En lo corrido de 2019 van 31 casos. En 2017 fueron asesinados 27.
Desde que comenzamos a registrar los casos de líderes sociales asesinados en ¡Pacifista!, hemos podido constatar que uno de los liderazgos más afectados es el que está en las Juntas de Acción Comunal (JAC). El último informe publicado por el Programa Somos Defensores da cuenta de esa violencia y nos arroja algunos datos preocupantes. Por ejemplo: durante el conflicto armado se asesinaron a más de 8.565 dignatarios y afiliadas a los organismos de Acción Comunal o JAC.
Por otro lado, es muy preocupante que Antioquia es el departamento con más asesinatos de líderes comunales en el 2018, con 13 reportados en el informe, y en este año sigue punteando, según la cuenta que llevamos en !Pacifista!, que reporta 6.
El aumento de los hechos de violencia contra los líderes y lideresas sociales, en especial contra los líderes comunales, tiene varias razones estructurales que han sido persistentes durante todo el conflicto armado. Entre ellas, la negativa a permitir que liderazgos que surgieron de las bases sociales alcancen cargos con la capacidad de tomar decisiones políticas trascendentales en los territorios. También, porque precisamente las JAC son las semilla de muchas otras formas organizativas entre campesinos y comunidades, e incluso, es el lugar desde donde crecen y se desarrollan muchos de los liderazgos políticos rurales.
Según la Confederación Comunal, las JAC entre el 2016 y 2018, años de la implementación del Acuerdo de paz, han reportado 221 asesinatos y 830 amenazas de muerte contra sus integrantes.También, según dicen en el informe: “hoy el 75% de las víctimas registradas del conflicto armado son miembros de la organización social de la Acción Comunal”. En parte, debido a que el 70% de las JAC son rurales.
A pesar de la denominación común que existe para referirse a las organizaciones comunales, hay dos formas de juntas comunales: las Juntas Rurales y las Juntas de los barrios, las cuales tienen otras divisiones organizativas. Pero básicamente sus funciones son las mismas, solo unas tienen lugar en territorios rurales y otras en urbanos. En general, las llamaremos Juntas de Acción Comunal (JAC).
Años 2018 y 2019
El informe de Somos Defensores registró un total de 49 asesinatos de líderes comunales en 2018. Un total de 43 hombres y 6 mujeres dirigentes de las JAC, fueron asesinados, mostrando un notable incremento de agresiones contra la vida respecto al año inmediatamente anterior, 2017, cuando se presentaron 27 casos. Es decir, la violación del Derecho a la vida en líderes comunales, aumentó casi un 100%.
“El periodo de mayo a julio presenta el mayor índice de asesinatos en el año y corresponde exactamente con el tiempo transcurrido entre la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la segunda vuelta en junio y la posesión del nuevo presidente Iván Duque”. La vinculación histórica de las JAC a los procesos electorales podría explicar el aumento de los asesinatos durante los meses electorales y preelectorales,que vuelven a ascender finalizando el año.
Según el informe, en el 2018, los asesinatos por departamentos tienen a Antioquia, Norte de Santander y Putumayo como los más afectados. Es importante mencionar que entre estos departamentos, Antioquia y Norte de Santander, han sostenido esta triste estadística de ser lo más afectados. En cada caso, es evidente que los fuertes liderazgos comunitarios que existen en esos territorios han estado siendo reprimidos por medio de la violencia.
Por ejemplo, en Antioquia el municipio de Tarazá, el que más asesinatos de líderes JAC registra, tiene la particularidad de ser un municipio afectado profundamente por la minería de uso ilícito y lícito y por la presencia de grupos armados que surgieron después del Acuerdo de Paz, como los Caparrapos. En Norte de Santander, las asociaciones campesinas que tienen formas de organización muy sólidas, han venido siendo atacadas por la violencia que se vive alrededor de las luchas entre grupos guerrilleros, y también, entre grupos paramilitares por el control de zonas de cultivos de uso ilícito.
Lo anterior nos permitiría explicar por qué, durante este año, hemos registrado tantos asesinatos contra los líderes comunales en ciertas regiones específicas. En especial durante la segunda parte del año y en departamentos históricamente afectados por el conflicto. Según los datos de ¡Pacifista!, en este año han sido asesinados 31 líderes comunales. Los departamentos de Antioquia y Cauca son los que más muertes presentan este año, con 6 en cada departamento. También es particular el caso del Catatumbo, región en Norte de Santander, que registra todos los 3 asesinatos en esa región. Situación que se mantiene con relación al patrón de años recientes.
Este año también se observa que la violencia contra líderes comunales se ha diversificado por todos los departamentos, en vez de concentrarse en unos pocos, pues las elecciones regionales son las que más activan los liderazgos comunitarios. En departamentos como Magdalena y Huila la violencia contra líderes comunales ha crecido. Las alertas están, dependerá del gobierno activar los protocolos que ha prometido.
¿Por qué los matan?
Esta pregunta puede ayudarnos a entender dos cosas que son distintas pero tienen puntos de encuentro. Por un lado, las razones por las cuales efectivamente asesinan a los líderes comunales y adicionalmente qué hacen estos líderes y por qué para la democracia colombiana son tan importantes.
La importancia de estas juntas comunales puede pensarse desde varias categorías.
Una organización de la base social: A pesar del tratamiento utilitarista que ha hecho el Estado y los partidos políticos de las JAC,es importante resaltar que las Juntas Comunales son la base social de integración de muchas comunidades para empezar y organizar sus luchas propias. Por ejemplo, la mayoría de las asociaciones campesinas han nacido desde la semilla de las Juntas Comunales y se han potenciado por ellas.
A los líderes comunales los han asesinado, entre algunas de las razones actuales e históricas, porque los liderazgos que surgen desde ahí, como las asociaciones campesinas, resultan incómodas para algunos poderes mafiosos que se lucran del narcotráfico o del extractivismo.
Para poner un ejemplo: el caso de los caficultores asesinados en Antioquia, Wilmer Elías Godoy y León Alcaráz, que habían conformado una asociación de caficultores luego de haber estado en la presidencia y vicepresidencia de la JAC de su comunidad. Su caso no ha sido resuelto, pero se ha sabido que su asesinato tiene relación con su liderazgo y el uso de las tierras para reemplazar cultivos de uso ilícito.
Punto de apoyo para los gobiernos locales: la gestión de los gobiernos municipales, en especial los llamados de categoría quinta y sexta, es decir, los más pequeños (menos de 10mil habitantes), que son el 90% en nuestro territorio, se hace más efectiva y viable esencialmente a través de las JAC. Aquí las juntas comunales sirven como un efectivo interlocutor con el Estado, aunque existen otros mecanismos y organizaciones dedicadas a ello, es más común que un alcalde de un municipio intente acceder a las comunidades a través de las JAC e igualmente los ciudadanos exigir a los gobiernos locales por medio de las juntas.
Muchos miembros de las JAC, y sobre todo sus líderes más visibles, han sido víctimas de amenazas y asesinatos porque por medio de sus juntas han hecho denuncias al Estado sobre grupos armados en sus territorios y las formas como estos ejercen violencia contra ellos. En el mismo sentido, muchos líderes han sido violentados por organizar desde este lugar movilizaciones y acciones populares que tratan de proteger a las comunidades de la opresión estatal.
Punto de apoyo electoral: Las luchas sociales que se han llevado en las Juntas de Acción Comunal en los barrios populares y en el campo han dado como resultado grandes movilizaciones políticas que se han generado ante la necesidad de exigir al Estado mejores condiciones de vida.
Sin embargo, este carácter democrático que adquirieron las JAC en el país ha sido también la razón por la cual muchos de los líderes comunales son atacados y asesinados, pues representan un riesgo para los liderazgos políticos hegemónicos que no están dispuestos a luchar democráticamente. También hay que decir que las JAC han sido usadas por muchos partidos políticos para arrastrar votaciones en zonas donde no suelen llegar sus campañas políticas, pero una vez conseguidos los cargos de administración local, abandonan las comunidades.
Existen muchos ejemplos de líderes que han sido asesinados por su accionar político desde las JAC. Uno de los más recientes y conocidos fue el de los líderes asesinados con la candidata por la alcaldía de Suárez, Karina García, quien sufrió el atentado junto al líder comunal Héctor González, quien era el presidente de la JAC del barrio las Brisas en Suárez, Cauca y la lideresa Aidé Tróchez, quien se encargaba de la mesa de víctimas y tenía liderazgo comunitario. Durante el genocidio de la UP, muchas de las víctimas fueron los líderes comunales, que representaban un riesgo político para las élites hegemonicas.
Planeación participativa: Según Somos Defensores “las organizaciones que más participa en los municipios en la construcción de los planes de desarrollo son las comunales”. Según cuentan en el informe, un estudio de hace 10 años del CINEP y la Defensoría del Pueblo reveló que el 32% de los consejeros territoriales de planeación eran de origen comunal, tendencia que se sostiene hoy. En Bogotá, la organización que más participa en los encuentros de participación ciudadana, es la de los JAC.
Constructora cotidiana de paz y convivencia: una de las más relevantes en nuestro presente histórico. En Colombia semanalmente se realizan entre cinco y ocho mil asambleas y reuniones comunales, según la Confederación Comunal, que mediante soluciones pacíficas y organizadas busca responder a las necesidades de las comunidades y protegerlas de las distintas formas de violencia. Según Somos Defensores, nadie, ni el Estado ni los partidos políticos, hacen tanto cotidianamente y silenciosamente por la paz y el desarrollo.
Estos dolorosos motivos han sido una constante en la historia de nuestro cruel conflicto armado. Los constructores de paz en los territorios suelen ser las víctimas principales de las agrupaciones criminales.. José Cortés Sevillano, asesinado hace 15 días en Tumaco, Nariño, era uno de esos constructores de paz, que desde la JAC había impulsado en las comunidades la sustitución de cultivos de uso ilícito por cultivos como el cacao. Fue amenazado y asesinado ante los ojos de sus amigos, familia y comunidad.
Una situación que ha empeorado
Desde el año 2010 hasta el 2018 se tienen datos claros que muestran cómo la violencia contra los líderes comunales no ha disminuido con los Acuerdo de Paz, sino que desde hace tres años ha crecido preocupantemente. Según el tipo de acciones violentas, el informe registra que desde el 2015, cuando hubo una disminución en la cantidad de hechos victimizantes, hasta hoy, casi que se han duplicado los hechos de victimización, bien sea por medio de amenazas o detenciones ilegales, hasta los atentados, los secuestros y los asesinatos. En el año 2017 los hechos victimizantes fueron 41, de entre los cuales se cuentan 27 asesinatos.
El informe también registra los victimarios identificados desde el 2010 hasta el 2017. Se sabe que los principales asesinos y opresores son los grupos paramilitares con un 15% de culpabilidad en los hechos, seguidos por el Estado con un 13,5% de culpabilidad. En tercer lugar se encuentran las guerrillas, con 5%.
Resulta preocupante que el el 65% de los casos se le atribuyan a grupos “desconocidos”, es decir, a sujetos o grupos que nunca fueron identificados y que seguramente no pagaron por sus crímenes.
