#EDITORIAL | Alfamir Castillo no es la única madre amenazada. Con la apertura del Caso 003 en la JEP, las intimidaciones crecieron. Las víctimas exigen la verdad.
Las madres colombianas de jóvenes ejecutados extrajudicialmente por el Ejército tienen miedo. El viernes 11 de enero, a las 9 p.m., Alfamir Castillo Bermúdez, madre de Darvey Mosquera Castillo, asesinado en febrero de 2008 por el Batallón de contraguerrillas No 57 ‘Mártires de Puerres’, adscrita a la XIII Brigada del Ejército Nacional, sufrió un atentado cuando viajaba en una camioneta – con escoltas – en una zona rural de Pradera, en Valle del Cauca. El vehículo recibió tres impactos de bala. “No me mataron de milagro”, nos dijo después.
Por el asesinato de Darvey han sido condenados cinco soldados y dos tenientes. La lucha de Alfamir ha sido incansable, quiere llegar al fondo del caso. No le ha temblado la voz en las audiencias contra militares, tampoco ha bajado la mirada –nunca– cuando ha visto de cerca generales de alto rango investigados por las ejecuciones extrajudiciales, como Mario Montoya. Montoya era el comandante del Ejército Nacional durante el segundo periodo de Álvaro Uribe Vélez, cuando se destapó el escándalo de los “falsos positivos”.
Alfamir ha asistido a todas las audiencias, ha dado la cara en los tribunales de Bogotá, en los del Valle del Cauca y en los de Manizales, donde vio a su hijo por última vez, tirado en el piso, con señales de tortura, en febrero de 2008.
Antes de que lo mataran, Darvey Mosquera iba a cumplir 24 años. No tenía trabajo y un conocido, quien resultó ser un soldado, le ofreció trabajar reparando tuberías de gas en Pereira. Le prometieron a él y a dos amigos un salario de 60.000 pesos diarios. El resto de la historia ha sido relatada en varias ocasiones: Álex Ramírez, José Didier Marín y Darvey Mosquera fueron trasladaos a Pereira, después a una zona rural, donde en la noche unos militares encapuchados los retuvieron y les dispararon con tiros de gracia. José Didier sobrevivió, logró escapar y contó todo lo que vivieron.
Lo que vino después fue un proceso judicial espinoso en el que Alfamir ha sido protagonista. Sí, es una de las madres más conocidas en la justicia colombiana, no solo porque logró demostrar que su hijo no era un guerrillero, sino porque lleva más de 10 años amenazada, sobreviviendo a diferentes atentados e intimidaciones personales. Todo porque el caso de su hijo ha demostrado que esos asesinatos, los llamados “falsos positivos” fueron crueles, injustos y absurdos. Además, su testimonio desafía constantemente la versión los altos mandos de las Fuerzas Militares.
“Esta lucha sigue porque los responsables, los autores intelectuales del asesinato de mi hijo, no quieren responder ante la justicia”, nos dijo hace unos días, en Bogotá, refugiada, después de sufrir el atentado en su contra.
El asesinato de Darvey es investigado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y está enmarcado en el Caso 003, sobre falsos positivos. En septiembre del año pasado, el general (r) Mario Montoya asistió a la JEP y le dio la cara a las víctimas. No aceptó ninguna responsabilidad y todo el tiempo evitó el contacto visual con madres de jóvenes ejecutados y presentados como guerrilleros.
Alfamir estaba en la sala: “Los magistrados le decían general, le tendieron un tapete rojo. Yo volví a Colombia esperando encontrar justicia y me encuentro con esto, es muy decepcionante”. Montoya debe responderle al menos a 102 víctimas de falsos positivos que llevan procesos en la JEP. Hasta ahora se ha negado a hacerlo.
Es difícil encontrar palabras para describir los últimos días de Alfamir Castillo. No es solo la decepción, sino la desesperanza que crece ahora que intentaron atentar contra su vida. Ella viajaba con escoltas, quienes reaccionaron rápidamente y evitaron que los balazos impactaran en su cuerpo.
Lo peor es que esta no es la primera vez que sucede algo así. Desde 2009 está recibiendo mensajes y panfletos por diferentes medios. El lenguaje de las amenazas ha cambiado, pero el contenido no. Este fue uno de los que recibió antes de entrar a la audiencia de Mario Montoya en la JEP: “Te estamos advirtiendo, no te queremos ver en las audiencias, porque esta vez nuestras amenazas no son en vano. Te tenemos vigilada, sabemos tus movimientos, la orden ya está dada”.
Ahora que en las redes sociales se está hablando sobre lo que pasó 10 años atrás – el popular #10YearsChallenge – deberíamos reflexionar sobre esos ciclos de violencia que se repiten en el país, sobre ese espiral de amenazas contra las madres de los mal llamados ‘falsos positivos’ – no los mataron por error, y por eso es necesario llamar las cosas por su nombre: ejecuciones extrajudiciales –. Es, por decir lo menos, desgarrador que Alfamir nos diga que pensaba que las cosas “estarían un poco mejor” después de la firma del Acuerdo de Paz y que después atenten contra su vida, despojándola, una vez más, de su territorio, de su familia.
En 2009 también amenazaron a las madres de Soacha. Una de ellas, recordemos, fue arrastrada del pelo desde una moto. Otra se encontró con un cinturón militar con púas en la puerta de su casa. Y así en 2010, 2011, 2012, 2013…
La prensa internacional ha recogido varios de esos panfletos. Hace nueve años, de hecho, la BBC le preguntó a María Sanabria, una de las madres, sobre las amenazas: “Ese panfleto decía que a nosotras, las ‘lloronas’, así nos escondamos debajo de la tierra, nos van a encontrar”. En octubre de 2012, por cierto, fue amenazado de muerte el abogado de Alfamir Castillo, Germán Romero.
En días pasados hablamos con dos madres más que han sido amenazadas y que prefirieron no revelar sus nombres. “A mí después de años la JEP me tuvo que dar escolta porque la situación está muy complicada. Gracias a la virgen no ha habido atentados. Hace rato no nos sentíamos tan perseguidas. Yo no sé qué es, pero creo que tiene que ver con que la JEP está escarbando en todo lo que pasó con la muerte de mi segundo hijo”.
Otra madre también nos dijo que le da “gracias a Dios” por su vida y por el escolta que le asignó la JEP. “Eso es algo, por lo menos, para no sentirnos tan inseguras. No sabemos qué va pasar con nuestros casos en esa jurisdicción. La verdad yo le ruego a Dios todos los días que nos proteja”.
Ellas, como Alfamir Castillo, están intentando continuar con sus vidas. Si nos remitimos al caso de Alfamir, podemos hablar de su rol actual como presidenta del Comité de Mujeres de Corteros de Caña en Valle del Cauca, donde trabaja con víctimas del conflicto armado que, como ella, quieren dejar de ser llamadas víctimas.
Quieren seguir con sus vidas, y nosotros, como sociedad civil, tenemos que protegerlas. Quieren creer en “la garantía de no repetición”, esa promesa del Acuerdo de Paz que a veces parece difusa, abstracta. No dejemos que el ciclo de 2009 se repita.
