Los confusos hechos ocurridos antes del paro del 21N en Colombia | ¡PACIFISTA!
Los confusos hechos ocurridos antes del paro del 21N en Colombia Un vigilante mira el paso de una marcha en Medellín. Archivo
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Los confusos hechos ocurridos antes del paro del 21N en Colombia

Colaborador ¡Pacifista! - Noviembre 21, 2019

América Latina vive días de agitación social y Colombia no es la excepción. Este jueves se realiza un paro nacional que ha estado precedido por una serie de acciones de las autoridades, las cuales han generado confusión y miedo entre los ciudadanos.

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Por: La Liga Contra el Silencio

Antes de que Guillermo Botero se posesionara como Ministro de Defensa ya había propuesto una regulación de la protesta social que prendió las alarmas en el país. Dos semanas después de renunciar al cargo, los allanamientos de las autoridades a sedes de colectivos sociales, la intimidación a medios y las campañas del Gobierno para rechazar una violencia que no ha ocurrido, atemorizan a los ciudadanos antes de que estos se manifiesten.

Sin embargo, en mayo de 2019, DeJusticia publicó el informe ‘Elogio a la bulla: Protesta y democracia en Colombia’ donde concluyó, entre otras cosas, que el país ya tiene “un sistema judicial que instrumentaliza el derecho penal para desincentivar la movilización social”. La publicación indica que otros factores para desincentivar la protesta son “la contención normativa, la contención policial y la contención mediática”.  

Así, a pesar de que la ley para reglamentar la protesta que quería Botero no existe, el gobierno del presidente Iván Duque ha logrado ponerle condiciones al paro de este 21 de noviembre, hasta el punto de que la prevención se ha instalado entre muchos y otros tantos evalúan desistir de salir a las calles. 

Los vándalos del futuro

En el Congreso de los Pueblos, plataforma que reúne a decenas de organizaciones sociales, étnicas y campesinas del país, mantuvieron alertas a todos sus integrantes para acompañarse y asesorarse entre sí ante cualquier incidente que se pudiera presentar durante la preparación del paro. Aun así, Olimpo Cárdenas Delgado, responsable del Equipo Nacional de DDHH y Paz de esa organización, le dijo a La Liga Contra el Silencio: “nosotros no esperábamos que se fuera a producir una reacción violenta de tal magnitud, como la que se presentó ayer”.

Se refiere al registro y allanamiento que la Policía ejecutó a las 6 a.m. del 19 de noviembre a las casas en donde dos integrantes de Ciudad en Movimiento –una expresión de la plataforma– viven con sus familiares. Les incautaron sus celulares personales y los de sus familias, así como cámaras fotográficas, memorias, sus computadores portátiles, discos duros, banderines, afiches y volantes alusivos a la manifestación. Los jóvenes y sus parientes están recibiendo asistencia psicosocial y jurídica tras la irrupción.

El mismo día, pero a las 7:30 a.m., unos doce miembros de la Policía arribaron a la sede de la revista Cartel Urbano, medio que lleva quince años dando a conocer expresiones artísticas y culturales alternativas. Portaban una orden de allanamiento que hicieron efectiva. Juan David Arenas, director del medio, contó que según les explicaron, “hay unas denuncias anónimas de una persona vinculada a la Universidad Pedagógica en la que indica que en las instalaciones de Cartel Urbano puede haber material explosivo y armas relacionadas con grupos terroristas”.

Oficinas del medio Cartel Urbano en Bogotá. | La Liga Contra el Silencio

 

Tras el operativo, que terminó sin ningún hallazgo o incautación, Arenas le dijo a La Liga Contra el Silencio que están asesorándose con la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y organizaciones de abogados para poder proceder con  acciones de otro tipo. Es el primer caso de una diligencia de esta naturaleza en contra de un medio en Colombia, previo al paro.

Yo pienso que este accionar de intimidación, de persecución y de opresión a organizaciones culturales y sociales obedecen a prácticas de un régimen autoritario”, aseguró Arenas.

Estos hechos hacen parte de las 27 diligencias que adelantó el mismo día la Policía Metropolitana de Bogotá en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Según dijeron a diferente medios de comunicación al día siguiente, el objetivo era identificar a los ciudadanos que en protestas anteriores generaron hechos de vandalismo y terrorismo en la ciudad. Como resultado de esta operación exhibieron pólvora, aluminio y una granada lacrimógena, además de dos capturas.

Según el fiscal encargado, Fabio Espitia, estos allanamientos no tienen nada que ver con el paro del 21 de noviembre. Tal como lo explicó la directora seccional de fiscalías de Bogotá, Carmen Torres, estos resultaron de las labores de inteligencia de meses atrás y un informe dispendioso de la Policía Judicial. A pesar de ello, en el video de la intervención en la sede de la revista Cartel Urbano se escucha a los uniformados preguntar directamente por material alusivo a dichas manifestaciones.

Terminados los operativos, solo una de las capturas pudo ser legalizada mientras que Andrés Felipe Palacio, alias ‘Chiqui’, fue dejado en libertad en los juzgados de Paloquemao, porque no hubo los elementos suficientes para judicializarlo.

Además de este operativo ad portas de la movilización, la policía protagonizó otra situación problemática al enviar, desde la Jefatura del Centro Cibernético Policial, una carta a la revista Cerosetenta –medio digital de la Universidad de los Andes– en la que se lee: “me permito solicitar se estudie la posibilidad de eliminar el contenido de la siguiente url”, seguido del link donde se aloja la publicación titulada Manual 070 de autoprotección contra el ESMAD.

Alejandro Gómez Dugand, director de la revista, explica así el contenido de la comunicación: “es una nota para justamente evitar confrontaciones violentas y saber autoprotegerse, y sugiere justamente no dejarse provocar, alejarse de los focos de violencia y este tipo de situaciones”. 

“Todas estas agresiones, crean un ambiente de miedo y censura entre los medios de comunicación y colectivos que hacen uso de su libertad de expresión para informar u opinar sobre asuntos de interés público”, alertó la Flip en un comunicado.

Imagen del Manual de autoprotección contra el ESMAD publicado por la revista digital Cerosetenta.

 

Esa organización se reunió este 20 de noviembre con el equipo de derechos humanos de la Policía Metropolitana. Según la abogada de la Flip, Luisa Isaza, en la cita los representantes de esa fuerza no emitieron ningún juicio sobre el caso de Cerosetenta, pero manifestaron que revisarían el sustento de la misiva y de ser necesario recordarían a los funcionarios el deber que tienen de proteger la libertad de expresión.

El mensaje entre líneas

Catalina Botero, decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Los Andes, expresó a La Liga su preocupación por el accionar de la fuerza policial. En relación a la carta que sugiere “eliminar” un contenido de Cerosetenta, Botero recuerda que “aunque a la policía le parezca ofensivo un contenido tiene la obligación de proteger a los ciudadanos críticos que en ningún momento están llamando a desobedecer a ninguna autoridad”. 

Con relación a las operaciones contra el medio Cartel Urbano y los colectivos culturales y sociales, como el Congreso de los Pueblos, Botero dice: “no entiendo cómo pretende ser justificado. ¿La autoridad está afectando a colectivos sociales porque consideran que haber estado en el pasado en una marcha es motivo de sospecha? Si esa es la razón, es muy peligroso”. Sostiene que “es una lógica perversa que viola la libertad de expresión, la libertad a manifestarse, la libertad a la protesta social”.

Los allanamientos a colectivos y las intimidaciones a periodistas no son las únicas estrategias de la fuerza pública que afectan a los ciudadanos antes de las manifestaciones. En Medellín, un día antes usuarios de redes sociales publicaron imágenes de un desfile de decenas de motorizados de la policía metropolitana que se desplegaron por distintas zonas de la ciudad sin motivo aparente. La Secretaría de Seguridad le contó al portal informativo Minuto 30 que esto hizo parte de una una actividad preventiva con los refuerzos de la policía

Los habitantes ya se habían alarmado cuando el Metro de Medellín interrumpió su operación el 19 de noviembre por una maleta sospechosa que resultó ser una falsa alarma, pero que promovió la vinculación de la protesta de este jueves con posibles ataques a este medio de transporte masivo.

En las calles del centro de Bogotá existe presencia reforzada de policías y soldados. Autoridades policiales informaron que la marcha será vigilada por drones y que quienes causen desmanes serán identificados desde un helicóptero vía reconocimiento facial. El helicóptero inició sobrevuelos de la ciudad mucho antes de la protesta y trabaja 24 horas al día.

En medio de este clima previo a las manifestaciones, la abogada Botero, quien fue relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considera que “se pretende cultivar el efecto del miedo, la inhibición. Sino fuera por las torturas, sería como el régimen de (Julio César) Turbay”.

La mano negra

No solo la fuerza pública ha sido protagonista de hechos desafortunados en los últimos días. Otros actores no identificados han respondido a la estigmatización con ataques en contra de los que cuestionan el accionar de las instituciones.

Lo que vivieron los estudiantes de la Universidad de Cauca el 19 de noviembre, por ejemplo, fue más allá de la sorpresa y esparció el terror entre la comunidad universitaria. Recibieron un correo electrónico firmado por ‘Limpieza Social Civil Militar de Colombia’ en el que hablaban de una bomba instalada en el centro de las instalaciones del claustro. En el mensaje se lee: “dejaremos un gran cráter en el corazón de los caucanos (sic) el cual será llenado con los cuerpos de jóvenes valientes pero equivocados”.

Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Electrónica llamaron a la calma y mantuvieron su consigna de salir a la movilización del 21 de noviembre. Más tarde se supo que este panfleto digital fue falsa alarma, pero esa noche varios de los alumnos se congregaron alrededor de las instalaciones de la facultad en manifestación de paz.

Además, los webmasters de los portales periodísticos de Cartel Urbano y Cerosetenta confirmaron ataques maliciosos a través de bots y de multiplicación de tráfico, que provocaron la caída o intermitencia de los mismos.

La Fundación para la Libertad de Prensa expresa su preocupación por este tipo de hechos que afectan el funcionamiento de los medios de comunicación y exhorta a las autoridades a investigar lo sucedido y sancionar a los responsables”, señala un comunicado.

No hay indicios de la procedencia de estas agresiones que aún son materia de investigación.

Los mensajes masivos que nadie pidió

Sumado a este ambiente confuso previo al paro del 21 de noviembre en Colombia, usuarios de Claro, el más grande operador de telefonía móvil de Colombia, se quejaron en las redes sociales del envío de un mensaje de texto de corte político desde el mismo número que reciben información comercial y publicitaria de la empresa.

“#ConstruirNoDestruir La protesta pacífica es un derecho de todos, no permitamos que violentos afecten el derecho a manifestarnos libremente, Gobierno de Colombia”, señala el SMS que abrió interrogantes sobre si el gobierno de Iván Duque- como va firmado el mensaje- está detrás de la operación, cuánto pagó por ello y, por otro lado, sobre cómo se están usando los datos personales de la base de datos de Claro.

Captura de pantalla recibida un día antes del paro del 21 de noviembre por una usuaria de Claro.

 

Una funcionaria de esa compañía, que no puede ser identificada por no estar autorizada a dar declaraciones a la prensa, dijo que el tema está en análisis y que no emitirán pronunciamientos de inmediato. Aunque la compañía operadora -que suma 29,7 millones de abonados- no se refirió al hecho públicamente, sí lo hizo a través de mensajes directos en Twitter a usuarios que pidieron explicaciones y que se quejaban de no haber autorizado el envío de ese tipo de comunicaciones.

A través de @ClaroTeAyuda, el canal de servicio al cliente, un agente negó la responsabilidad de la empresa a la consulta de un usuario: “Lamento mucho tu inconformidad, te cuento que Claro no está generando el envío de dichos mensajes que estás recibiendo”. Anticipó que la compañía enviará “un mensaje informativo” para “brindar explicación al respecto”. Hasta el cierre de este artículo no hubo explicaciones.

Usuarios de otras operadoras como Movistar y Tigo también reportaron que recibieron el mismo mensaje.

El caso recuerda lo ocurrido hace pocas semanas en España, donde 1,2 millones de ciudadanos recibieron un SMS de Pablo Casado, candidato por el Partido Popular, en el que pedía el voto poco antes de las elecciones generales. Se conoció luego que la información provenía de una empresa que vende bases de datos y gestiona servicios de envío.

Carolina Botero, directora de la organización Karisma, que promueve los derechos humanos en el mundo digital, señala que el episodio en Colombia merece explicaciones.

Es necesario investigar “bajo qué contexto se hizo el uso de la base de datos de Claro para un tema como este y si la gente autorizó o no” el uso de su información personal. “La Ley de Protección de Datos en Colombia -y eso es un derecho constitucional- le permite a las personas preguntar sobre el tratamiento de datos que se hace con su información. Existe una legislación y la gente puede reclamar y Claro tiene que responder a los usuarios”.

Otro camino es interponer una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura de Protección de Datos. Esa entidad no se pronunció sobre si ha recibido quejas o si abrirá una investigación.

“Sea Claro o cualquier otra empresa, lo que esto demuestra es que ya hay una conciencia en Colombia sobre la responsabilidad en torno al uso de datos (…) El hecho de que la gente haya reaccionado tan rápido a esto significa que está entendiendo qué significa una base de datos, qué significa que su información se encuentre en una base de datos y que cualquiera la use. Para mí eso es importante porque va a hacer cambiar la cultura tan relajada que existe en Colombia sobre el uso de estas bases de datos”.

Convulsión social

Frente al comportamiento del Gobierno previo a la manifestación ciudadana hay todo tipo de reacciones. Entre quienes siguen promoviendo el paro circula una idea de que éste puede ser infiltrado, lo que justificaría el accionar de las fuerzas represivas del ESMAD o las medidas prohibitivas del gobernante local. 

A pocas horas de las protestas, Olimpo Cárdenas, del Congreso de los Pueblos, cuestiona el clima de división que se ha intentado generar entre los manifestantes, calificando a unos de pacíficos y a otros de violentos. Por eso dice: “no queremos caer en el juego de que hay unos que protestan bonito y otros que protestan feo… unos que son los malos porque pintan una pared y los otros son buenos porque protegen a la policía cuando alguien les tira una piedra”.

Bandera del Congreso de los Pueblos, una de las organizaciones que participa en las protestas del 21N. Uno de los colectivos que la integran fue objeto de anallamientos previo al paro . Archivo.

 

Cuenta que los integrantes de su movimiento tienen miedo y dolor por los allanamientos, pero que no le dirán a las demás organizaciones cómo deben expresar sus reclamos. Planean una marcha “llena de colorido, energía y alegría”, en la que contarán con presencia campesina, indígena y afro y con consignas, pancartas y lemas para rechazar el asesinato de líderes sociales. 

Las protestas llegan a Colombia antecedidas de manifestaciones regionales contra gobiernos de todo el espectro político. Durante 12 días, a inicios de octubre, Ecuador registró concentraciones y marchas lideradas por los indígenas contra el aumento del precio de los combustibles y la política económica. En Chile los ciudadanos llevan un mes en las calles, en las protestas más significativas desde el fin de la dictadura en 1990. Todo empezó con el rechazo al incremento del pasaje del metro y se expandió por el descontento social y la desigualdad creciente, en medio de actos violentos, saqueos y denuncias de una fuerte represión de la fuerza pública. Bolivia también experimenta convulsión social. Tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre, sectores de oposición protestaron contra el gobierno de Evo Morales y tras su renuncia, sus simpatizantes no han dejado de protestar contra el nuevo gobierno al que acusan de ser fruto de un “golpe de Estado”.