Nariño ocupa el tercer puesto en la lista de los departamentos que más líderes asesinados desde 2016.
Los indígenas Awá están viviendo, de nuevo, los horrores de la guerra. Desde el 10 de mayo el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte Camarawi, en Nariño, fue declarado objetivo militar del grupo paramilitar “Aguilas Negras”. A través de un comunicado, este grupo armado dijo que tendría como nuevo objetivo militar a “los gobernadores, líderes, coordinadores y todos los que hacen parte de la organización indígena”.
Dentro del grupo de personas amenazadas está un docente que por más de 10 años ha trabajado en el proceso educativo de los jóvenes indígenas de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) y quien se ha dedicado justamente a evitar el reclutamiento forzoso en la población.
La comunidad ha denunciado que en total son 70 amenazas que han llegado al reguardo de manera directa e indirecta, a través de panfletos, llamadas a celular y mensajes de texto.
Desde el 16 de abril, la Organización Nacional Indígena de Colombia, (ONIC) denunció que la comunidad estaba viviendo en medio de un conflicto en el cual participan “quince grupos al margen de la ley”, incluyendo a las disidencias de las Farc, bandas delincuenciales y el ELN, estructuras criminales que se estarían disputando las zonas que antes ocupaba las Farc para la producción de cultivos de uso ilícito.
“Dentro de los grupos armados ilegales ahora se suma la presencia del ELN, un grupo que anteriormente no hacía presencia en el territorio. Pero con los diálogos fallidos con el gobierno comenzaron a verse en el territorio”, explicaba Niber Moriano, representante del pueblo Awá. Él, además, resaltó que las amenazas a los líderes indígenas son constantes. “No han brindado ninguna clase de seguridad, desde la Unidad Nacional de Protección (UNP) han sido negligentes en este tipo de procesos” resaltaba el líder Awá.
En una alerta temprana publicada este mes, la Defensoría del Pueblo señala que existe un alto incremento en las amenazas contra líderes en el país. “Preocupa que en los últimos 12 meses las amenazas contra líderes sociales no solo persisten, sino que además se incrementaron. Entre marzo de 2018 y febrero de 2019, se registraron 982 amenazas, es decir, hubo un incremento del 47% respecto del periodo anterior”.
“Cuando estaban las Farc se sentía el control total del territorio, era muy complicado el tránsito por la presencia de minas anti-persona y vivir entre el enfrentamiento del ejército y la guerrilla. Ahora se está volviendo a vivir esta situación, pero con más actores armados” agregaba Niber.
Por otro lado, los indígenas denunciaron afectaciones ambientales. En el Resguardo de Vegas Chagüi Chimbusa, dicen, se registraron prácticas masivas de deforestación en zonas que estaban protegidas. De acuerdo con las comunidades indígenas, el Ejército ha permitido la deforestación. “Esto es una práctica nociva que se realizó sin consulta previa al pueblo Awá, lo que conlleva a una desarmonización de usos y costumbres de los Awá y su territorio” resaltó la ONIC.
La Defensora de la regional de Tumaco, Catherine Mina, encargada del caso en Ricaurte,, nos manifestó lo siguiente: “Tenemos un seguimiento al tema Awá cuyo resultado no podemos entregar en nivel de detalle porque muchos temas no están incluidos en nuestro seguimiento. Sin embargo, estamos preparando otra alerta temprana sobre el caso, la cual saldrá a inicios de junio”
¿Cómo cambiar la situación de los cultivos de uso ilícito?
El incremento de los cultivos de uso ilícito ha sido la principal causa de los problemas que vive ahora la comunidad. Ricaurte es uno de los tantos municipios nariñenses que han sido utilizados como corredor estratégico para el tránsito de la droga para conectar con la frontera con Ecuador. Por lo tanto, ha sido un territorio muy codiciado por grupos armados ilegales. Según un informe presentado por la ONU en septiembre de 2018, Nariño tiene 45.735 hectáreas sembradas con coca, una cifra similar a la de Perú.
En el taller “Construyendo País” realizado en Pasto el 19 de mayo, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, mencionó que a pesar de que durante el periodo de 2005 a 2014 se asperjaron 3.700.000 litros de glifosato en el departamento, los cultivos crecieron de 13.875 ha 17.285 ha. Por lo tanto, invitó al presidente Iván Duque a evaluar una estrategia diferente al uso de este pesticida. “50 mil familias formalmente le han manifestado al Estado colombiano que están dispuestas a sustituir esos cultivos de uso ilícito (…) lo que menos quieren es que la respuesta a esas familias de Nariño, presidente, sea el glifosato, sea la muerte para nuestro territorio, sea la muerte para el ambiente, sea la muerte para el agua”.
#NariñoEsColombia
Le dijimos al Presidente que Nariño es un territorio verde, biodiverso, donde defendemos el agua y la vida. Que el glifosato no es solución!
Aquí ya asperjaron 3.700.000 litros en una década (2005-2014) y aumentaron los cultivos! De 13.875 a 17.285 ha.#NoMás pic.twitter.com/YIT0vHlaVf
— Camilo Romero (@CamiloRomero) 19 de mayo de 2019
El presidente, por su parte, le respondió al gobernador que “el enemigo no es un herbicida, el enemigo es el narcotráfico. Aquí nadie está haciendo apología de herbicidas, lo que tenemos que ser claros es que este país tenía para el año 2014 menos de 60.000 hectáreas de coca y hoy tiene 200.000 hectáreas. Hay que implementar todas las herramientas, se puede hacer sustitución, desarrollo alternativo, esquemas voluntarios”.
Además, este 30 de mayo de 2019, el presidente tiene una reunión con el Ministerio del Interior y con una comisión de la Unidad de Protección (UNP) de líderes indígenas para evaluar sus condiciones de riesgo.
Una cosa es el discurso y otra la realidad en Nariño…
La violencia en Nariño se ha agudizado este mes. El hecho más reciente fue el asesinato de la personera del municipio de Samaniego, Paula Andrea Rosero, quien fue asesinada con arma de fuego el lunes 20 de mayo por dos personas que se trasladaban en motocicleta, cuando ella iba de camino a su hogar junto a su esposo.
La líder ya había recibido amenazas desde el 2016 por haber denunciado los manejos irregulares de los recursos públicos del Hospital Lorencita Villegas en Samaniego, Nariño.
Ante el hecho, diferentes organizaciones se pronunciaron. La Oficina en Colombia de las Nciones Unidas afirmó lo siguiente: “Con tristeza condenamos el homicidio de personera de Samaniego, Nariño, Paula Andrea Rosero. Confiamos en que habrá pronta investigación, juzgamiento y sanción de los responsables”. De igual forma, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo pidieron al gobierno “tomar medidas de carácter urgente para garantizar la vida, la integridad personal y el trabajo de los personeros del país”.
Por su parte, el presidente Iván Duque expresó por medio de Twitter : “Condenamos el cobarde asesinato de Paula Andrea Rosero, Personera de Samaniego, Nariño. Toda nuestra solidaridad con sus familiares y amigos. He dado instrucciones a las autoridades de perseguir y llevar ante la justicia a los responsables.”
En el más reciente informe de Medicina legal, desde enero de 2018 a abril de 2019, han sido asesinados 317 líderes sociales. Nariño ocupa el tercer puesto en la lista de los departamentos que más líderes asesinados han tenido con 44, pero el municipio de Tumaco encabeza la lista de los municipios, con 15 líderes.
