El Cinep alertó sobre los hostigamientos que han recibido quienes defienden a las víctimas y el proceso de paz.
‘La vamos a matar’, “pero primero le pegamos una violada pa’ que respete a los hombres”. Eso escuchó al otro lado del teléfono la abogada Andrea Torres Bautista, subdirectora de la Fundación Nydia Érika Bautista, a finales de junio de 2015. La amenaza, según ella, está relacionada con su trabajo como defensora de víctimas en el caso La combinada, que es como se conoce la desaparición forzada de cinco agricultores cometida en 2003 por paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare con complicidad del sargento de la policía William Castillo Mosquera.
Un mes antes, una testigo del caso La combinada había recibido otra llamada: “a usted y a la abogada de la Fundación (…) el sargento las tiene en la mira (…) Él está ardido porque ustedes lo acusaron, y nosotros también. Pero sepan que a esas víctimas no las van a encontrar. Les hicimos de todo: sufrieron, lloraban, pedían clemencia. Y no las tenemos”. La amenaza estaba dirigida a la abogada Andrea Torres y se refería a las supuestas retaliaciones que podría emprender en su contra el sargento William Castillo, condenado en 2012 a más de 12 años de prisión por su participación en esas cinco desapariciones forzadas y por sus vínculos con paramilitares.
También en 2015 fue objeto de varias amenazas la secretaria en Sucre del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Íngrid Vergara. Su nombre apareció en al menos tres panfletos firmados por las Águilas Negras y Los Rastrojos entre enero y octubre de ese año, con los que se amenazó de muerte a más de 40 defensores de derechos humanos, sindicalistas, abogados de víctimas y de presos políticos, y reclamantes de tierras de la Costa Caribe. En uno de esos documentos se leía que Los Rastrojos no iban a permitir “el adoctrinamiento político de izquierda contra gente inocente”. Otros panfletos similares circularon en el norte del país, bajo la firma del Ejército Anti Restitución y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Todos estos hechos quedaron consignados en el informe “Situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Colombia 2015” dado a conocer este miércoles por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), que lleva cuatro décadas documentando los impactos de la guerra sobre la población civil en Colombia. Según el Cinep, en 2015 se cometieron 873 amenazas contra un número superior de víctimas, de las cuales 191 son defensores de derechos humanos. Para la entidad, estos hechos son una abierta reacción de grupos paramilitares contra el proceso de paz de La Habana.
El Cinep también asegura que 175 personas fueron injustamente detenidas en 2015 como retaliación por su apoyo a la negociación entre el Gobierno y las Farc. En el informe se lee que hay “una creciente criminalización de la protesta social mediante la judicialización de líderes sociales, ambientales y defensores de derechos humanos durante los casi cuatro años que lleva el proceso de paz”. Esa situación, dice el documento, “podría poner en peligro el proceso de validación de los acuerdos mediante el voto de la ciudadanía”, porque haría sentir a los líderes que promover la refrendación de lo pactado en Cuba “afecta su vida, libertad e integridad”.
En cuanto a otras victimizaciones, la entidad denuncia que entre febrero y julio de 2015 se cometieron al menos seis “falsos positivos” en Tolima, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Arauca y Córdoba.
Uno de esos casos habría ocurrido en el corregimiento Gaitanía, de Planadas, donde según el Cinep tropas del Ejército dieron muerte al campesino Anderson Daza, de 28 años, y luego lo presentaron como guerrillero muerto en combate. En el informe consta que Anderson se dedicaba a la cría de peces y que vivía en una finca con su esposa y su hija. Su madre habría dicho que “nuestro delito es ser campesinos y estar en medio de las armas” y que el día de su muerte “él estaba destapando la bocatoma porque se le iban a morir las truchas por falta de oxígeno”.
Otro caso es el de Luz Dary Fandiño, muerta en la vereda San José de Morichal II, del municipio de Tame. Dice el Cinep que la brigada 18 del Ejército la “ejecutó” en su propia casa y posteriormente la presentó como guerrillera del frente 45 de las Farc muerta en combate. Según un líder comunal citado en el informe, “ese día ella estaba haciendo el almuerzo para los tres obreros que tenía trabajando en su casa”. Al momento de su muerte, uno de los tres hijos de Luz Dary estaría prestando servicio militar en la brigada 18.
Respecto de las violaciones de derechos humanos que se cometieron en el país durante el 2015 por “persecución política, abuso de autoridad e intolerancia social”, el Cinep reportó 2.047 amenazas, atentados, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, homicidios, torturas y hechos de violencia sexual. De esos crímenes, 1.064 habrían sido cometidos por bandas criminales o “grupos paramilitares” y el restante por agentes del Estado, lo cual deberá ser investigado por las autoridades.
En cuanto a las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, el Cinep tuvo conocimiento de 1.342 casos, la mayoría relacionados con amenazas y heridas y asesinatos contra civiles. “Grupos paramilitares” serían responsables de 838 hechos; las Farc, de 46; el ELN, de 20; grupos guerrilleros sin identificar, de 3, y agentes del Estado, del resto de victimizaciones. El 33% de los crímenes se habrían cometido en Bogotá y el 12% en el Valle del Cauca.
Las denuncias se suman a las de organizaciones como Somos Defensores y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), que han llamado la atención sobre el incremento de la violencia política y los hostigamientos contra defensores de derechos humanos en la actual coyuntura de la negociación entre el Gobierno y las Farc.
