La Mesa Distrital de Víctimas pide que se les compense con más dinero del que el Distrito ofrece. La pelea puede afectar a más de 420 mil víctimas en Bogotá.
La relación entre la Alcaldía de Bogotá y los representantes de la víctimas en la capital pasa por su peor momento. En los próximos días, el gobierno de Enrique Peñalosa tendrá que expedir el Plan de Acción Distrital -PAD-, que establece la política pública de atención, asistencia y reparación integral para todas las víctimas del conflicto en Bogotá por los próximos cuatro años. Y, si no hay un acuerdo con esos voceros, lo hará sin el visto bueno de los directamente implicados: la Mesa Distrital de Víctimas.
El gabinete de Peñalosa, representado por Ángela Anzola, alta consejera para los derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, y los 26 representantes de la Mesa no han podido llegar a un acuerdo sobre las condiciones de participación de las víctimas. Los representantes han dicho que la Alcaldía quiere que ellos asuman con sus propios recursos los costos económicos de tomar la voz de las víctimas, mientras el Distrito sostiene que entregarle a la Mesa los recursos que demanda es pervertir la esencia de la participación de las víctimas.
El debate es crucial porque el PAD definirá lo que hará la administración distrital para garantizar derechos como la salud, la educación y la vivienda de las víctimas durante los próximos cuatro años. Si no hay consenso, si los representantes de las víctimas no participan en la construcción de las políticas, durante los próximos años habrá una desconexión constante entre el Estado y laos representantes de las víctimas en la que los mayores afectados serán los cientos de miles de víctimas que hay en la ciudad.
La pelea tiene mucho que ver con la interpretación que se haga de las normas. En la Ley de Víctimas (1448 de 2011) quedó claro que es deber del Estado garantizar la participación efectiva de las víctimas en el diseño, implementación y ejecución de los planes que se creen para garantizarles sus derechos. Para brindar esas garantías, dice la resolución 0388 de 2013, el Estado debe proveer apoyo para el funcionamiento de cada una de las mesas de participación: transporte, estadía; apoyo para la elaboración de documentos y proyectos; y el apoyo necesario para las víctimas en condición de discapacidad y para las mujeres víctimas con hijos menores de 5 años. Los costos de todas esas garantías, de acuerdo con la resolución, deberán quedar consignadas en los planes de acción. Es decir, para el caso de Bogotá, en el PAD.
En 2012, cuando todavía no se había firmado esa resolución, la Mesa de Participación y la alcaldía de Gustavo Petro pactaron que se destinarían unos recursos para refrigerios –alimentación–, transporte (en Transmilenio), y una oficina para los representantes de las víctimas. En otras palabras, se garantizaron la mayoría de las condiciones que luego exigió la resolución. Pero, según Omar Vera, representante de las víctimas ante el Distrito, en el 2012, esas garantías pactadas no se incluyeron en el Plan de Acción Distrital -PAD-, y “si eso no queda en el Plan no existe”.
Aprovechando el cambio de Alcaldía, y la necesidad de elaborar un nuevo PAD, los representantes decidieron exigir sus garantías, que están establecidas por la ley. Para ellos, es ahora o nunca. Pero lo que exigen los representantes sobrepasa lo que el Distrito debe entregar. Eso, por lo menos, es lo que piensan en la Alta Consejería para las Víctimas. Está claro y establecido por ley que las medidas deben ser progresivas, es decir, que esta alcaldía tiene que ofrecer más que la anterior. ¿Pero cuanto más? Ninguno quiere ceder.
En un comunicado publicado el pasado 5 de julio, la Alta Consejería anunció sus ofrecimientos: un salario mínimo diario legal vigente ($22.981) para los miembros de las Mesas Locales, la Mesa Distrital, y las Mesas Autónomas –por una sesión de reunión al mes–; un salario mínimo legal vigente a los delegados de la Mesa Distrital para el Comité Distrital de Justicia Transicional; apoyo en alimentación, logístico y transporte (tres pasajes en SITP por integrante para cada sesión ordinaria de trabajo en el mes); apoyo necesario para las víctimas en situación de discapacidad o con enfermedad terminal (taxi); apoyo a las mujeres y padres con hijos menores; gestión de espacios, dotación y oferta productiva. En definitiva, más de lo que ofreció el gobierno anterior.
Pero para los representantes no es suficiente, ni se acerca. Exigen: garantizar 4 sesiones de cada una de las mesas, compensadas con 1.5 salarios mínimos diarios ($34.471); transporte digno (taxi) para las personas discapacitadas y para los demás 20 mil pesos por cada sesión que asista; atención a los hijos de los representantes; reducir los operadores y hacer entrega en efectivo de los recursos de alimentación, transporte y auxilio económico compensatorio; fortalecimiento técnico y reglamentación de los incentivos.
La discusión está estancada. Aunque los representantes reconocen ciertos avances, acusan a la administración de querer dilatar el proceso para que las víctimas no participen en la construcción del PAD. Por su parte, Anzola, la alta consejera, defiende sus propuestas diciendo que las pretensiones exceden las obligaciones del Distrito y que su oferta es el máximo posible teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales de la ciudad. “Ellos están volviendo esto un trabajo. Esto se trata de participar y representar a las víctimas. Lo que nosotros entregamos es una compensación más que un pago”, afirma.
Omar Vera, por su parte, afirma que “la Unidad de Víctimas tiene una resolución que dice que por lo menos en cada sesión de mesa, como una contribución positiva a la participación, se le deben reconocer dos salarios mínimos diarios vigentes a cada representante. Y para las reuniones extraordinarias un salario y medio. No hay diferencia entre las contribuciones que se le deben dar a un representante de una mesa local, departamental o nacional”.
La resolución 544 de 2014, que regula la tabla de valores de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, sí fija unos valores por la participación de dos salarios mínimos legales diarios vigentes y uno y medio salario mínimo legal diario vigente, por la asistencia de los representantes a sesiones ordinarias y extras. Pero lo hace específicamente para los representantes de la Mesa Nacional.
Esa misma resolución deja claro que la tabla también aplica a las mesas departamentales, distritales y municipales, cuando la Unidad de Víctimas requiera reunir estos espacios de participación. Cuando requiera hacer esa convocatoria, la financiación de la participación será compartida por el Gobierno central y las administraciones locales. Por otra parte, la misma resolución dice que la participación, cuando sea convocada a nivel municipal y departamental, será compensada bajo las tablas de valores para pagos se definirán en los planes de acción.
Llegar a un acuerdo parece que no será nada fácil. Anzola sostiene que el ejercicio de participación no puede convertirse en un fuente de ingresos. “Ellos, como líderes, están viendo sus intereses y los del resto no los están teniendo en cuenta”.
Mientras tanto, Omar Vera dice que “nosotros, cuando nos metimos a esto, sabíamos que teníamos que cumplirle a las víctimas. Esto es como los taxistas, 24/7 los 365 días. Uno no solamente mira la sesión, hace seguimiento a todo eso y tiene que estar reuniendo a la gente. A nosotros no nos queda tiempo de trabajar. Lo que les estamos diciendo no es que nos reconozcan el trabajo porque lo que nosotros hacemos es mucho más costoso”.
Lo cierto es que el Plan de Acción Distrital tendrá que ser entregado a finales de esta semana, y aprobado el 21 de julio, por el Comité de Justicia transicional, aún cuando no haya un acuerdo y no participen los representantes. Al final los más perjudicados por el desacuerdo serán las miles de víctimas que viven en la capital.
