Al Consejo Comunitario Laureano Narciso sigue esperando a que el Gobierno les restituya su territorio, ocupado hace 30 años. y que decenas de víctimas puedan por fin ser reparadas.
487 kilómetros separan a Bogotá de Calamar, Guaviare. Quien quiera llegar allí, deberá arribar a San José, la capital de este departamento amazónico, y desde ahí recorrer un trayecto de tres horas por carretera destapada (claro está, si no ha llovido). A diez minutos de Calamar está la vereda Puerto Gaviotas, la tierra que llevan en su corazón las 40 personas que componen el Consejo Comunitario Laureano Narciso Moreno, pero también las 160 personas –en su mayoría afrodescendientes– que huyeron en las oleadas de desplazamientos que provocaron las Farc a comienzos de los años noventa, y entre los años 2005 y 2009 en la llamada “retoma del orden” protagonizada por el Ejército.
Ha transcurrido casi media hora desde que me senté a conversar con el líder Laureano Moreno. Mientras lo escucho contar cómo se conformó el primer asentamiento negro del Guaviare, sigo pensando en algo que me dijo minutos antes. “Un día me acosté y pensé: ‘es que aquí han caído amigos, familiares, personas de la comunidad, y la mayoría han sido negros’. Ese día llegué a contar 13 muertos. Luego me reuní con una señora e hicimos cuentas del 88 para acá y llegamos a 28 personas, entonces me dije: ‘acá tenemos que hacer algo’”.
Los ojos de don Laureano se ponen vidriosos. En su mente reposan las imágenes y sonidos de los helicópteros sobrevolando, de las luces de bengala en las noches avisando que “venía una plomacera” y de un día de 1996, en el que la gente se metió en la escuela para protegerse de las balas. El fuego terminó rompiendo las tejas de ese lugar que les había costado tanto construir.
“La situación de orden público se puso muy dura por las fumigaciones a los cultivos de coca y marihuana, sufrimos también por actores armados ilegales, y cuando sube el presidente que aprieta, que fue el doctor Uribe, ahí surgen más desplazados. Pensábamos que después de tantos años de abandono estatal, el Ejército iba llegar a respaldar a la comunidad, pero es que lo de ellos eran hostigamientos y no operativos. Estigmatizaron a todos los de la vereda como guerrilleros”, relata Nelly Murillo, una palmireña y líder afro que vive en Puerto Gaviotas desde hace 24 años.
Laureano Moreno, con 79 años en su espalda, tiene aún la entereza para seguir reclamando una respuesta a su demanda de reparación colectiva y a la solicitud de titulación de los territorios que él, y otras personas provenientes mayoritariamente del Pacífico, colonizaron desde los años 70. En esa época a Puerto Gaviotas se le conocía como Puerto Calvo.
El camino de las solicitudes de esta comunidad frente al Estado no ha sido fácil. Luego de que la Gobernación del Guaviare los reconoció como Consejo Comunitario en el 2013, los “guapitos” –como llaman a los pobladores de Puerto Gaviotas que decidieron no dejar la vereda, inclusive en las temporadas más violentas: a finales de los noventas y la primera década de los años 2000– siguen esperando que el Ministerio del Interior los reconozca como lo que son: un Consejo Comunitario. “Vamos para seis años y todavía no tenemos ninguna esperanza, hemos venido luchando por inscribirlo en el Ministerio del Interior y por cualquier cosa nos devuelven los papeles”, dice Nelly Murillo, enlace municipal de población negra y afrocolombiana de Calamar.
Adicionalmente, en los últimos tres años su demanda de reparación colectiva ha sido negada en dos oportunidades. Y su solicitud de anular una titulación, que se adjudicó en las fincas donde están asentados hace más de tres décadas, tampoco ha prosperado. “Se consterna uno porque vemos es que nos ponen obstáculos y talanqueras. La situación de nosotros los afros no es muy campante que se diga. (Una vez) entramos a la Agencia Nacional de Tierras y en la misma oficina de asuntos étnicos, no vi a afros que trabajen por nosotros”, explica Laureano Moreno.
El origen
Puerto Gaviotas surgió como un asentamiento afro a orillas del río Unilla, en Calamar. “Eran épocas en que la gente iba al Guaviare con la esperanza de conseguir dinero con los cultivos de coca y al tiempo se devolvía. Sin embargo, otros decidieron hacer de esas hectáreas llenas de montaña, su casa. Fue así como en el 97 se nos vino a la mente el formar una asociación con nombre de Negritudes y otras etnias, ya que en la vereda había tres familias indígenas que se congregaban con nosotros y los colonos también”, relata Laureno.
Quizás el motor de aquel hombre nacido en 1931 en Novita, Chocó, como el de los demás pobladores del Consejo Comunitario, es que todos, sin haber nacido en ese departamento, se sienten más guaviarenses que muchos de los nacidos allí. “Salí de Novita a los 16 y pasé 24 años sin volver al Chocó. Del Valle me fui al Meta en el 78, luego me fui a Venezuela, volví al Valle y luego nuevamente al Meta. De allí cogí para Calamar por 15 días y míreme, ya llevo 28 años”, asegura Laureano Moreno, exconcejal durante los noventa, años en los las Farc tuvieron un gran dominio político y militar en esta zona. Pero, también, años en los que la Junta de Acción Comunal de Puerto Gaviotas logró que la vereda contara con servicio sanitario, un kiosko, su propio acueducto, escuela, parque infantil y las mejores fiestas de todo el municipio, como dice Laureano.
Hoy los integrantes del Consejo Comunitario están instalados en la misma finca a la que llegaron hace décadas, pero siguen sin tener un título. Eso les impide ejecutar proyectos en esas tierras y asegurar su sustento económico. “El dueño de esa finca dejó ese terreno para que nosotros estuviéramos allí y nosotros hicimos el trapiche, acueducto, la escuela. Tanto por el Estado como por parte de las viudas del señor, nos hemos quedado sin donde trabajar. El año pasado nos metimos y estamos trabajando allá”, cuenta Laureano.
Hay otro aspecto que preocupa a los habitantes de esta vereda y del municipio de Calamar: la deforestación que, según Laureano, es efecto principalmente de la ganadería. “Con la ganadería la selva sufre porque usted tumba 100 hectáreas, riega pasto y ya tiene ganado. Nosotros éramos municipio verde por excelencia y ahora están llegando algunas personas, por ejemplo, araucanos y santandereanos, que les han dicho o saben que en Calamar una hectárea puede costar millón quinientos o menos, entonces terminan haciéndose hasta a 300 hectáreas”, agrega Nelly Murillo.
De lo mismo se queja el exconcejal Melesio García: “el gobierno no le dice a usted no tumbe ni un árbol porque yo lo subsidio con recursos para que sobreviva. Primero la gente tumba 1 o 2 hectáreas para sembrar coca que acompaña con una vaquita y plátano. Luego esa misma persona vuelve y tumba otras hectáreas que llena con seis terneritas más. Nosotros estando tan pegados a Chiribiquete y el gobierno nunca manda una comisión que nos pregunte usted qué está cultivando”.
Pero quizá su dolor más grande –dolor que, dicho sea de paso, hoy es la motivación de Laureano para mantener la memoria viva de su gente–, es saber que muchas personas aún no han podido retornar a Puerto Gaviotas. “En el Valle de Cauca está la mayor parte que le tocó salir”, dice.
Durante estos años la comunidad de Puerto Gaviotas ha contado con el acompañamiento de organizaciones como el Semillero Colectivo de Estudios sobre Memoria y conflicto, de la Universidad Javeriana, y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), que han sido facilitadores para cristalizar una intención clara: mantener la memoria y el tejido social de los suyos; una memoria que dé cuenta de los años del horror, pero también de su proceso transformador. Esa historia quedó consignada en el libro El vuelo de las Gaviotas*.
Gracias a este libro –dicen don Laureano, Nelly y Melesio– han dejado de ser invisibles. “No descansaremos hasta tener nuestro territorio”, dice Nelly ante un auditorio lleno que los ovaciona en la presentación del informe en Bogotá. Los ‘guapitos siguen’.
* En el 2015 se hizo un convenio entre Consejo Comunitario Laureano Narciso Moreno, de Calamar y la Junta de Acción Comunal de Puerto Gaviotas, con el Centro Nacional de Memoria Histórica, que entró a apoyar la investigación del libro ‘El vuelo de las gaviotas’. Este tipo de convenios se firman en el marco del proyecto del área de pedagogía “Grupos Regionales de Memoria Histórica”, que buscan promocionar la investigación en clave de memoria histórica en universidades del país, procurando tejer puentes entre la comunidad académica y organizaciones de víctimas del conflicto armado.
