Las disidencias secuestraron la implementación en el Guaviare

El asesinato de Jimmy Medina, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto Nuevo, causa temor a quienes apoyan la sustitución de cultivos.

El asesinato de Jimmy Humberto Medina, en la vereda Puerto Nuevo de San José del Guaviare, confirmó lo que diferentes organizaciones sociales sospechaban: la vida de los líderes sociales de la región suroriental del país, quienes en muchos casos también trabajan como defensores ambientales, corre riesgo por la presencia de grupos armados, como las disidencias de las Farc y otras organizaciones interesadas en adueñarse de baldíos. Medina – líder de 32 años y padre de dos niños–, era el vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de su vereda. Lo asesinaron el martes pasado en el corregimiento Capricho, cuando hacía labores de verificación del mejoramiento de la vía Puerto Nuevo-Cachicamo.

El caso, dado a conocer por la Mesa de Interlocución y Acuerdo Mia Guaviare y Sur del Meta, generó una preocupación generalizada en las Juntas de Acción Comunal del Guaviare, donde la mayoría de integrantes respaldan los procesos de sustitución de cultivos ilícitos. El asesinato, además, tiene signos de tortura: recibió ocho impactos de bala y al parecer fue agredido en un costado de la carretera. La Asociación de Campesinos, Trabajadores y Productores de la Región del Río del Guayabero (Ascatragua) relacionó la violencia con los grupos armados que operan en la región y que sabotean la implementación del acuerdo de paz con las Farc: “Una vez más convocamos a los habitantes de la región a abrazar los acuerdos de paz de la Habana e impedir que los actores violentos obstruyan su implementación”, señalaron mediante un comunicado de prensa.

La  vereda de Puerto Nuevo ya había sido objeto de ataques contra la población civil en los últimos meses. El pasado 9 de julio, por ejemplo, un paquete bomba dejó seis personas heridas (dos eran soldados) en El Capricho. La paz, los habitantes lo saben, no ha llegado al Guaviare por las actividades de grupos armados como las disidencias de las  Farc. Aunque el ministerio del Interior dice que  140 personas integran las disidencias, las Fuerzas Militares señalan que son cerca de 500. Testimonios de exmilicianos recogidos por agencias coinciden en que la cifra puede rondar los 500 o 450. A este problema se suma la presencia de organizaciones como las Autodefensas Gaitanistas.

La zona donde ocurrió el asesinato es dominada por la disidencia del Frente 7 de las Farc, liderada por Miguel Botanche Santillana, alias ‘Gentil Duarte’, un veterano excombatiente de la guerrilla que ocupó diferentes mandos relevantes. Incluso fue uno de los representantes del Bloque Oriental en el Estado Mayor Central de las Farc. En este Bloque fue clave en la coordinación de cobros extorsivos a compañías petroleras y mineras, así como en el control de productores y compradores de base de coca. Esta misma dinámica es la que han aplicado otros frentes disidentes, como el 1 (liderado por ‘Iván Mordisco’ y ‘John 40’), el 14  y el 62, los dos últimos con incidencia en la región del Guaviare, Meta y Caquetá.

Carlos Romero, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal San José del Guaviare ratifica esta realidad: “La disidencia está ahí y ese ha sido uno de los grandes problemas para que las comunidades puedan vincularse a programas como el de sustitución de cultivos”. Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, refuerza la tesis del fortalecimiento de las disidencias: “Han venido creciendo, siguen extorsionando y amenazando a líderes sociales que promuevan la sustitución de cultivos. El problema es que ya no son solo exintegrantes de las Farc, sino que también están reclutando nuevos combatientes. Si siguen así, va a ser muy difícil implementar el acuerdo de paz”.

Hasta el momento, el Gobierno ha respondido con algunas acciones militares. La más exitosa fue el pasado 27 de septiembre, cuando  fue abatido ‘Euclides Mora’, el segundo al mando de las disidencias de las Farc en la zona rural de Calamar (Guaviare).

¿Qué dicen otros líderes comunitarios?

Romero conocía de cerca el trabajo de Jimmy Medina. “Él estaba muy metido vigilando el arreglo de vías en la zona. También estaba apoyando trabajos comunitarios y era beneficiario del programa de sustitución de cultivos ilícitos. Como vocero de la comunidad de la vereda convocaba reuniones, hablaba con las familias y entregaba información sobre los proyectos del Gobierno”.

Una información similar fue la que recibió Pedro Arenas, exalcalde de San José del Guaviare: “Él estaba haciendo trabajos comunitarios en una carretera que están haciendo y que comunica a su vereda con otras. En ese trabajo lo interceptan, se lo llevan y luego se escuchan los tiros. Todo lo demás está en averiguación. Las personas que estaban cerca no han querido decir nada”.

Fuentes cercanas al caso nos contaron que Jimmy Medina estaba trabajando como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal hace dos meses y, entre otros trabajos, estaba realizando el conteo de fauna en la vereda por el impacto que podrían generar nuevos proyectos de infraestructura. Esta zona, afectada por la deforestación, ha sido golpeada por grupos armados que la utilizan como un corredor de la economía ilegal, como el tráfico de madera y los insumos para los cultivos de coca. “Allá solo les tienen un nombre: los de ‘Gentil Duarte’. No hay derecho, la gente no tiene por qué estar viviendo esto otra vez”, dijo una persona que lo conocía en la región.

Escenario previsible

En el estudio Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición, de la Fundación Ideas para la Paz, publicado en julio de este año, aparecen algunos peligros que amenazan la vida de los líderes sociales en el Guaviare. La formación de las disidencias de los frentes 1, 7 y 44 de las Farc, dice el documento, “ha dado pistas de estar en capacidad de enfrentar al Estado colombiano, de utilizar violencia predatoria y de generar impacto humanitario sobre las poblaciones”.

Teniendo en cuenta los antecedentes, los investigadores de la fundación consideran que se puede presentar un “escenario poco deseable”, en donde las disidencias se fortalezcan militarmente, “aupadas por el aprendizaje que adquirieron en la guerra y por agentes transnacionales en zonas de frontera, y construyan alianzas con estructuras del crimen organizado, grupos guerrilleros remanentes, milicias de las Farc y redes de intermediarios del narcotráfico”.