Un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) explica cómo se ha usado la economía solidaria para blanquear los millones con los que se financia la guerra.
Entregarle extraoficialmente a una periodista de un medio internacional una cifra aproximada (y astronómica) de la plata que tendrían las Farc le costó el puesto al último director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez. Sin embargo, antes de abandonar el cargo, Suárez dejó un documento de 56 páginas en el que revela cómo las guerrillas lavan y consiguen plata para financiar la guerra a través de cooperativas y otras entidades sin ánimo de lucro.
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Según la investigación de la UIAF, que se llevó a cabo con la Superintendencia de la Economía Solidaria, las organizaciones armadas ilegales se han aprovechado durante años de figuras como las cooperativas y los fondos de empleados para blanquear los dineros obtenidos de extorsiones y secuestros, y para apoderarse de recursos del sistema financiero.
En 2015, el país contaba con más de cuatro mil organizaciones de economía solidaria, que reportaron ingresos anuales superiores a $16 billones, tenían 5 millones 600 mil asociados y generaban 79 mil empleos directos. El volumen de capital que mueve el sector, sumado a las dificultades que enfrenta el Estado para vigilarlo, han hecho de él uno de los frentes escogidos por las guerrillas para mantener sus ejércitos, beneficiar a las familias de los combatientes, conseguir adeptos y hacer inteligencia.
Como prueba de ello, la UIAF y la Supersolidaria identificaron cinco formas distintas a través de las cuales las organizaciones insurgentes le han sacado ventaja a algunas entidades sin ánimo de lucro.
Así, la primera de ellas consiste en crear cooperativas o microempresas para criar animales o llevar a cabo actividades propias de la agroindustria. A esas organizaciones, puestas a nombre de juntas de acción comunal, se les entrega el dinero o el ganado que los guerrilleros reciben producto de la extorsión, el robo y el secuestro. Además, las asociaciones reciben recursos de terceros, que invierten por la fuerza o voluntariamente.
Rápidamente, y pese a encontrarse en zonas de guerra, esas cooperativas reportan haber diversificado sus negocios en los sectores agropecuario y agroindustrial. El crecimiento injustificado llama la atención de las autoridades, que, luego de seguimientos, identifican múltiples irregularidades.
Entre ellas, que las cooperativas manejan grandes sumas de dinero, compran animales baratos y los venden caros, invierten poco y reciben mucho, no entregan facturas, y les pagan sueldos de ejecutivos a personas que nunca dejan de ser pobres. Además, continúan reportando el mismo volumen de cosechas así haya sequías, lluvias o heladas; reciben plata de exportaciones que nunca realizaron y dicen falsamente que gastaron dinero en insumos o en medicamentos.
La segunda ruta que usan los guerrilleros, según la UIAF, es la de crear empresas para comprar las deudas que los afiliados de las cooperativas de ahorro o de las asociaciones de pensionados adquirieron con esas entidades. Una vez hecho el negocio, la empresa cobra las deudas y mezcla el efectivo con recursos ilícitos, que se supone hacen parte de su capital. Todo ello va a una cuenta bancaria, de la que más tarde terceros retiran el efectivo, “limpio” a los ojos del sistema financiero.
El tercer camino es crear juntas de acción comunal, cooperativas, iglesias u otras entidades, además de inyectarle recursos a fundaciones y asociaciones en quiebra. Acto seguido, los insurgentes usan intermediarios para que, a nombre de esas pequeñas organizaciones, compren títulos valores que luego son vendidos por partes o conservados para obtener rendimientos. Finalmente, los dineros de las operaciones ingresan a las arcas de las organizaciones ilegales.
La cuarta manera de lavar plata y obtener recursos empieza con la creación de cooperativas dedicadas a cultivar, criar ganado o comerciar productos, cuyas ganancias se supone serán invertidas en comunidades pobres.
Para que las organizaciones tengan credibilidad, los guerrilleros compran o construyen una sede e invierten un pequeño capital a través de simpatizantes. De esa manera, consiguen que los pobladores se afilien a los cooperativas y que, entre todos, diseñen proyectos productivos, para los cuales solicitan créditos y subsidios.
Cuando los proyectos son aprobados, los recursos provenientes de los bancos, de los afiliados, del Estado o del exterior, llegan a las cuentas de las cooperativas, que invierten una pequeña parte en su ejecución. El resto, dice la investigación, entra a engrosar las arcas de las organizaciones armadas.
Según el documento, las guerrillas también usan ese modelo para que los combatientes y sus familias obtengan atención en salud, educación, vivienda y crédito. Asimismo, para hacer inteligencia y ampliar su base social.
La quinta y última forma involucra a empresas extranjeras que, a través de sus sucursales en Colombia, donan grandes cantidades de dinero a entidades sin ánimo de lucro para, supuestamente, poner en marcha programas sociales. Dichas entidades invierten una mínima porción de los recursos en actividades lícitas, mientras que el resto lo giran en cheques a terceros. Estos últimos mueven el dinero en efectivo o lo invierten en bienes que quedan a nombre de empresas fachada. Los recursos de las donaciones también terminan en manos de ilegales gracias a compras falsas de tierras, en las que se supone se desarrollarían los proyectos productivos.
Es de esas maneras que, asegura el Gobierno, las organizaciones guerrilleras han conseguido dar apariencia de legalidad a una parte de los millones que obtienen de sus actividades criminales. Sin embargo, el secreto con el que esas estructuras manejan sus finanzas y la incapacidad del Estado para desentrañarlas hacen prever que no será hasta después de la firma de la paz que el país podrá enterarse de dónde están los dineros, en qué y cómo se invirtieron, quiénes participaron en estas y otras complejas redes de lavado y cuántos de esos recursos se usarán para reparar a las víctimas.
