En el Tribunal de Medellín se libra un duro debate sobre el paramilitarismo y la manera como fueron asesinados ocho campesinos en 2005.
Cuando el Tribunal Superior de Medellín condenó al exparamilitar Uber Yáñez por una de las masacres cometidas en San José de Apartadó (Antioquia), la verdad sobre lo ocurrido ese 21 de febrero de 2005 parecía esclarecida. Sin embargo, una decisión de la Corte Suprema de Justicia de 2015, conocida por ¡Pacifista!, declaró “inexistente” esa versión de la historia.
En el fondo, el alto tribunal abrió el debate sobre una serie de preguntas: ¿Es posible entender el paramilitarismo como un fenómeno netamente contrainsurgente? o, por el contrario, ¿se trata de una expresión criminal con intereses políticos y económicos que no dependía de la existencia de la guerrilla?
La decisión de la Corte de anular la condena contra Yáñez estuvo motivada por los duros cuestionamientos que los magistrados María Consuelo Rincón y Rubén Darío Pinilla —de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal— habían planteado contra esa sentencia, elaborada por su colega Juan Guillermo Cárdenas.
En concepto de la Corte, el fallo no existe porque no contó con la aprobación de dos de los tres magistrados que integran la Sala. Se trata del más reciente capítulo del enfrentamiento que sostienen Cárdenas —de un lado— y Rincón y Pinilla —de otro— por la manera como se debería analizar el fenómeno del paramilitarismo en los estrados judiciales.
Aunque la confrontación es vieja, es la primera vez que esas discrepancias echan al traste una sentencia completa.
Todo indica que anular el fallo era la única opción que tenía la Corte. Rincón y Pinilla habían arremetido contra las conclusiones de ese documento, en el que se condenó a Yáñez por el asesinato de ocho campesinos del corregimiento de San José de Apartadó, entre ellos tres niños, y se indemnizó a 59 víctimas con más de $1.400 millones. En la época en la que se cometieron los crímenes, Yáñez fungía como comandante militar del bloque Héroes de Tolová, cuyo máximo jefe era Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”.
Una de las discrepancias más serias tuvo que ver con la manera como se elaboró el contexto en el que se cometió la masacre, ejecutada en febrero de 2005 por paramilitares de ese bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia y por integrantes del Ejército, tal como ha concluido la justicia.
Según Pinilla, la sentencia no explicó cuáles fueron las “verdaderas causas” que permitieron el surgimiento y la expansión del paramilitarismo, ni dijo nada sobre quiénes financiaron y apoyaron al bloque Héroes de Tolová. El magistrado también protestó por que no se hubiera relacionado a esa estructura con la Convivir Amigos por Valencia, dirigida por el también condenado exalcalde de Valencia (Córdoba) Mario Prada Cobos.
Además, se cuestionó que se siguiera presentando a las Autodefensas como una organización ilegal que surgió para responder a la “necesidad” de campesinos, comerciantes y terratenientes de “defenderse de los atropellos de la guerrilla”. Ello, porque la población civil fue la más afectada por las graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario que cometieron los paramilitares.
Pinilla también se opuso a que se consideraran la ‘parapolítica’ y el despojo de tierras como parte de una estrategia contrainsurgente, pues en la sentencia se dijo que los ‘paras’ impulsaron coaliciones políticas y se apropiaron de grandes cantidades de tierra para “derrocar a la subversión”. Según el magistrado, esas explicaciones son “distorsionadas” y ocultan los ‘verdaderos intereses’ que motivaron la expansión paramilitar.
En la misma línea, Pinilla aseguró que la sentencia asoció las muertes de los campesinos de San José “con el hecho de ser auspiciadores o simpatizantes de los grupos armados insurgentes”, lo cual constituyó “una afrenta para las víctimas y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”.
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En 1997, después de soportar dos masacres, los habitantes de San José de Apartadó se constituyeron en Comunidad de Paz. Foto: cdpsanjose.org
Una opinión similar expresó la magistrada Rincón, quien protestó enérgicamente porque se hubiera aceptado la versión que Yáñez rindió sobre la masacre. En varias ocasiones, el exparamilitar sostuvo que en la casa de varias de las víctimas había guerrilleros de las Farc que se enfrentaron con las escuadras que él comandaba, ‘legitimando’ de esa manera el ataque. Según Rincón, “tal referencia a (un) enfrentamiento con la guerrilla no la hacen ni siquiera los militares” procesados por esos hechos.
Igualmente, ambos magistrados opinaron que su colega Cárdenas se quedó cortó a la hora de abordar ciertos temas. En su concepto, la sentencia no ahondó en las desapariciones y los reclutamientos forzados que ejecutó el bloque Héroes de Tolová, en la manera como esa estructura participó en el negocio del narcotráfico, y en los trabajos forzados a los que sometió a los pobladores de su zona de influencia cuando no “acataban” sus órdenes o transgredían sus normas de comportamiento.
Finalmente, Rincón y Pinilla criticaron que sólo se hubieran incluido en el fallo a siete víctimas de desplazamiento forzado, que se hubiera negado la petición de la comunidad de instalar un monumento en el lugar donde se cometió la masacre, y que no se hubiera tomado ninguna determinación respecto a las denuncias de un líder comunitario, quien dijo que la brigada XVII del Ejército vincula a los niños de la zona a una actividad llamada “soldado por un día”.
Para la magistrada Rincón, “tal actividad, violatoria de los derechos humanos, no tiene justificación (…), además que estimula en quienes participan en ella el deseo de ser actores o parte del conflicto”.
En cuanto a Yáñez, se dijo que no contribuyó a la verdad y que su única motivación para permanecer en el proceso de Justicia y Paz era obtener la pena alternativa de ocho años de prisión.
El ‘expara’ responde
Tras la decisión de la Corte Suprema de anular la sentencia, al magistrado Juan Guillermo Cárdenas no le quedó otra opción que convocar nuevas audiencias y elaborar un segundo fallo.
En las diligencias, que acaban de realizarse, Uber Yáñez reiteró su versión sobre la masacre y dijo que no tenía conocimiento sobre los vínculos de “Don Berna” con el narcotráfico, ni de sus relaciones con políticos, funcionarios, militares o comerciantes. También dijo que sí había contribuido con la verdad y que la única razón de ser de los paramilitares fue combatir a la guerrilla, “que tenía azotada esa zona, tanto a ganaderos con extorsiones, (como) a dueños de fincas y al comercio en general”.
En cuanto al brutal asesinato de dos de los tres menores, Yáñez dijo que “entre todos (los paramilitares) dijimos: ‘nos vamos a llevar los niños’, pero el capitán (Guillermo Armado) Gordillo —condenado por su participación en esos hechos— dijo que él no podía dejar hacer eso, porque esos niños crecían y le dañaban la carrera. Entonces empezó el dilema de que había que desaparecer a todo el mundo, no dejar a nadie vivo, y fue cuando se tomó la decisión de que tocaba… o sea… se tenía que desaparecer a estas personas…”.
En las próximas semanas la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín deberá emitir una nueva sentencia que aclare las inquietudes de los magistrados Rubén Darío Pinilla y María Consuelo Rincón, y que permita cerrar uno de los múltiples capítulos violentos que ha vivido la comunidad de San José de Apartadó.
