La integran ocho instituciones del Estado, tres expertos y dos defensores de derechos humanos.
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- Según el decreto que la crea, la Comisión deberá reunirse una vez al mes. Foto: Presidencia
La insistencia de la sociedad para que el Gobierno tome medidas por la oleada de asesinatos contra líderes sociales por fin sirvió. Este jueves, en Popayán (Cauca), el presidente Juan Manuel Santos instaló la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la entidad encargada de diseñar una ruta nacional para perseguir a las personas y organizaciones que atenten contra defensores de derechos humanos y líderes sociales y políticos. Este organismo hace parte del conjunto de instituciones que el Estado debe crear durante la implementación de los acuerdos.
La Comisión fue creada el pasado 3 de febrero, mediante un decreto del Ministerio del Interior. En él se definió que ese organismo estará presidido por el propio Santos e integrado por los ministros de Justicia, Defensa e Interior; el fiscal, el procurador, el defensor del pueblo, el comandante de las Fuerzas Militares, el director de la Policía, dos delegados de las plataformas de derechos humanos y tres expertos elegidos por la Comisión de Seguimiento a la Implementación.
Se trata de un escenario de alto nivel, en el que participan funcionarios públicos, académicos y organizaciones sociales victimizadas. Del lado de los expertos están Jaime Caycedo, antropólogo, profesor de la Universidad Nacional y secretario general del Partido Comunista; Vilma Liliana Franco, investigadora, socióloga y magíster en Filosofía de la Universidad de Antioquia, y Camilo González Posso, economista y presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Los delegados de los defensores de derechos humanos son Franklin Castañeda, de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, y Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, elegido por una alianza de organizaciones sociales.
En la primera reunión, previa a la instalación y realizada en el Cauca —donde han asesinado el mayor número de líderes sociales desde la implementación de los acuerdos—, los comisionados tomaron medidas de urgencia: acordaron reforzar la presencia estatal en el departamento, hacerle seguimiento a las investigaciones que adelanta la Fiscalía contra organizaciones armadas ilegales, mejorar la oferta institucional en temas como la sustitución de cultivos de uso ilícito y la prevención de la minería ilegal, y trabajar de la mano con las comunidades.
En la mañana de este jueves, los tres expertos y los dos defensores de derechos humanos se reunieron con varias organizaciones sociales de ese departamento, que les propusieron crear un capítulo regional de la Comisión para verificar la seguridad de los líderes y de los integrantes de las Farc en tránsito a la legalidad, así como poner en marcha “de manera inmediata” la segunda misión de la ONU que deberá llegar al país para monitorear la implementación de los acuerdos de paz.
Estas son algunas de las tareas que tiene a cargo la Comisión, que deberá garantizar la vida de los dirigentes sociales:
1.
Diseñar un plan de acción “permanente” para combatir y desmantelar las organizaciones que atenten contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y políticos, y personas que hagan parte de tareas relacionadas con la implementación. Entre esas organizaciones se incluyen “las que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo”.
2.
Coordinar la creación de mesas técnicas en departamentos y municipios para hacerles seguimiento a las organizaciones criminales, y para recibir reportes y denuncias de la comunidad.
3.
Hacer recomendaciones que ayuden a “eliminar la posibilidad” de que agentes estatales sostengan relaciones de cooperación con organizaciones armadas ilegales.
4.
Elaborar estrategias para identificar cómo se financian y cómo operan las redes criminales, teniendo en cuenta las particularidades de las mujeres, los niños y las personas LGBTI. La Comisión, además, deberá hacer recomendaciones para tumbar las normas que podrían promover la creación de organizaciones armadas que puedan atentar contra líderes sociales y políticos.
5.
Proponer mecanismos para revisar los antecedentes de los empleados públicos, con el fin de verificar “cualquier involucramiento que hayan tenido con grupos y/o actividades de paramilitarismo o violaciones de derechos humanos”.
6.
Hacerle seguimiento a los controles que ejerce el Estado sobre las empresas de vigilancia y seguridad privada, para garantizar que “en ningún caso faciliten la acción de las organizaciones y conductas criminales”. La decisión busca prevenir la repetición de hechos ocurridos en las décadas de los 80 y 90, cuando empresas de vigilancia se convirtieron en el germen de las pequeñas estructuras paramilitares que luego crecieron y se expandieron hasta formar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hoy desmovilizadas.
7.
Diseñar políticas que faciliten el sometimiento a la justicia de las redes criminales, dejando claro que esas medidas “nunca significarán reconocimiento político”. Desde hace meses, la exsenadora Piedad Córdoba realiza acercamientos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia para buscar el sometimiento de esa estructura, dirigida por antiguos combatientes de las AUC.
8.
Contribuir al diseño de un sistema estatal que reaccione rápidamente a las operaciones de las organizaciones criminales.
