Sin la implementación del Acuerdo de Paz, los líderes sociales difícilmente contarán con garantías políticas.
Eran las siete de la mañana. El lugar: la sede de Caracol Televisión, en el norte de Bogotá. Un protocolo de seguridad para seguir a los estudios, una fila de personas, algunas mesas para tomar café. Mientras esperaba a que llegaran todos los asistentes, un líder de Tumaco se me acercó: “Si veo a alguien de la Unidad Nacional de Protección (UNP) le pego un puño. Ya voy a completar seis meses en Bogotá porque ‘Guacho’ me mandó a matar y en la UNP no me han ni recibido. Vamos a ver qué pasa en este evento”.
Ambos estábamos asistiendo al Primer Diálogo por la No Repetición, organizado por la Comisión de la Verdad y enfocado en la situación de los líderes sociales asesinados en Colombia. A nuestro lado pasaron caminando varias personas: el procurador General, Fernando Carillo; el gobernador de Nariño, Camilo Romero; el expresidente Ernesto Samper; el líder político de Farc, Rodrigo Londoño; el periodista Daniel Samper y otros líderes de opinión. “Vamos a ver qué dicen ellos porque es que a uno lo manda a matar ‘Guacho’ y no lo escuchan y ahora dicen que parece que sí. Por lo menos me invitaron”, decía el líder.
El diálogo comenzó pasadas las 8:30 de la mañana. Un set de televisión con varias cámaras de foto y video; maquillaje, logística, un espacio especial para los invitados y al fondo nosotros, los “testigos” de ese primer diálogo para la no repetición. El expresidente Samper estaba a unas cuatro sillas del líder social de Tumaco, quien esta vez no hablaría en público, pero estaría atento a lo que dijeran los invitados. ¿Quiénes estaban en la mesa? Fernando Carillo, procurador General; Claudia Jiménez, empresaria; Camilo Romero, gobernador de Nariño; Alberto Brunori, representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Marylen Serna, líder de Cumbre Agraria; María Doris Rivera, líder social del Meta, Ricardo Arias, viceministro del Interior; Fabio Espitia, fiscal General encargado; Alcibiades Escué, Alcalde de Toribío; Leyner Palacios, representante de víctimas en Chocó, Jorge Eduardo Camargo, Defensor delegado para asuntos agrarios y Andrés Chica, líder social en Sur de Córdoba.
El diálogo, primera parte
El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, fue uno de los primeros en tomar la palabra. Lo dijo claramente: en Colombia, 4.757 líderes han sido asesinados en los últimos 30 años, por guerrillas, paramilitares, Ejército, en síntesis, por todos los actores de la guerra. Ellos, los líderes, dijo de Roux, son personas que protegen el territorio, que luchan contra actividades como la minería criminal, contra los grupos armados que quieren despojarlos. En la esfera política, han sido varios los líderes asesinados : Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro…en fin, todo aquel que ha alzado la voz por el cambio ha tenido que someterse al riesgo de ser asesinado.
Y entonces vino la primera pregunta: ¿Por qué están asesinado a los líderes sociales? Los participantes coincidieron en que existen varias razones. Por solo mencionar algunas: la disputa por la biodiversidad, la disputa por el territorio, la defensa de los pueblos ancestrales, por los derechos humanos; todas son causas de asesinatos y violencia. En el fondo, los líderes sociales históricamente han intentado darle posibilidad a una democracia real en Colombia. Quienes quieren desestabilizar la democracia ven a los líderes como enemigos.
Cuando tomó la palabra, Leyner Palacios dijo que existía una estigmatización latente contra los líderes sociales. No solo los grupos armados los persiguen, sino que el Estado incluso los ha tildado de subversivos, de insurgentes. “Asesinan a un líder y dicen que va a haber una investigación y luego no se sabe en qué termina eso”. El Estado, además, tiene una deuda pendiente en la protección de los recursos naturales en departamentos como Chocó, donde por los megaproyectos han sido desplazadas poblaciones enteras. Se preguntó, en esa línea, dónde está el plan del gobierno para dignificar a los líderes sociales y las condiciones de vida en sus territorios.
En el sur de Córdoba, dijo Andrés Chica, las dinámicas violentas se han sostenido por décadas y la Comisión de la Verdad debe revisar en detalle porqué esos patrones de asesinatos a líderes han continuado de forma sostenida. Los gobiernos de turno, agregó, no han hecho esfuerzos reales siquiera por comprender la situación de esta región, donde hoy, por ejemplo, disidencias de Farc y el paramilitarismo siguen disputándose el territorio por los cultivos de coca.
Después los reflectores apuntaron al viceministro del Interior, el único representante del gobierno en ese escenario. Ricardo Arias admitió algo importante: la confianza entre las comunidades y el Estado está rota. “El diálogo es un primer paso para reconstruirla, porque si la institucionalidad no ha cumplido pues se crea una semilla para la desconfianza. Con la ministra hemos llegado a diferentes regiones buscando el diálogo, formulando planes estratégicos”.
Más allá del diálogo, el defensor delegado para asuntos agrarios, Jorge Eduardo Camargo, aseguró que es importante atender las necesidades en los territorios. En diferentes recorridos, la Defensoría ha identificado patrones de violencia por temas específicos como la minería criminal y el narcotráfico. Con los asesinatos de los líderes se rompe el tejido social, por eso se necesitan medidas específicas. Y más adelante una líder le dio la razón: “solamente la Defensoría y la ONU están escuchando a la gente en los territorios, el gobierno no”.
Ricardo Arias admitió algo importante: la confianza entre las comunidades y el Estado está rota.
El procurador General, Fernando Carillo, aprovechó ese momento para decir que históricamente la protesta social en Colombia ha sido reprimida, lo mismo el liderazgo. “Antes existía un enemigo interno, lo que le daba pie al gobierno para utilizar el Estado de sitio y así reprimir la protesta, porque los líderes le incomodaron al sistema”. Los líderes sociales quedaron en callejón sin salida: con impedimentos para gobernar y también con impedimentos para delinquir porque justamente se oponían a esas estructuras ilegales. La violencia los ha perseguido en todas las orillas. En el conflicto armado no han existido suficientes espacios para comprender el conflicto social y, desde ahí, entablar un diálogo social.
Otro factor: la diversidad de los puntos de vista. El alcalde de Toribío, Cauca, hizo énfasis justamente en “dos lógicas diferentes sobre el territorio. Por ejemplo, en la Sierra Nevada defienden la Línea Negra, los recursos naturales, y el gobierno defiende el extractivismo. Son dos visiones de riqueza diferentes”. Los conflictos sobre el territorio terminan creando un escenario de violencia por el control territorial. Por eso, en la violencia contra los líderes en el Cauca el alcalde de Toribío propone sentarse con los actores para decidir cómo quieren construir región.
En Nariño también se necesitan consensos. El gobernador de ese departamento, Camilo Romero, dijo que es difícil hablar de que en Colombia existe la democracia más antigua de América Latina cuando más de 3.000 integrantes de un partido político – la UP –fueron asesinados. “El problema de los líderes es un problema que tiene raíz en la exclusión. En 2018, según la Defensoría, fueron asesinados 178 líderes sociales. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, ese mismo año murieron 184 personas en combate. ¿Qué quiere decir esto? Que en Colombia ser líder social es tan peligroso como estar en un grupo al margen de Ley”.
El Diálogo, segunda parte
El fiscal encargado habló. Toda la audiencia quería saber qué pensaba y qué estaba haciendo la entidad por la investigación de los asesinatos a líderes sociales. Fabio Espitia, el fiscal, dijo en primer lugar que está a cargo después de que Néstor Humberto Martínez renunciara y que por eso su intervención tendría limitaciones. “Soy padre de una líder social. Una líder que está en Apartadó. Parece una ambivalencia, pero soy muy cercano a este tema”. En el comportamiento humano en Colombia, dijo, existen sentimientos que sobresalen: venganza, violencia, resentimiento. Existen municipios donde la Fiscalía se puede demorar cinco días en llegar, admitió. “Y eso se puede ver en las cifras: de 100 homicidios en Colombia, se logran esclarecer 14”.
¿Qué dijeron los líderes? Se necesitan medidas de protección colectivas, la UNP necesita una “reingeniería”, necesitan que el Estado esté, así se demore cinco o más días en llegar.
La representante de Cumbre Agraria puso sobre la mesa otro tema: replantear el sistema económico, que, dijo, es excluyente. Es necesario que se genere otro que genere garantías para la vida de los líderes y sus comunidades. En ese punto le hizo un llamado al gobierno de Iván Duque: si no se implementan los Acuerdos de Paz, difícilmente los líderes tendrán seguridad. Ejecutar el programa de sustitución de cultivos y la reforma rural integral es clave para que los líderes puedan vivir en territorios con condiciones dignas.
Los indígenas, agregó el alcalde de Toribío, han fortalecido la guardia indígena, incluso cuando las Farc intentaron tomarse los pueblos, “cuando trataron de meternos a la fuerza el socialismo”. La institucionalidad, dijo, tampoco cuenta con la confianza por parte de la población y en ese aspecto el gobierno debe esforzarse, no solo enviando policías o militares, sino mostrando otro rostro, quizás más humano.
Sobre ese punto, el del Estado, Camilo Romero participó contando una anécdota: “Estaba en Magüí Payán y un hombre de 65 años se me acercó y me dijo: ‘Como van a erradicar, ‘¿es verdad que a mí me van a quitar el laboratorio’? Ese hombre, mayor, veía al Estado solamente como el que llega a su tierra y erradica. Un reto para nuestra democracia es construir la institucionalidad en esos territorios. ¿Cómo es posible que en Tumaco a un joven le ofrezcan 1 millón de pesos para ir a una banda criminal y el Estado no sea capaz de otorgarle educación gratuita?”.
En ese momento los líderes precisaron un punto no menor: “A nosotros nos tocó luchar por los derechos humanos y muchas veces contra el Estado, por sus políticas, por los falsos positivos y así….” El viceministro admitió otros errores: “Los decretos y las resoluciones se han quedado en el papel , no ha habido planes estratégicos, todo eso es cierto”. El gobierno estaría dispuesto a buscar proyectos en conjunto con las comunidades para proteger a los líderes y repitió lo que dijo en un comienzo: el gobierno está buscando espacios de diálogo.
La última pregunta
En la tercera parte del conversatorio, cuando ya habían pasado dos horas, el padre de Roux hizo una pregunta: ¿Qué podemos hacer para que no sigan asesinado a los líderes sociales? Los líderes habían dado algunas pistas: diálogos sinceros con el gobierno, reingeniería de la UNP, fortalecer la guardia indígena, cimarrona y campesina, discutir el modelo de desarrollo, dignificar a los líderes y, como dijo Leyner Palacios, darles espacios en la política, “no solo que piensen en nosotros para los deportes y el baile”.
La implementación del Acuerdo, ese es un requisito indispensable según los líderes sociales. Sin garantías de reincorporación ni de desarrollo de proyectos productivos, difícilmente se crearán las condiciones de tranquilidad para que los líderes sociales y defensores de derechos humanos puedan afirmar sin miedo que están participando en la democracia sin desventajas. Se necesita, por eso mismo, un diálogo de paz con el ELN y una intervención integral en donde están las disidencias de las Farc y las Bacrim, de lo contrario, ir a la guerrilla seguirá siendo la mejor opción para cientos de jóvenes. Es un tema, concluyó el padre, “de ética”.
Cuando se terminó el evento habló un mamo de la Sierra Nevada, pidiendo que las palabras que se dijeron no se quedaran en un espacio vacío. Cerca de nosotros estuvo Rodrigo Londoño, reflexivo. ¿Qué piensa sobre las conclusiones?, le dije. “Estábamos demorados en que se abrieran escenarios como este. Toca recoger la opinión de la gente, pero ojalá no se quede en esto, en un evento. Hay reflexiones importantes, de mucha profundidad. Ojalá el gobierno las tenga en cuenta para que no sigan asesinado a líderes y lideresas sociales”.
