La CIDH ha denunciado, en ocasiones anteriores, lo vulnerable que es el liderazgo social en el país. ¿Es momento de unas medidas cautelares colectivas?
El asesinato de líderes sociales en Colombia podría llegar a los estrados judiciales internacionales. Las organizaciones que representan a los líderes dieron un primer paso en la mañana de este lunes, cuando lograron ser escuchados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organización que ha emitido diferentes medidas cautelares para proteger a líderes colombianos, como Piedad Córdoba. Desde Montevideo, donde está la sede de la Comisión, algunos voceros expresaron su petición por contar con unas medidas cautelares que obliguen al Estado a garantizar la seguridad de todos los líderes, especialmente los que han participado de manera activa en el posconflicto.
La Comisión Internacional de Derechos Humanos es la primera instancia a la que tienen planeado acudir las organizaciones de líderes sociales. En caso de que se aprueben las medidas cautelares para todos los solicitantes, el Estado estaría obligado a responder por su seguridad y, si no lo hace, el problema podría pasar a los estrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese caso, ese tribunal podría sancionar al Gobierno e incluso emitir condenas. Esta posibilidad es, según Ángel Torres, líder de la Asociación Campesina Ambiental de Lozada Guayabero, a la que se están aferrando muchos activistas que no perciben una voluntad real del Gobierno por atender sus casos.
“Los líderes estamos completamente desamparados en las regiones. Las medidas cautelares para todos representarían una esperanza porque el Gobierno tendría que aceptar que existe una sistematicidad en los asesinatos, que no son casos aislados. El peso de que lo diga un organismo internacional nos ayudaría mucho para poder ejercer nuestra labor con seguridad”, nos dijo Torres, quien hace parte de los líderes que las solicitan.
Frente al tema de la sistematicidad, el Gobierno no ha reconocido que exista, aunque la Fundación Paz y Reconciliación señala que sí hay evidencia en cuanto a perfiles de víctimas y territorios donde suceden los homicidios : la mayoría son organizaciones de víctimas o de restitución de tierras y miembros activos de las Juntas de Acción Comunal.
Que el tema de sistematicidad se debata en la CIDH, es de entrada un factor positivo. Así lo asegura Francisco Barbosa, abogado y profesor de la Universidad Externado: “Es útil que se discutan estos temas en Montevideo. Sin embargo, las medidas cautelares tienen sus limitaciones. En Colombia respetan las conclusiones de los informes que emite la Comisión, pero estos informes no son sentencias judiciales. Caso contrario sería si estas medidas cautelares pasan a ser medidas provisionales, para lo que se necesita que el caso pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos . Ahí sí podrían emitirse condenas, indemnizaciones para las víctimas, y medidas de reparación”.
Hasta ahora, como lo explica el politólogo Fernando Giraldo, de la Universidad del Rosario, las medidas cautelares son útiles para proteger preventivamente a una persona, pero no “para garantizar una seguridad estructural para los líderes en el país. Con las medidas cautelares la CIDH le puede advertir al Gobierno sobre ciertos riesgos y comprometer a las instituciones a que protejan a los líderes. Es decir, tú como líder podrías estar seguro de que la persona que te ataque ya está comprometida jurídicamente por violar las medidas cautelares. Esto pasa con Piedad Córdoba, quien cuenta con ellas, pero yo me preguntaría: ¿será que el Estado aplicaría las mismas medidas de protección para todos los líderes?”.
Teniendo en cuenta que el asesinato de líderes sociales viene en aumento – en octubre hemos registrado ocho casos – , las medidas cautelares podrían representar un salvavidas, al menos jurídico, para las organizaciones de víctimas y reclamantes de tierras, quienes son los más afectados. Juan David García, profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), dice que estas medidas son “necesarias. Hay regiones del país como el norte del Cauca, Santander, Catatumbo, Antioquia y la Costa Pacífica Nariñense en donde no se están garantizando los derechos civiles y políticos”.
Una democracia seria, dice García, “garantiza la protección a todos los actores de la sociedad. Con la participación de líderes en Montevideo queda demostrado una vez más que, en el plano internacional, Colombia es visto como un Estado frágil”.
