La minería ilegal, el robo de combustibles y la pobreza hacen parte de las causas de la guerra que se vive en este municipio.
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Tumaco está muy cerca de superar el número de homicidios que se presentaron durante 2016: 125 casos. A corte de septiembre de este año, según Policía Nacional y Medicinal Legal, 120 personas fueron asesinadas en el municipio. Si las dinámicas del conflicto se mantienen, como la masacre que se presentó el jueves pasado, es probable que al finalizar el año Tumaco se se destaque en el país por tener una alta tasa de homicidios. Teniendo en cuenta las últimas cifras es posible decir que, en promedio, cada día pierden la vida cuatro personas.
El incidente entre la Fuerza Pública y la población civil es solo la punta del iceberg de lo que está viviendo Tumaco. Pese a que el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc se está implementando en la zona, el panorama no es el mejor. Los altos índices de desempleo, los grupos armados que operan en la zona y las plantaciones de coca convierten a esta región en una de las más violentas del país. A raíz de la masacre y de la situación compleja que se vive en ese municipio de Nariño, ¡Pacifista! seleccionó algunos hechos y cifras que permiten entender la reciente escalada de la violencia letal en esta zona.
El Paramilitarismo y bandas criminales
Según la Defensoría del Pueblo, desde el año pasado grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Bloque Pacífico Sur han emprendido una fuerte ofensiva con el fin de quedarse con los territorios cocaleros que solían ser controlados por las Farc. En un documento emitido en marzo de este año, la entidad advirtió sobre diferentes amenazas tanto en San Andrés de Tumaco como en Barbacoas.
Adicional a la presencia de organizaciones paramilitares, los habitantes de Tumaco se han enfrentado a amenazas que provienen de bandas delincuenciales. La Defensoría cita, a manera de ejemplo, las ‘advertencias’ que recibió la mesa municipal de víctimas de Tumaco por parte de ‘El Nuevo Grupo’ , una banda criminal que fue identificada por las autoridades en los primeros meses de 2016. Tiempo después, en julio de ese mismo año, los habitantes del corregimiento Llorente denunciaron la llegada de panfletos de una presunta organización sicarial que anunció operaciones de ‘limpieza social’ en la zona.
Durante 2017, habitantes de algunas veredas como Pital de la Costa (Tumaco) han denunciado la presencia de hombres armados, que presuntamente harían parte de un grupo delincuencial conformado por disidentes de las Farc.
La pobreza y la coca
Según cifras del Dane, el 84% de la población de Tumaco vive en situación de pobreza y el desempleo predomina con un 74%. Para muchos habitantes de la región, la coca parece ser la solución. Es así como en abril de este año, los agricultores entraron en paro para manifestarse en contra de la erradicación forzada de los cultivos ilícitos. Esa también fue la causa de las protestas que terminaron en la masacre del pasado jueves.
Pese a que las estadísticas no advierten sobre una correlación directa entre el número de hectáreas sembradas con hoja de coca y los asesinatos, lo cierto es que la violencia homicida en las regiones con más cultivos se inclinó a la alza con un 14%, según información de la Policía Nacional.
La extorsión y el secuestro
El martes pasado, durante el séptimo Congreso Internacional de la lucha contra el secuestro y la extorsión, la Dirección Nacional de la Policía Nacional aseguró que Tumaco es una de las regiones que concentra el mayor número de casos relacionados con ambos flagelos en el país.
Según las cifras entregadas por Medicina Legal, el mayor porcentaje de víctimas de homicidio en el municipio nariñense obedece a comerciantes informales. Tan solo en septiembre de este año, se presentaron siete casos.
La minería ilegal y el robo de crudo
La coca no es el único problema que enfrenta la región. El histórico abandono estatal ha causado una puja entre organizaciones delincuenciales por el control de las zonas de extracción de recursos a través de la minería. Pese a que, según la Defensoría del Pueblo, el municipio más afectado es Barbacoas, San Andrés de Tumaco también ha tenido que enfrentar las consecuencias de ese mal.
Esa entidad asegura que, en el marco del control minero, varios actores ilegales instalan retenes en las carreteras aledañas a los ríos donde se realizan las extracciones. Quien pase por las zonas coptadas podría ser víctima de desaparición forzada, violencia sexual y homicidio.
La Defensoría afirma que el petróleo también amenaza la seguridad en Tumaco. Durante décadas, las Farc fueron las principales responsables de los delitos relacionados con el robo de crudo. No obstante, tras el tránsito de esa guerrilla a la vida civil, esa clase de hurto pasó a disputarse entre los nuevos actores armados que están entrando a Tumaco, hecho que pone en riesgo la vida de la población.
En julio de este año, la Policía reportó 381 capturas por hechos relacionados con el robo de combustibles. El caso más reciente se presentó justamente en Tumaco, donde la Policía Nacional intervino una refinería ilegal que operaba a través de hidrocarburos extraídos del Oleoducto Transandino.
Los dirigentes sociales: en riesgo inminente
Para los tumaqueños, el asesinato de sus líderes no es un tema reciente. Tras el inicio de la implementación de lo pactado en La Habana, la Defensoría del Pueblo ha hecho diferentes llamados a la protección de líderes sociales en el municipio. Uno de esos llamados se dio tras el homicidio de Víctor Castillo, quien fue asesinado el pasado 25 de mayo tras haber denunciado una serie de amenazas en su contra.
En ese momento, Carlos Alfonso Negret, Defensor del Pueblo, pidió a las autoridades iniciar un proceso de investigación, además de dar celeridad a los procesos de prevención del homicidio a los dirigentes sociales en Nariño.
Negret denunció que, pese a que la Unidad Nacional de Protección estaba enterada de las amenazas recibidas por Castillo, esa entidad no consideró que el riesgo fuera alto, así que se limitó a entregarle un chaleco antibalas y una suma de dinero para su reubicación. La Defensoría del Pueblo también advirtió en junio de este año que 15 organizaciones de derechos humanos están en riesgo y que, en 10 municipios de Nariño –incluyendo a Tumaco– se han presentado agresiones en contra de dirigentes sindicales.
