La Comisión de la Verdad hizo un encuentro para escuchar a los pueblos indígenas que son víctimas de la guerra y para que los actores armados reconocieran su responsabilidades. Salvatore Mancuso y 'Timochenko' pidieron perdón.
Hasta septiembre de este 2020, de las 9.057.952 víctimas del conflicto armado en Colombia que están inscritas en el Registro Único de Víctimas, 386.255 son indígenas. Y a la fecha continúan siendo violentados, desconocidos y discriminados por distintos actores armados. Sus pueblos no paran de sufrir agresiones como el desplazamiento forzado, la amenaza y el confinamiento, lo que los pone en riesgo de desaparecer.
Justamente el riesgo al exterminio y la violencia, que parece no tener fin, fueron los temas centrales del ‘Encuentro por la verdad indígena’ que hoy llevó a cabo la Comisión de la Verdad. Fue un espacio para reflexionar acerca de cómo el conflicto armado ha golpeado (y sigue golpeando) a los pueblos indígenas y para buscar mecanismos políticos, sociales e institucionales que ayuden a reparar los daños causados.
“Es un llamado para que la sociedad colombiana reconozca que el impedimento al libre goce de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios pone en riesgo su existencia física y cultural. También para que el Estado, actores indirectos y la misma sociedad asuman responsabilidades por la forma cómo los vemos y los asumimos como parte de la población”, explicó la Comisión.
Hoy en Colombia hay 1.905.617 indígenas, que representan el 4,4 por ciento de los habitantes del país. Además, de las 111,5 millones de hectáreas que componen el territorio nacional, 32 millones les pertenecen a ellos. Y se han identificado 115 pueblos indígenas, de los cuales 68 están en riesgo de desaparecer según la Organización Nacional Indígena de Colombia y la Corte Constitucional.
Históricamente estos pueblos han defendido sus territorios y han peleado por su supervivencia. Desde la época de la Colonia hasta nuestros días. Primero les tocó enfrentarse a los conquistadores, luego a los colonizadores y aún siguen defendiéndose de los grupos ilegales y de otros actores armados, quienes los colocaron en medio de un guerra ajena.
“El desplazamiento forzado, el confinamiento, el asesinato de líderes y autoridades, el reclutamiento forzado de jóvenes, las múltiples violencias contra las mujeres y niñas (entre ellas la violencia sexual), los procesos de despojo territorial y las graves afectaciones a sus derechos humanos y colectivos son algunos de los impactos que aún hoy viven muchas comunidades”, mencionó la Comisión.
Si bien con la Constitución Política de 1991 y la firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo se creó un marco legal para proteger a los pueblos indígenas en Colombia, la realidad es que no se cumple. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1982 y el 2017 se registraron 786 víctimas de masacres en territorios indígenas. Y mientras se daban los diálogos de paz en La Habana entre el Gobierno y la hoy desmovilizada guerrilla de las Farc —de 2014 a 2016—, a 58 indígenas los asesinaron y se documentaron 11.644 violaciones a sus derechos.
Justo este encuentro se dio en la semana en que la Minga del Suroccidente vino hasta Bogotá para abrir un diálogo político con el presidente Iván Duque y así encontrar soluciones a las violencias que viven a diario los pueblos indígenas. Por ejemplo, desde que Duque llegó a la Casa de Nariño (7 de agosto de 2018) hasta el 8 de junio de este 2020 fueron asesinados 167 líderes indígenas según el conteo que hace el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz — Indepaz. Además, este año se conoció el caso de una niña del pueblo Embera Katio que fue violada por militares en Risaralda.
La verdad de la violencia contra los indígenas
Es imposible enumerar en un artículo como este todas las violencias a las que han sido víctimas los pueblos indígenas en Colombia. Son bastantes. Pero haremos un ejercicio con cuatro casos que resumen cómo el conflicto armado los afectó. Empecemos por la masacre de Bahía Portete, en la Alta Guajira. El 18 de abril de 2004, alrededor de 40 paramilitares entraron a este poblado del municipio de Uribia para asesinar a los hombres de la familia Fince, del pueblo Wayúu. Como no los encontraron, los paras torturaron y mataron a las mujeres de esa familia.
“Los armados sacaron de sus casas a Margoth Fince Epinayú y Rosa Cecilia Fince Epinayú, cortaron las cabezas de estas matronas wayúu y las clavaron en estacas. La comunidad denunció que hubo violencia y tortura sexual contra las mujeres como mecanismo para arrasar y doblegar a miembros de su grupo étnico”, describió la Comisión.
Esta masacre, donde murieron seis wayúu, marcó un hito para ese pueblo, pues provocó el desplazamiento masivo de 600 indígenas. Tras ese episodio, Bahía Portete quedó casi deshabitado.
Otro caso significativo de violencia contra indígenas donde están involucrados paramilitares es el asesinato del líder Kimy Pernía Domicó, del pueblo Embera Katio. Él defendía los derechos de los embera en Tierralta, un municipio de Córdoba, y promovía la protección del medioambiente. En 1995 lideró una movilización de al menos 1.000 indígenas hacia Lorica para denunciar los efectos nocivos que trajo a su territorio la construcción de la hidroeléctrica de Urrá. Y en 1999 convocó una gran marcha embera rumbo a Bogotá que terminó frente al Ministerio del Medioambiente.
El 2 de junio de 2001 lo secuestró un grupo de paramilitares en Tierralta que lo asesinó y luego tiró su cuerpo al río Sinú. “En 2007, en el marco de Justicia y Paz, Salvatore Mancuso admitió la responsabilidad sobre su homicidio. Dijo haberlo asesinado por orden de Carlos Castaño y por oponerse a la represa de Urrá (…) Primero, su cuerpo fue enterrado en una fosa común. Luego, en 2002, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia se enteraron de que la Fiscalía haría exhumaciones en Tierralata, ordenaron sacar los restos y arrojarlos al río”, explicó la Comisión.
Ya que hablamos de líderes, Aida Quilcué es una sobreviviente de la violencia contra los indígenas. Ella pertenece al pueblo Nasa y es oriunda de Tierradentro, en el Cauca. Por su trabajo como defensora de los derechos de los indígenas, ha sido víctima de distintas amenazas y estigmatizaciones. Pero el golpe más duro fue el asesinato de su esposo, José Eduin Legarda, el 16 de diciembre de 2008. Según Quilcué, ese homicidio está relacionado con su vocería en la Minga de 2008. “Incluso recuerda que todo empezó con amenazas de los campesinos que ofrecían como recompensa una libra de arroz por la cabeza de un ‘indio’”.
Desde ese momento, Quilcé sufrió una persecución por parte del Estado. El Ejército la acusó de ser la responsable del asesinato de Legarda, argumentando que lo mandó a matar por problemas sentimentales. Su hija sufrió un atentado en 2009 y su familia fue intimidada varias veces. “Perdí la cuenta de las amenazas que recibí”, confesó. Pero finalmente la justicia esclareció su caso y condenó en 2010 a los verdaderos responsables del homicidio de su esposo: un sargento, un cabo y cuatro soldados del batallón José Hilario López de Popayán.
Los Nukak son otros indígenas que han sufrido por el conflicto armado. Hasta 1988, cuando el país se enteró de su existencia, vivieron en paz. Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el Guaviare y Guainía los hizo desplazarse hacia áreas urbanas, buscando refugio de las balas. Esto ha provocado que de a poco vayan perdiendo su identidad.
Las niñas y mujeres nukak han soportaron varias violencias, que van desde el abuso sexual hasta la esclavitud por parte de la hoy desmovilizada guerrilla de las Farc, la Fuerza Pública y los colonos del Guaviare y Guainía. En marzo de este año, Pacifista! estuvo en la entrega de un informe a la Comisión de la Verdad donde se recopilaron al menos 20 casos.
La dolorosa historia oculta de la violencia sexual contra las mujeres nukak
El perdón de Salvatore Mancuso y de las Farc
Durante el ‘Encuentro por la verdad indígena’, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso pidió perdón a la familia de Kimy Pernía Domicó por su asesinato y explicó las razones que tuvo en 2001 para comerte ese crimen. “Quisiera aprovechar la oportunidad para pedirles perdón, de todo corazón. Yo me equivoqué. Pido perdón por ello, por mis acciones en el conflicto”.
Como lo dijo Mancuso en Justicia y Paz, la muerte de Pernía Domicó fue una orden de Carlos Castaño. Sin embargo, el exjefe paramilitar aclaró este viernes que se trató de un crimen de Estado. “Yo como miembro de facto recibí una orden del Estado, de las Fuerzas Militares; recibí una orden del comandante Carlos Castaño en el sentido de asesinar. Nuestras ordenes eran dar de baja, eso significó matar al líder Kimy Pernía Domicó (…) Cuando construyen Urrá, que fue una decisión sin consulta que los afectaba directamente a ustedes como comunidad y provocó una ruptura de los elementos tradicionales de su cultura, empezaron las acciones sistemáticas desde del Estado guiadas a debilitarlos a ustedes para terminar cualquier intento de reivindicación de sus derechos”.
Además del asesinato de Pernía Domicó, en la estrategia para debilitar a los embera de Tierralta también estaba la restricción al libre ingreso de alimentos, los retenes y los ataques a sus canoas. “A ustedes los señalaban como colaboradores en algunos casos y en otros como miembros directos de la guerrilla que estaba en la zona”. Mancuso propuso un encuentro con el pueblo Embera Katio de ese municipio de Córdoba y con el Gobierno para dar más detalles de esa estrategia. “Van a conocer cómo nos informaban las instituciones del Estado cuando ustedes hacían presión contra ellas (…) Para que de una u otra manera nosotros nos encargáramos de esa presión”.
Marta Cecilia Domicó, hija del líder asesinado, le respondió a Mancuso que esperaba hablar con él para esclarecer el asesinato de su padre. Lo intentó en 2007 en el marco de Justicia y Paz, pero no lo logró. “Esperaba esta respuesta, que me dijeran la verdad de lo que le hicieron a mi papá. Que me dijeran quiénes fueron los responsables (…) Estuve en una ceremonia de mi papá y me dieron un ramo de flores, pero no sabía a dónde ponerlo”. Ahora Marta Cecilia sabe que el cuerpo de su padre fue tirado al río Sinú. Allí puede llevarle flores.
Por su parte, miembros de la antigua guerrilla de las Farc reconocieron las violencias que cometieron contra los pueblos indígenas, en especial la masacre de Murindó, en el Urabá antioqueño. Ocho líderes embera del Cabildo Indígena Murindó fueron asesinados en 1986 por ese grupo armado. Uno de los sobrevivientes contó que las Farc hizo esta matanza para “limpiar” la zona de “sapos”. Esto generó un desplazamiento masivo de familias hacia otros municipios. Incluso hacia Panamá.
Erika, una exintegrante de las Farc, reconoció que fue responsabilidad del Frente Quinto. “La historia de Murindó fue horrible, lo peor que nos pudo haber pasado”, dijo. Y agregó que fue tal el terror que causaron que “tocó que los indígenas nos vieran y corrieran de miedo”. La masacre fue una manera de imponer control sobre ese territorio, una forma de demostrar que esa guerrilla era la ley.
Rodrigo Londoño, hoy presidente del partido Farc y excomandante de la desmovilizada guerrilla, se unió al lamento de Erika por esa masacre. Luego pidió perdón por otra de las violencias que más afectó a los pueblos indígenas durante los años más intensos del conflicto armado: los abusos sexuales a mujeres indígenas.
“A nombre de la organización les pido que algún día nos puedan perdonar, por los efectos negativos de una lucha que en sus inicios y su final la creíamos justa, comprometida. Pero que desafortunadamente la forma como la desarrollamos, a través de la guerra y sus dinámicas, nos llevó a cometer estos execrables errores”, pidió quien en la guerra se hacia llamar ‘Timochenko’.
