Según él, sin embargo, “el gran problema” es la inseguridad. Las disidencias, dice, permanecen, controlan territorios, imponen sus reglas, cobran vacunas y presionan a los campesinos para que sigan sembrando coca.
3. Tumaco: La paz no ha llegado
Ha sido el municipio que más ha acaparado la atención de los medios.
Su fragilidad quedó expuesta cuando miembros de la Fuerza Pública asesinaron a un grupo de campesinos en el sector de Alto Mira y Frontera. Solo diez días después de la masacre fue asesinado el líder José Jair Cortés, un mediador entre cocaleros y el Gobierno Nacional. Y el pasado domingo 12 de noviembre fue asesinada en frente de su casa Luz Yeni Montaño, líder comunal y religiosa de la zona.
En Tumaco convergen diferentes problemáticas.
Después de 2012, cuando las Farc le ganó los espacios en disputa al Clan del Golfo, las milicias urbanas se unieron a las Farc. La mayoría venían de estructuras criminales y, en consecuencia, como dice el informe, “no hubo ningún tipo de vínculo ideológico entre las Farc y estos grupos, aunque la comunidad y ellos mismos se reconocían como miembros de las Farc”. En el primer semestre de 2017, cerca de 300 combatientes conformaron la estructura criminal Gente de Orden y se ubicaron principalmente en las comunas 2, 4 y 5.
Según la Personería de Tumaco, hasta el pasado junio habían sido desplazadas 107 familias de la cabecera municipal de Tumaco.
Además de Gente del Orden, en el lugar operan las Guerrillas Unidas del Pacífico, integradas por disidentes de las Farc, incluyendo desertores de la zona veredal de Policarpa. Este grupo estaba comandado, según la Fundación Paz y Reconciliación, por alias Don Y, asesinado por las Farc una semana antes de que se firmara el acuerdo de paz en el Teatro Colón. Su hermano, alias David, lo habría relevado.
El padre José Luis Foncillas, integrante de la Comisión de Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Tumaco, nos confirmó que la situación no es la mejor, lo que no quiere decir que no se hayan hecho esfuerzos por transformarla.
“Aquí, durante el último año, más de 700 hombres han dejado las armas. Eso es positivo. El problema es que desde un comienzo se le advirtió al Gobierno que las bandas criminales iban a controlar las zonas donde estaban las Farc. El Gobierno no hizo nada y sucedió lo anunciado: grupos armados usurparon los territorios de las comunidades, obstaculizaron la sustitución de cultivos y ahora controlan el tráfico de droga. Lo triste es que las comunidades, se lo digo con franqueza, sí quieren sustituir sus cultivos”.
4. Putumayo: Días de incertidumbre
Este es uno de los departamentos donde la paz se hizo visible a través de una reducción significativa de homicidios (cincuenta por ciento) y disminución de atentados a la infraestructura.
La sensación se tornó amarga por sucesos recientes como el asesinato de Óscar Arango Palacio, alias Martín, excombatiente del frente 32 de las Farc y quien gozaba de amnistía por parte del Gobierno. El homicidio se registró en el municipio de Puerto Guzmán, donde la Fundación Paz y Reconciliación encontró que se ha presentado un “aumento significativo de anarquía criminal. A su vez, los homicidios en la zona rural han aumentado drásticamente por problemas asociados a riñas, robos y conflictos interpersonales”.
Se le advirtió al Gobierno que las bandas criminales iban a controlar zonas de las Farc, y todo se pondría más difícil
El representante de la Asociación de Usuarios Campesinos en Putumayo (ANUC), Eder Jair Sánchez, dice que en los últimos meses las comunidades y el Ejército han confirmado la salida de quince exguerrilleros de las Farc que se unieron a las disidencias. “Los territorios donde operaban los frentes 32 y 48 están siendo ocupados por diferentes grupos armados. Algunos quieren defender el narcotráfico y el gobierno, por ahora, no ha mostrado capacidad militar para contrarrestarlos”, sostiene.
Algo que ha cambiado, y que no es un tema menor, es la libertad para moverse entre algunos territorios que antes eran objeto de atentados.
“Los atentados a la infraestructura petrolera ya son tema del pasado. Antes daba miedo transitar por el departamento porque de la nada se escuchaban explosiones”, dice Sánchez. Y añade: “El municipio de Puerto Guzmán es donde hay más violencia. No solo mataron a un desmovilizado de las Farc, también a un fiscal de la Junta de Acción Comunal (JAC). El alcalde incluso ha convocado dos consejos de seguridad denunciando que nuevas bandas delincuenciales están cooptando el territorio”.
5. Valle del Río Cimitarra: La lucha de frente contra la paz
La Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra es un lugar de referencia para cientos de comunidades campesinas en el país. Esta zona, además de convertirse en un espacio de resistencia campesina, tiene 184.000 hectáreas que han sido codiciadas por diferentes grupos armados.
La zona comprende cuatro municipios de Antioquia y Bolívar: Yondó, Remedios, Cantagallo y San Pedro. El avance de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) ha sido el principal peligro de la implementación del acuerdo de paz en esta zona de reserva.
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Así grafitearon las calles de Leiva, en Nariño. Foto: Coccam Nariño.
Según la Fundación Paz y Reconciliación, el Clan del Golfo está aliado con un grupo conocido como Héroes del Nordeste (desmovilizados de las AUC) para controlar espacios rurales como Rancho Quemado y Carrizal, donde antes estaban presentes las Farc.
“Se conoce de una guerra abierta entre Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y La Nueva Generación (LNG) por el control del casco urbano que es el que produce la renta en el tráfico de droga. En lo que va de 2017 han circulado tres panfletos firmados por LNG y en uno de ellos advierten que tienen 20 granadas para atentar contra los colaboradores de ACG”, dice el estudio.
En la vereda Panamá Nueve, en el municipio de Remedios, estalló un petardo el pasado 5 de abril. Esta vereda ha sido amenazada por grupos residuales del paramilitarismo. Los habitantes que impulsan procesos de formalización de pequeña minería han sido los principales afectados. En este mismo lugar se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y grupos armados.
Incluso, el asesinato de Hernán Guillermo Villa, un mototaxista de la región, sigue siendo materia de investigación, pues lo asesinaron las Fuerzas Militares y lo presentaron como un integrante del ELN, versión que no coincide con la de la comunidad.
Hablamos con Jenny Cuellar, integrante de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra. Para ella ha sido un año de contrastes. Si bien la implementación de los Acuerdos de La Habana prometía beneficios – principalmente en materia agraria – la situación de seguridad nubló la esperanza. “La implementación de los acuerdos nos ha abierto puertas para mejorar la participación a nivel local y en todos los espacios políticos en general. Sin embargo, a nivel territorial hemos tenido dificultades por temas de seguridad, pues los grupos paramilitares siguen ahí, luchando contra la paz y generando temor en las comunidades”.
Los problemas se han presentado, según Cuellar, en municipios como Yondó, Cantagallo, Remedios y San Pablo: “Hemos tenido dificultades porque los grupos que siempre han estado en desacuerdo con la paz permanecen en esos territorios. Los líderes sociales han sido perseguidos y hostigados por estos grupos. Antes, aunque suene raro, estos líderes podían trabajar con mayor tranquilidad”.
