Los campesinos, la otra cara de la persecución a “Otoniel”
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Los campesinos, la otra cara de la persecución a “Otoniel”

Juan David Ortíz Franco - Marzo 27, 2015

113 familias salieron de sus veredas en Turbo, Antioquia, y llegaron a un albergue improvisado en un pueblo vecino. Tienen miedo de los helicópteros, la metralla y las requisas. No tienen una vida normal y están cansados. ¿La razón? El hombre más buscado de Colombia está escondido en su zona.

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Los campesinos denuncian atropellos por parte de los militares encargados de capturar a “Otoniel”. Foto por Víctor Morales

 

“Que quede claro que no estamos en contra de los operativos. Pueden seguir dos meses, tres meses o un año, pero que nos dejen a nuestros campesinos quietos, que dejen a mi comunidad tranquila, que la dejen trabajar en paz en su campo, que los dejen tener sus animales, que los dejen producir. Si esto sigue, toda la comunidad se va a desplazar y les dejamos casa por casa desocupada para que busquen a ese tal ‘Otoniel’”.

Así habla Nelly Janneth Palencia, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Nueva Antioquia, un corregimiento de poco menos de ocho mil habitantes en jusrisdicción del municipio de Turbo, Urabá antioqueño. Pero la líder no está en su comunidad, junto a otras 113 familias, se desplazó hasta la cabecera urbana de Currulao, otro corregimiento del mismo municipio. La razón es, dice ella, denunciar los atropellos y los riesgos que enfrentan en sus territorios por cuenta de la persecución de la Policía a Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, máximo jefe de “Los Urabeños” o del “Clan Úsuga”, como se le llama ahora, luego de que el año anterior, en un acto de campaña, el entonces candidato presidente Juan Manuel Santos ordenara al director General de la Policía cambiar el nombre de esa organización para no estigmatizar a los urabaenses.

Los relatos de los campesinos que abandonaron sus fincas el pasado domingo 22 de marzo dan cuenta del impacto que han tenido esos operativos en sus comunidades. “La presión es porque están buscando a ese señor. Pero están encima de los campesinos injustamente y haciéndoles interrogaciones, preguntándoles dónde están esos delincuentes. La presión ha sido tan grande que decidimos salir de nuestras veredas”, cuenta una de las campesinas que junto a Palencia permanece en un albergue temporal en Currulao.

Los niños, según dicen, han sido las principales víctimas. A la suspensión de las clases o al temor de que se desplacen hasta las escuelas, se suma que, según la versión de las comunidades, la Policía los ha utilizado para tratar de obtener información. “Ellos están involucrando a los niños, les preguntan si saben dónde viven los paracos”, dice la líder.

Otro campesino, padre de una niña de ocho años, recuerda el temor de su hija cada vez que escucha el sonido de los helicópteros que utilizan las autoridades para tratar de encontrar a quien, por estos días, es el narcotraficante más buscado de Colombia. “Apenas oye los helicópteros pregunta si nos van a tirar. Ella quedó traumatizada porque un día, hace como dos semanas, pasaron rafagueando. Nos da miedo porque escuchamos otra vez eso y uno se siente inseguro”.

Y es que la búsqueda, que lleva varios meses, se intensificó en febrero y mucho más hace una semana cuando el presidente Santos, de visita en la zona, aumentó a $1.500 millones de pesos la recompensa por información que permita la captura de “Otoniel”. Ese hombre, según información de inteligencia, se resguarda en pequeñas viviendas y, para evitar ser detectado, se desplaza con frecuencia en la zona rural de por lo menos ocho municipios entre Antioquia y Chocó.

Según datos de la Policía, son cerca de 1.200 los uniformados que participan en los operativos en un despliegue que ha generado, en la prensa internacional, titulares como “Otoniel, el narco colombiano al que buscan más hombres que a Pablo Escobar”. A ellos se suman otros mil integrantes del Ejército que apoyan las actividades que son coordinadas por cuatro generales del nivel central.

Pero más allá de las cifras que dan cuenta de las dimensiones de los operativos, los campesinos resguardados en Currulao esperan que la presencia de las fuerzas especiales de la Policía no siga trastornando sus vidas. “Uno como campesino, como está en el campo, siempre hace sus mercaditos buenos para no estar saliendo cado ocho o cada 15 días, donde nosotros salimos a mercar queda a casi cuatro horas. Uno merca y ellos le dicen a uno, ‘usted está mercando para los paracos’. Nos dicen que tenemos a fulano de tal guardado allá y yo a ese señor ni lo conozco. La presión es dura por la vaina de la comida, le bajan el mercadito del mulo que uno tenga y cogen y se lo tiran ahí y comienzan a patearlo”, dice otro campesino.

Ángela María Hernández es la directora territorial de la Unidad de Víctimas en Urabá y el Darién, una de las instituciones que ha estado al tanto de la situación generada por la llegada de las familias campesinas a Currulao. Dice que, según las declaraciones que han entregado los líderes a esa unidad, su salida de las veredas fue voluntaria y no obedece a una amenaza de ninguno de los bandos. Afirma que el caso no puede calificarse como un desplazamiento: “Yo, en cabeza de la unidad, no puedo decir si es o no un desplazamiento, pero lo que está claro es que se trata de una emergencia que debemos atender. Ellos se sienten en riesgo, tienen temor por los operativos y por eso vinieron a Currulao para que los escucháramos”.

También dice que la Policía ha estado dispuesta a recibir las denuncias los campesinos y que el comando de esa institución en Urabá designó a un funcionario para recibir las quejas. Sin embargo, como explica William González, defensor del Pueblo Seccional, las posibilidades de las autoridades de la zona son limitadas. “Como es un tema de alto nivel y esta es una operación nacional, se nos escapa a nosotros del nivel regional”.

Por esa razón, dice González, el papel de la Defensoría, tal y como ocurre con la Unidad de Víctimas, es atender la situación humanitaria de las familias campesinas, escuchar las quejas y poner el caso en conocimiento de las autoridades centrales para que sea en Bogotá donde se discutan posibles soluciones frente al impacto de los operativos.

Hace una semana, el presidente Santos, aumentó a $1.500 millones de pesos la recompensa por información que permita la captura de “Otoniel”.

En Unguía Otoniel no tiene nombre

Aunque la salida masiva de los campesinos de Nueva Antioquia y los poblados cercanos encendió las alarmas de las autoridades y activó los protocolos de atención, en los otros ocho municipios donde se concentran los operativos persiste el temor, pese a que la intensidad de la búsqueda sea menor. Unguía, en el Darién chocoano, es uno de ellos.

“Aquí nombres de personas que estén metidas en ese cuento nadie los menciona por miedo. Lo que pasa es que nosotros hemos sido muy golpeados por todo esto y ni siquiera queremos escuchar el apodo de ese señor”, dijo una habitante de la zona en una conversación telefónica en la que nunca se pronunció la palabra “Otoniel”.

Según los registros de la Unidad de Víctimas, en las últimas semanas, 14 familias se desplazaron de la zona rural a la cabecera urbana de Unguía, la razón: los operativos y la presión de las fuerzas especiales de la Policía que también hacen presencia en la zona.

“Anoche, tipo 11:00 o 12:00, nos asustamos mucho porque esos helicópteros siguen sobrevolando y pasaron muy bajito. La gente está como nerviosa, ya no quiere ir al monte porque hay muchos a los que han maltratado”, cuenta otro residente de Unguía.

Sin embargo, la situación hoy parece haber menguado en comparación con lo que ocurrió hace cerca de un mes cuando, según testigos, desde la cabecera urbana se escucharon los sobrevuelos que en esa oportunidad estuvieron acompañados por disparos y detonaciones en la zona limítrofe con Panamá.

Esas acciones, según fuentes de la Policía de Urabá, estaban dirigidas contra laboratorios y campamentos de “los Úsuga” en la zona de frontera. Sin embargo, la mayor parte de los esfuerzos se concentra en Nueva Antioquia y sus alrededores, zona donde, según la información de inteligencia, estaría el resguardo actual de alias “Otoniel”.

Así las cosas, el panorama para las familias campesinas que permanecen en Currulao parece no estar muy claro. El jueves fracasó una comisión de autoridades locales y organismos internacionales que se desplazaría a la zona para verificar las denuncias. Por lo pronto, los campesinos sobreviven con las ayudas humanitarias que han recibido y esperan que la cacería termine para regresar a sus territorios. “Sí señor general – dice la líder Palencia- un poquito de respeto que aquí no hay ningunos paramilitares, somos neutrales, no somos gente delincuente. Aquí lo que habemos es gente honrada y trabajadora”.