Las alarmas que prendió el Acuerdo Final entre las comunidades afro e indígenas

Están relacionadas con la titularidad de la tierra, las garantías de seguridad y la conservación del medio ambiente.

El pasado 24 de agosto, un día antes de que el Gobierno y las Farc concluyeran la negociación del Acuerdo Final, la Comisión Étnica para la Paz puso a circular un duro comunicado en el que anunciaba la realización de un paro nacional si la mesa de conversaciones no incluía un capítulo étnico en el Acuerdo. Según la Comisión, integrada por la Organización Nacional Indígena de Colombia y por el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, los negociadores se saltaron los procedimientos acordados para la construcción de ese capítulo y los convocaron a una reunión de última hora en La Habana para incluir lo que alcanzara “en una tarde”.

Al día siguiente, cuando se hizo público el Acuerdo, apareció el capítulo étnico. Allí quedó consignado que se respetará la titularidad de los territorios de las comunidades afro e indígenas, se garantizará la inclusión de sus candidatos en las listas de las Circunscripciones Especiales de Paz y se les consultará antes de poner en marcha los programas de desarrollo rural, desminado y sustitución de cultivos.

Pese a ello, las comunidades continúan preocupadas por algunos de los puntos que el Gobierno y las Farc acordaron en Cuba. La semana pasada, en el “Encuentro nacional sobre derechos territoriales, transición hacia la paz y compromisos frente al cambio climático”, dirigentes afro e indígenas señalaron retos en materia de tierras, gobernanza y medio ambiente.

Hablamos con José Absalón Suárez, del Proceso de Comunidades Negras, y con Omaira Bolaños, directora del Programa de América Latina de la onegé Rights and Resources Group, quienes participaron en la organización del evento. Ambos nos resumieron las alarmas que prendió el Acuerdo Final entre los grupos étnicos.

¿Por qué las comunidades afro e indígenas están inquietas por lo que pueda pasar con sus tierras durante la implementación del Acuerdo?

Omaira Bolaños: Porque no saben qué va a ocurrir con los territorios que han ocupado históricamente y que el Gobierno no ha titulado. Puede ser que en la intención válida de darle tierra a los campesinos, el Gobierno resulte violentando los derechos de los grupos étnicos.

José Absalón Suárez: Hay muchas comunidades que no tienen seguridad jurídica sobre sus territorios. En el Pacífico, por ejemplo, la titulación está muy avanzada, pero no ocurre lo mismo en el Caribe, en algunos valles interandinos y en el Magdalena Medio. También nos preocupa la gobernanza, porque en la implementación emergerá una nueva institucionalidad, que deberá aprender a dialogar con las autoridades tradicionales de los pueblos afro e indígenas.

Además de la propiedad, los pueblos étnicos han manifestado temor por la eventual dinamización de la economía en sus territorios. ¿Qué les preocupa?

JAS: Dos cosas. La primera está relacionada con los lugares donde estarán ubicadas las Zonas Veredales de concentración. Sabemos que en esos territorios las Farc van a desarrollar su proyecto político. ¿Y cuál ha sido la historia de las Farc allí en materia económica? La obtención de recursos a partir de la minería y el narcotráfico. Lo que uno avizora es que ellos (los exguerrilleros) van a tratar de implementar modelos de desarrollo similares, que están en contravía de lo que nosotros aspiramos.

La segunda, estamos en alerta por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que se van a implementar en virtud del Acuerdo, porque no sabemos cómo van a impactar los derechos territoriales.

En el Cauca, las autoridades indígenas y afro prevén choques con los campesinos por cuenta de los procesos de titulación y legalización de tierras que se acordaron en La Habana. ¿De qué manera se podrán tramitar esas disputas?

JAS: Es un tema que recién estamos revisando, aunque la alerta está prendida. Tradicionalmente, las comunidades negras e indígenas han compartido territorios amplios, sin deslindes jurídicos. Sin embargo, cuando se han hecho procesos de demarcación han surgido conflictos; lo vivimos con la titulación colectiva que arrancó a mediados de los 90. Ahora, entre esas dos etnias y los campesinos la cosa puede ser más compleja, porque las lógicas de uso y gobernanza son distintas. Ahí hay un gran reto.

OB: En realidad, el problema ocurre porque el Gobierno no ha resuelto solicitudes de titulación y ampliación que están pendientes desde hace muchos años. Si eso estuviera claro, los pueblos indígenas y afrodescendientes no estarían preocupados por dónde se van a poner las zonas de reserva campesina.

Un asunto crucial para los pueblos étnicos es el de la conservación del medio ambiente. La guerra ha contaminado las tierras con atentados petroleros, minas antipersonal, cultivos de uso lícito y minería ilegal. ¿Cómo creen que se abordó ese tema en la mesa de conversaciones?

JAS: Nunca se puso sobre la mesa. Es más, fue parte de las cosas que la Comisión Interétnica intentó llevar sin éxito a La Habana.

En este punto, hay tres situaciones que para nosotros son clave. La primera, que el Gobierno tiene claro que la minería y los grandes proyectos de infraestructura son los motores de la deforestación y la degradación, y aún así los asoció con el crecimiento económico del país. La segunda, que es necesario robustecer la institucionalidad que tenemos en materia ambiental. Y la tercera, que se deben fortalecer las organizaciones étnicas para que puedan hacerle frente a ese modelo de desarrollo.

Uno podría pensar que, si ese tema no se incluyó en los acuerdos, las comunidades lo van a poder negociar durante la implementación gracias a la apertura democrática contemplada en el punto de participación política. ¿Creen que tienen garantías para dar esa pelea?

JAS: No. En territorios de comunidades negras, por ejemplo, hay 1.009 títulos mineros. Nosotros le hemos dicho al Ministerio de Minas que es necesario revisar si al momento de hacer esas adjudicaciones se respetó el derecho a la consulta previa. Eso nos ha traído amenazas. Planteamos, entonces, que se debe poner en marcha un mecanismo de protección colectiva para quienes defienden el medio ambiente y los derechos de las comunidades. Estamos construyendo un protocolo para salvaguardar la vida de los líderes y sus familias.

OB: La persecución contra quienes defienden el medio ambiente no es un tema exclusivo de esta coyuntura. Sucede en Colombia y en todo el mundo. Esto no tiene que ver sólo con el Gobierno, sino también con empresas y actores criminales. Es un asunto de economía internacional, de la presión que existe sobre los recursos mineros y petroleros, que en su mayoría están en territorios de pueblos étnicos. Hay que dialogar con el sector privado sobre la necesidad de que se respeten los derechos colectivos de tenencia al momento de definir proyectos de inversión.

El Gobierno plantea que con la desaparición de las Farc como organización armada las empresas van a poder ingresar a zonas hasta ahora vedadas por la guerra. En esas áreas, ¿cómo podrían articularse ambos modelos de desarrollo?

JAS: Hay que cambiar el concepto de desarrollo por el de buen vivir comunitario. Eso incluye que las nuevas iniciativas económicas que se planteen tengan en cuenta los sistemas de producción de las comunidades frente a la pesca, la agricultura, la minería artesanal y el aprovechamiento forestal, que son economías de bajo impacto. Estamos en alerta, porque sabemos que hay grandes compañías que están esperando a que se pongan en marcha los acuerdos para explotar los territorios donde hasta ahora no han podido entrar por la presencia de las Farc.

OB: Las aspiraciones de desarrollo económico que tiene el Gobierno no son coherentes con los compromisos que adquirió en la Conferencia sobre el Cambio Climático de París para reducir la deforestación, la degradación y las emisiones de dióxido de carbono. Además, el Plan Nacional de Desarrollo tiene un enfoque muy amplio en desarrollo rural, pero trayendo inversión extranjera. También está la ley Zidres, que puede tener una contradicción con los acuerdos de paz. En ese contexto, es necesario que el Gobierno reconozca efectivamente los sistemas de manejo territorial y de recursos que han construido los pueblos afro e indígenas.

Después de que las Farc dejen las armas, ¿qué retos en materia de seguridad tendrán que enfrentar las comunidades?

JAS: Estamos frente a un grupo armado que cierra unos fusiles, pero que no necesariamente tiene una jerarquía sobre cada uno de sus sus militantes. De otro lado, las bandas criminales van a seguir manteniendo un cierto nivel de dominio en algunos de nuestros territorios, donde hay control de mercados, extorsión y agudización del microtráfico. Los acuerdos de paz nos ponen otros desafíos: los de enfrentar estas violencias que siempre han existido, pero que ahora espuman y que no están siendo tratadas adecuadamente.

OB: Existen muchos grupos al margen de la ley que quieren ocupar espacios y otros que todavía no han negociado, como el ELN. Pero así como hay un escenario de riesgo, esperamos que en algunas áreas el Gobierno pueda asumir el control. Ahora, los temas cálidos están alrededor de cómo en estos territorios de los pueblos étnicos, o cerca de ellos, los acuerdos van a vulnerar o a limitar el ejercicio de ciertos derechos. Ese es, quizá, el punto álgido.