Los bosques, otras víctimas por reparar en el posconflicto

Cerca de 300 mil hectáreas, casi dos veces el área total del departamento del Quindío, se pierden anualmente en Colombia. La incidencia del conflicto y las actividades forestales son las principales causas de la tragedia ambiental. Hablamos con los líderes de las comunidades afectadas.

Por Camila Tovar

Casi  la mitad del territorio colombiano está cubierto por bosques naturales. Se estiman aproximadamente 50 millones de hectáreas de bosques vírgenes, 8 millones de hectáreas de vegetación secundaria y 490 mil de bosques plantados. En suma, cuenta con el 12% de riqueza vegetal en el planeta.

El 45,7% del área boscosa del país está habitada por resguardos indígenas (39%), grupos campesinos (0,5%) y comunidades afrocolombianas (6,2 %). Poblaciones que, en buena medida, están asediadas por la pobreza, el conflicto armado y el abuso de las grandes empresas del sector maderable.

Por ejemplo, de 2000 a 2014, Arauca, Caquetá, Meta, Guaviare, Nariño, Chocó, Norte de Santander y Putumayo presentaron altos niveles de deforestación. Según informes del Ministerio de Ambiente, la ganadería usa casi cinco veces lo que debería y se subutiliza el suelo forestal de producción. Un informe del IDEAM de 2014 anunció que la pérdida de zonas boscosas fue de aproximadamente 300 mil hectáreas, casi dos veces el área total del departamento del Quindío. Asimismo, afirmó que anualmente más de 68 mil metros cúbicos de madera son extraídos ilegalmente.

Las regiones en riesgo

La cuenca del río Atrato ha sido una de las zonas más afectadas por la explotación forestal ilegal y al abuso de la vocación del suelo. En 2014, la Defensoría del Pueblo señaló que los bosques más afectados en este territorio son los guandales y los cativales. También identificó el envilecimiento de los humedales Salaquí, Cacarica y Curbaradó debido a esta práctica.

La comunidad de esta región presentó una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a principios de 2015. Según cuenta la periodista Ángela María Cuevas de El Espectador, por lo menos 7.500 afrodescendientes le pidieron al Gobierno que se ocupara del desastre ambiental en el Chocó, causado por la tala indiscriminada de árboles y la minería ilegal.

Roque Rentería Cuesta, de la organización COCOMACIA, dice que “los bosques naturales son propiedad de los que habitan en ellos, por mandato constitucional”. Señala que en la construcción de la paz se deben respetar los territorios colectivos y fortalecer la misión de desarrollo para los propietarios. La tragedia que sufre su región está ligada a la intransigencia de las empresas madereras y los organismos de control frente a los derechos de los habitantes sobre el territorio, afirma.

“Nosotros tenemos un país diverso y tenemos que respetar la vocación de los suelos. El error es que se legisla desde el punto de vista general, sin tener en cuenta cuál es el mecanismo de desarrollo que tiene cada región, de acuerdo a su condición natural”.

En Putumayo, muchos de los bosques y cuerpos de agua aún sobreviven a la máquina depredadora de la deforestación y el cultivo de coca. Sin embargo, en la escala de 0 a 100 que se desprende de la información recibida por organismos de control, donde cero es el peor estado ambiental, este departamento ocupa el puesto 7. Más de 87 mil hectáreas han sido arrasadas en la parte sur del país y a Putumayo le corresponde el 46% de esta desgracia, según un estudio del IGAC.

“Necesitamos inversión social, que los beneficios de un proceso de paz se vean en el desarrollo de nuestras tierras. En el municipio de Leguízamo, en Putumayo, sufrimos porque empresarios talan nuestros árboles; para ellos no hay ley pero nosotros los colonos siempre tenemos la ley encima”, cuenta Efraín Morales, representante de la Asociación de campesinos del Putumayo.

“La cadena forestal es viable para algunas personas, pero para nosotros no. Yo fui cortador de madera y nos pagaban la pieza a 7 mil pesos; aquí en Bogotá, una pieza de madera vale cerca de cincuenta mil pesos”, contó el vocero del Putumayo refiriéndose a las injusticias y la desvaloración del trabajo campesino.

El Macizo Colombiano es una de las zonas más afectadas por el cambio de la vocación del recurso del suelo. Según estudios del IGAC e informes de las expediciones que se han llevado a cabo en la región, se han talado cerca de 500 mil hectáreas y el 52% del territorio es utilizado indebidamente en actividades ganaderas. Solo el 67% del Macizo es apto para la forestación y el 16% para la agricultura y ganadería.

Si el tratamiento de los bosques de esta zona sigue siendo indiscriminada para el 2080 ya no habrá Macizo, según estudios de entidades ambientales. Los habitantes de la zona, preocupados por la tragedia en su ecosistema, han tratado de acordar políticas con las empresas intermediarias en aras de cuidar sus bosques, salir de la pobreza y forjar un ambiente de paz.

“La concertación es muy importante. El manejo de los bosques debe manejarse según los acuerdos que se hagan con los que habitan allí, no con una norma institucional hecha en la capital o en las ciudades”, declara Hebert Ruiz Hoyos de la Organización Serankua del Macizo colombiano. También habla de la presencia de los intermediarios en la cadena forestal, que “explotan la madera y explotan a los trabajadores”.

“Nos dejamos absorber  por el intermediario que nunca nos va a dejar surgir. La comunidad tiene que estar preparada para formar su propia cooperativa para que se valore su trabajo. En nuestras manos está producir de la mejor manera y mejorar nuestra calidad de vida”, señala el representante del Macizo colombiano.

Según un estudio de la Universidad Nacional de Colombia, en Antioquia el 10% del territorio ha sido afectado por la tala indiscriminada de árboles. Un tema que preocupa a las comunidades indígenas antioqueñas es el lugar del tema ambiental en la agenda del Gobierno, en aras de que haya un desarrollo sostenible y un tratamiento adecuado de su ecosistema.

“En un posible acuerdo de paz, aliados con instituciones del sector privado y el Gobierno, se podrá hablar de una madera legal, de una certificación de bosques y un manejo sostenible. Si se establecen mecanismos de protección, de seguridad industrial y planes de manejo, se puede ver la cadena forestal como una posibilidad de fuente de ingreso” señala Jhon Jairo Tuberquia Domico, representante del Cabildo Mayor indígena Mutata.

Luis Carlos Ariza de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, que trabaja entre Santander, el Sur de Bolívar y Antioquia, indica que lo importante es proteger el sentido de conservación de las comunidades y las políticas que han desarrollado para el cuidado de sus territorios. “La autonomía se tiene que respetar, nuestras políticas y maneras de salvaguardar nuestra tierra. Hemos trabajado de una manera racional y tenemos otras alternativas productivas”.

Según él, las políticas comunitarias han trabajado por la sustitución de cultivos ilícitos y la profundización de otras actividades que no tengan que ver con la cadena forestal. “Queremos que nuestra historia y organización comunitaria se tenga en cuenta en las negociaciones de paz y en el posconflicto”.

Los bosques después de la guerra 

En medio de la situación ambiental crítica, entidades internacionales se han unido al Estado para trabajar por la restauración natural. El pasado jueves 20 de agosto se llevó a cabo el foro ‘Bosques y construcción de paz, una oportunidad para el posconflicto’, realizado por el Gobierno Nacional, la Unión Europea y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER). En este encuentro se discutió el modelo de desarrollo rural que se implementará en el país y el papel de los bosques en la construcción de la paz.

El conversatorio giró alrededor de experiencias de tratamiento del suelo y los bosques y el nuevo programa que financiará la UE: Desarrollo Local Sostenible en Áreas Marginadas’ (DLS). El viceministro de ambiente, Pablo Vieira Samper, y la Embajadora de la Unión Europea en Colombia, María Antonia van Gool, sostuvieron que el Gobierno quiere implementar políticas productivas y sostenibles para el tratamiento de los bosques en un escenario de posguerra.

“Estas comunidades se han visto constantemente afectadas por la deforestación de más de 140 mil hectáreas al año y actividades ilícitas (minería, cultivos ilícitos, tráfico de fauna y flora”, señaló la Embajadora de la Unión Europea, María Antonia van Gool.

Por su parte, el viceministro de Ambiente sostuvo que “los bosques han sido históricamente zonas de conflicto y, por lo tanto, se tienen que generar oportunidades para las personas que los habitan”. La meta del Gobierno es que los pobladores puedan vivir de manera tranquila, sin necesidad de recurrir a la deforestación.

En el marco del evento, la Unión Europea lanzó el programa ‘Desarrollo Local Sostenible en Áreas Marginadas’ (DLS), que se ejecutará con un presupuesto de cinco millones de euros. El plan busca brindar oportunidades al sector forestal, desde un manejo apropiado del medio ambiente.

El programa que llevará a cabo la UE junto a Parques Nacionales y el Ministerio de Ambiente incorporará a las actuales y nuevas generaciones en un proceso de concientización y formación sobre el medio ambiente. A la vez intensificará y profundizará un modelo alternativo para proteger la economía de las comunidades y salvaguardar la producción sostenible.