Doce personas habrían sido asesinadas por la guerrilla cerca de la zona de desminado en medio de disputas con Los Urabeños por la coca.
El coronel Wilson Pardo, comandante de la Policía en Antioquia se pregunta por qué los medios no publican que en el último mes no ha ocurrido un solo homicidio en el municipio de Briceño. Dice que las noticias sobre la violencia en esa localidad del Norte del departamento donde, según información de la misma Policía, han sido asesinadas nueve personas en lo corrido de 2016, son puro “amarillismo”.
La cifra, reconoce el oficial, es alta si se tiene en cuenta que en la cabecera urbana del municipio no viven más de 2.500 personas. Es aún peor si se considera que, a mediados de abril, fueron cuatro las personas asesinadas en menos de una semana. Pero mucho más si se abordan los datos desde octubre de 2015: a partir de ese momento y hasta el último caso, ocurrido el pasado 14 de abril, 18 personas fueron asesinadas en Briceño, una más que todos los homicidios ocurridos en 2014.
Ese año, la cifra de 17 personas asesinadas bastó para que, según Medicina Legal, la localidad fuera la del mayor índice de homicidios en Antioquia y la segunda de Colombia: 195,16 por cada 100 mil habitantes. Pero entonces, lo sucedido entre octubre y abril muestra un panorama aún más complejo. Si se toma como base la proyección del Dane sobre la población total en ese municipio para 2016 —8.692 personas—, en ese periodo de poco más de seis meses, Briceño tuvo una tasa de 207 homicidios por cada 100 mil habitantes.
A esa situación se suma otro factor: 12 de los 18 asesinatos ocurridos entre octubre y abril habrían sido cometidos por las Farc con el argumento de perseguir a integrantes o supuestos colaboradores de Los Urabeños. Entre las víctimas están comerciantes, cultivadores cocaleros y también personas que la comunidad reconoce como integrantes de grupos armados. Incluso, la autoría material de varios de esos homicidios se le atribuye a un guerrillero conocido con el alias de “Cabuyo”.
Aunque las autoridades militares y de Policía no se refieren al tema, la información fue corroborada por ¡PACIFISTA! con funcionarios de una entidad del Estado con presencia en la zona, que pidieron reserva de su identidad. La versión también fue confirmada por varias fuentes de la zona rural y de la cabecera municipal de Briceño.
Eso significaría que desde finales de 2015 hay en esa zona, muy cerca del lugar donde avanza el proyecto piloto de desminado pactado en La Habana, violaciones al cese al fuego unilateral declarado por la guerrilla. La razón, según las fuentes consultadas, es que desde octubre pasado se habrían roto algunos viejos acuerdos entre el frente 36 de las Farc y Los Urabeños para dividirse el territorio del municipio.
Los pactos contemplaban que mientras el corregimiento de Pueblo Nuevo con todas sus veredas —entre ellas Orejón, donde se desarrolla el desminado— seguiría estando bajo el dominio histórico de la guerrilla, el corregimiento de Las Auras y la cabecera municipal estarían bajo el control de Los Urabeños. Eso le daba a cada grupo una especie de “cláusula de exclusividad” para manejar el negocio de los cultivos ilícitos en un municipio donde cálculos oficiales indican que cerca del 95% de los pobladores de las zonas rurales dependen de la economía cocalera.
“En los últimos años había un control de todo el territorio por el Clan Úsuga y por el frente 36 de las Farc. Tenían territorios claramente demarcados, controlando todo el tema de cultivos, transporte y comercialización de la coca. Había unas zonas claramente delimitadas para el accionar de cada uno de estos grupos con unos acuerdos para dividirse el territorio. A partir de octubre empezaron a presentarse unos homicidios en Briceño y las fuentes de la zona empezaron a decir que el pacto entre estos grupos se había acabado”, explica uno de los funcionarios.
En el centro de las nuevas disputas estaría justamente el negocio de la coca y recientes incursiones de la guerrilla a lugares donde eran Los Urabeños quienes controlaban ese mercado: “Las Farc han tomado posiciones en territorios que eran de la bacrim. Ellos el año pasado mataron gente en las afueras del municipio, fueron a la zona urbana y ahí asesinaron gente, llegaron camuflados y con todos sus distintivos. Lo que se vio después fue un receso de la compra de coca porque ninguno de los dos grupos tenía plata. Las Farc como en febrero volvieron a comprar coca y lo hicieron en territorios de la bacrim. Cuando el Clan Úsuga llegó a comprar, se encontraron con que ya la gente no tenía el producto”.
A los homicidios se sumaron las amenazas y las intimidaciones que, también desde el año anterior, han generado un desplazamiento silencioso pero constante. Entre las víctimas se encuentran, por ejemplo, tres contratistas de la administración municipal que tuvieron que salir del pueblo. Los primeros casos empezaron en diciembre en un sector de la zona urbana reconocido porque allí se han asentado integrantes de Los Urabeños. De acuerdo con pobladores de la zona, varias familias salieron en las noches y dejaron sus viviendas cerradas.
“A la gente le llegaba por vía telefónica o a través de un emisario la orden de que debía de abandonar el municipio. Para nosotros eso obedece a una disputa por el control del territorio (…) es en el marco del proceso de paz. La pregunta que nos hacemos nosotros es por qué las Farc están interesadas en ganar más territorio cuando están en un proceso de negociación”, dice otro funcionario consultado.
¿Emergencia humanitaria o casos aislados?
“Salen dos, tres, cuatro personas, pero graneaditos. La gente sale calladita y ni dice que se va. La cosa ha estado así en estos días, mucha gente se ha tenido que ir. Ahora está un poquito más calmada la cuestión, pero vos sabés estos pueblos como son: se calman unos días y después vuelven y se ponen calientes”, dice un habitante del municipio.
Eso lo corrobora la Unidad de Víctimas, que tiene información de por lo menos 19 familias que se han desplazado del municipio desde diciembre pasado. Esa situación, de acuerdo con Jorge Mario Alzate, director territorial de esa entidad en Antioquia, ha desatado una emergencia humanitaria en Briceño.
“Hay unas tensiones muy fuertes entre los grupos armados que están en la zona: las Farc y el Clan Úsuga. A pesar de que hay esfuerzos importantes de la Fuerza Pública por contener esa situación, son insuficientes y esto ha ocasionado desplazamientos y homicidios. Si bien es una zona priorizada por el Gobierno Nacional frente al desminado, al parecer no hay una línea de mando total en el territorio. Una cosa es Orejón y quienes están en el desminado y otra cosa es ese mismo grupo en todo el territorio de Briceño. Detrás hay un negocio muy fuerte de cultivos ilícitos (…) en el marco de ese negocio a la gente la están matando y la están desplazando”, explica Alzate.
Sin embargo, para instituciones como la Policía, la vinculación de las Farc con esos crímenes es apenas una de varias hipótesis que se investigan. “No son enfrentamientos. Los casos que se han presentado son con gente que está de una u otra forma vinculada al crimen organizado. Esa [la responsabilidad de las Farc en esos hechos] es una hipótesis importante, pero las investigaciones las estamos adelantando”, dice el comandante de la Policía en Antioquia.
A la pregunta directa sobre la posibilidad de que esa guerrilla haya violado su cese unilateral en esa región, el coronel Pardo responde que no es posible afirmar que eso haya ocurrido: “Eso no se puede decir. Estamos hablando de máximo cuatro personas que hacen embarradas, pero estamos en la investigación. Son cosas aisladas, no necesariamente por estructura u organización, sino que son cosas personales”.
Por su parte, la Cuarta Brigada del Ejército, con jurisdicción en la zona, aseguró que sus voceros no se refieren al tema debido a que señalar una eventual violación al cese al fuego por parte de la guerrilla les compete al Ministerio de Defensa o a la Cúpula de las Fuerzas Militares. Efectivamente, fue el ministro Luis Carlos Villegas quien el lunes de la semana anterior reconoció que las Farc fueron las responsables del asesinato de tres militares que recibieron disparos de francotiradores en el departamento de Caquetá.
Lo cierto es que a esas declaraciones y a la situación que enfrenta Briceño se suma un factor político que parece estar condicionando a algunos funcionarios del Estado para referirse a los posibles responsables de esos hechos. ¿Por qué si las comunidades y los funcionarios civiles que hacen presencia en esa zona tienen la certeza de que los responsables de buena parte de esos crímenes son las Farc, las autoridades a las que les competen esos casos —las mismas que hace algunos años atribuían casi de forma automática cualquier crimen a esa guerrilla— dicen ahora desconocer quiénes están detrás de los asesinatos y los desplazamientos?
El frente 36 y su postura frente a La Habana
Para una investigadora social que ha trabajado en el área de influencia del frente 36 de las Farc, la selección por parte del Gobierno y esa guerrilla de la vereda Orejón para desarrollar el proyecto piloto de desminado humanitario obedece, entre otras razones, al interés de generar un vínculo más estrecho de esa estructura guerrillera con el proceso de paz de La Habana.
Eso, asegura la fuente, obedece a que si bien la guerrilla ha insistido en que todas sus unidades están alineadas con la negociación y ese parecía un debate superado, en el frente 36 existirían por lo menos algunas facciones que parecen no estar dispuestas a renunciar al negocio del narcotráfico del que se han lucrado durante años.
Esa hipótesis explicaría por qué la confrontación en Briceño se estaría dando por cuenta del interés de la guerrilla por expandirse a zonas, tan cocaleras como las que domina, pero donde el negocio hoy es controlado por otros actores armados.
Entonces, aun con desminado, con cese al fuego y con los avances del proceso de negociación, algunos sectores de ese frente, por cuenta propia o acatando órdenes, estarían interesados en crear un escenario que, luego de la desmovilización les permita, bajo otra denominación, mantenerse como los controladores del negocio de la coca que, eso sí, mantiene a los campesinos en el último eslabón de la cadena.
