Cientos de personas viven un drama humanitario en la frontera por cuenta de las deportaciones ordenadas por el gobierno venezolano.
Parece no haber puntos medios: que la decisión de Nicolás Maduro, de declarar el estado de excepción y con él el destierro de cientos de colombianos, es la de un Gobierno soberano que ejerce autoridad en su territorio. O que, por el contrario, se trata del atropello del chavismo contra cientos de inmigrantes con la intención de crear un enemigo externo, que les permita desviar la atención de sus propios problemas y torcer el resultado desfavorable que ya se avizora en las elecciones de fin de año.
Ambas teorías están sobre la mesa y radicalizan la opinión en Colombia, que se mueve al vaivén de las emociones que genera el drama de cientos de compatriotas saliendo de Venezuela. Romper relaciones, llamar a consultas al embajador, declarar la guerra, utilizar las vías diplomáticas, dialogar, callar. Todos los escenarios se han debatido en Twitter y en otros espacios que se han convertido en la versión ampliada e informal de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.
Los hechos pasan por la violencia y el desarraigo, sin duda, y en el periodismo no ha habido tiempo para la calma. Pocos se han puesto en la tarea de pensar en el cubrimiento de nuestros medios sobre el drama que viven cientos de personas en la frontera entre Colombia y Venezuela y, mucho menos, han parado a preguntarse ¿los medios colombianos siempre le damos el mismo despliegue al despojo y al desplazamiento?
PACIFISTA plantea cinco casos, de muchos más, que servirían para responder a esa pregunta.
La crisis del Upac
En 1999 un fallo de la Corte Constitucional le puso fin al Upac, el régimen que durante 20 años actuó como mecanismo de financiación de vivienda en Colombia. La decisión declaró inconstitucional un asunto complejo pero que, en palabras simples, podría explicarse como la autorización con que contaban las entidades financieras para cobrar intereses sobre los intereses a los deudores de créditos hipotecarios.
Se calcula que cerca de 800.000 familias perdieron sus viviendas por ese mecanismo y organizaciones de usuarios sostienen que más 2.000 mil personas se suicidaron por cuenta de la crisis que los obligó a entregar sus casas a los bancos como forma de pago para saldar sus obligaciones.
Muchos de ellos fueron desalojados pese a que, en números totales, podrían haber pagado cuatro o cinco veces el valor original de sus propiedades.
Los invasores de Villa Café
En mayo de 2015 el Esmad de la Policía desalojó por la fuerza y en un intercambio de gases y piedra a 297 familias que ubicaban en un predio de un sector conocido como Villa Café en el occidente de Medellín.
El lote, propiedad de una empresa ladrillera, había sido invadido por cerca de 1.000 personas que ni con acciones de tutela ni con la toma de una iglesia lograron frenar el desalojo que ordenó la Alcaldía de la capital de Antioquia pese a las denuncias por supuestas violaciones de derechos humanos.
Con sus enseres a sus espaldas y custodiados por la Policía, los habitantes del lugar desocuparon el predio. Las autoridades no permitieron que medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos ingresaran a la zona para acompañar el procedimiento.
La represa de El Quimbo
A finales de febrero de 2012 se publicó un video por Internet que hacía un recuento de los excesos cometidos por la Fuerza Pública en el desarrollo de los operativos de desalojo para la construcción de la represa de El Quimbo, en el departamento de El Huila.
Se tituló “El video que el gobierno colombiano no quiere que veamos” y mostraba las imágenes de los enfrentamientos y de las personas que resultaron heridas durante un enfrentamiento entre habitantes de la ribera del río Magdalena y el Esmad de la Policía.
La difusión que tuvieron esas imágenes, que ilustraban solo uno de muchos desalojos para la construcción de ese proyecto hidroeléctrico, forzó una respuesta del propio presidente Juan Manuel Santos. “Que quede claro que el Gobierno ejercerá el principio de autoridad donde tenga que ejercerlo”, dijo el presidente.
El Cerrejón
Se calcula que el proyecto de explotación carbonífera en El Cerrejón ha forzado el desplazamiento de más de 12 mil personas en cerca de tres décadas.
Uno de los casos más emblemáticos es el del corregimiento de Tabaco, en el municipio de Hatonuevo, Guajira. En 2001 y debido a la negativa de la comunidad a abandonar sus viviendas, 21 predios fueron desalojados por la fuerza.
Pese a los compromisos de reubicar a los pobladores afectados, hasta el momento la empresa minera, las autoridades y la comunidad no han logrado un acuerdo para restituir las viviendas que fueron destruidas.
Bosques de Los Molinos
En enero de 2012 la Policía y autoridades distritales destruyeron 150 viviendas cumpliendo una orden de desalojo en el barrio Bosques de Los Molinos en la localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá.
Las viviendas habían sido construidas en un lote de propiedad mixta y, según explicaron, habían adquirido los espacios para construir sus viviendas pagando entre tres y 10 millones de pesos a urbanizadores piratas.
Aunque las familias que habitaban la zona trataron de explicar que eran compradores de buena fe, sus argumentos no lograron frenar la demolición.
