Colombia tiene varias leyes que tipifican las rutas de protección en caso de violencia contra la mujer. Sin embargo, el papel institucional se queda corto para garantizar su cumplimiento.
“Es mía o de nadie más”, esa fue la frase que dijo la expareja de Jaidanny Isabella García antes de matarla. Al igual que a ella, desde que inició el aislamiento preventivo obligatorio el 25 de marzo, otras 55 mujeres fueron víctimas de feminicidio. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer reportó que en ese periodo se registraron 58.256 llamadas a la línea nacional habilitada para denunciar violencia intrafamiliar. El 90 % de esas llamadas las hicieron mujeres para denunciar violencia física, psicológica, sexual y/o económica.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tuvo lugar el Tribunal Simbólico de Mujeres, una mesa conformada por cuatro Magistradas cuya trayectoria ha estado ligada a la búsqueda de una vida libre de violencias para las mujeres colombianas. Las cuatro juzgaron al Estado colombiano por la fallida implementación de la ley 1257 del 2008, y en ese escenario también aprovecharon para visibilizar la violencia feminicida y transfeminicida que vive el país desde que inició (y antes de) la pandemia.
La Mesa por el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencias publicó el documento ‘La vida de las mujeres, un cuerpo político que exige y reclama justicia’, allí compilaron casos de feminicidios – uno de ellos trasfeminicidio – y una tentativa de feminicidio. Como estos:
– María Angélica Polanco Miranda tenía 38 años, vivía en Barrancabermeja y era contadora pública. Terminó la relación con el padre de uno de sus hijos para entablar su proyecto de vida. Desapareció en julio de este año y apareció muerta en zona rural de su municipio. El Estado dijo que acompañaría a la familia, pero consideran que ha sido solo de palabra.
– Cindy Julieth Morales Salguero vivía en Florencia, en Caquetá, y era administradora de empresas. Jhohan, su ex, la acosaba y la vigilaba por lo que ella pensó en cambiarse de ciudad. Su padre la encontró muerta en su cama, atada y con signos de tortura.
– Leidy Padilla Daza era una mujer trans que vivía en Valledupar. Era estilista y lideresa en temas de mujeres y derechos LGBT. Fue atacada en el mes de julio con un arma blanca por un cliente. Muchos vecinos vieron la pelea y algunos incitaron al homicida para que la violentara. Nadie la auxilió.
– Jaivianny Isabella García Jiménez, de 19 años, era de origen venezolano pero vivía en San Pedro, Sucre, a donde llegó huyendo de la difícil situación en su país. Ella terminó una relación marcada por la violencia y empezó a salir con un joven de su edad. Su expareja la buscó, la llevó a un lugar apartado y la asesinó.
– Rosa Angélica Ramos Lozano nació en Venezuela pero residía en Soacha. La pasó mal por ser una migrante irregular y por las constantes peleas que tenía con su pareja, por eso se separó de él. Estaba embarazada cuando fue asesinada.
– Emily (su nombre fue cambiado por razones de seguridad) decidió separarse de su entonces pareja por la constante violencia que sufría. Avisó del maltrato y le otorgaron una medida de protección provisional. Esa medida fue violada por su agresor quien fue a su casa, la golpeó y le disparó, pero falló el tiro.
“En el mes de marzo, cuando empieza la pandemia, y hasta inicios del mes de abril, ya se habían registrado cuatro feminicidios en Colombia. Es ahí cuando, las mujeres que integramos la Mesa, decimos: debemos hacer algo”, contó Adriana Alquichides, secretaria de la mesa.
La Mesa 1257 es un espacio que agrupa mujeres independientes y organizaciones sociales de mujeres del nivel local, regional y nacional, que tiene como principal objetivo articularlas, en primer lugar, promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, y hacer el seguimiento a la implementación de la Ley 1257 de 2008, que dicta normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.
El tribunal simbólico estuvo integrado por cuatro magistradas: la abogada y coautora de la Ley Rosa Elvira Cely (1761 de 2015), Isabel Agatón, la socióloga feminista con experiencia en violencia contra mujeres afro, Danny Ramírez; la lideresa de Soacha que lucha por la aplicación de la ley 1257 el 2008 en su municipio, Clemencia López; y la experta en el seguimiento a feminicidios a mujeres trans Carolina Gómez Urueta.
Las magistradas denunciaron que hay omisión por parte del Estado en temas de género y violencia contra la mujer. “La impunidad de las violencias tiene que ver no solo con la negligencia judicial sino también con la naturalización de las mismas”, concluyó la magistrada Gómez.
La magistrada Agatón compartió las recomendaciones que el tribunal le hizo al Estado. Todas pidieron, entre otras cosas, que las instituciones actúen con diligencia para averiguar los antecedentes de las violencias que recibieron las mujeres antes de su muerte, aun cuando estos hechos no hayan sido denunciados. También buscan que los entes de poder valoren y reconozcan las condiciones de migrante y la identidad de género de las víctimas, así como de la prevención, la atención de los familiares y las garantías de no repetición.
Sobre el carácter simbólico del tribunal, Alquichides reconoció que es un primer momento y que desde la mesa han conseguido que el Gobierno aplique medidas de protección eficaces. Afirmó que la condena simbólica a la que sometieron al Estado colombiano es un primer paso para visibilizar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el ineficiente rol institucional que hay en Colombia para garantizar que la violencia contra la mujer sea enfrentada con justicia. Como magistradas, desde luego, esperan que lo simbólico transite rápidamente hacia lo real.
