En un informe que esta entidad le entró al Congreso se advierte, nuevamente, que existen rezagos en el cumplimiento del Acuerdo de paz. Se encontraron problemas en la distribución y ejecución de la plata del posconflicto.
Hace cuatro años estábamos celebrando la firma en Cartagena del Acuerdo de paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc. Así se le ponía fin a un conflicto que duró algo más de cinco décadas y se le daba la bienvenida a una serie de planes y proyectos para mejorar la calidad de vida de quienes están en las zonas que resultaron más afectadas por la guerra y de quienes abandonaron la lucha armada.
Esos planes y proyectos, que hacen parte del Acuerdo de paz, buscan reformar el campo para que más campesinos puedan acceder a tierras, brindar alternativas a las familias que subsisten de los cultivos ilícitos para que abandonen ese negocio y abrir nuevos espacios de participación política, entre otras cosas que ayuden a construir y mantener la paz.
Sin embargo, el Gobierno está implementando de manera desarticulada esos planes y proyectos, lo que retrasa el anhelo de una paz estable y duradera en el país. Esa es la conclusión principal del segundo informe sobre el avance del cumplimiento del Acuerdo de paz que la Procuraduría General de la Nación le presentó al Congreso recientemente.
Según esta entidad, a marzo de este 2020 solo se ha cumplido con el 60 por ciento de los compromisos del Plan Marco de Implementación (PMI), la hoja de ruta del Acuerdo de paz. Este plan se debía ejecutar entre 2017 y 2019. “Aunque la Procuraduría reconoció importantes avances, identificó una limitada participación de la ciudadanía, enfoques diferenciales poco desarrollados y problemas de planeación, programación y destinación de recursos financieros”, se lee en un resumen del informe.
La Procuraduría advierte que a la fecha no se han creado las herramientas necesarias para hacerle seguimiento a la implementación del Acuerdo de paz. Esto dificulta saber en qué se invierten los recursos del posconflicto y a cuáles territorios está llegando la plata. Además, el 26 por ciento de los planes y proyectos no tienen las metas claras, lo que representa una barrera para verificar su ejecución.
Con respecto a la financiación del posconflicto, la entidad encontró problemas en la planeación y la distribución de los recursos. El 5 por ciento de los planes y proyectos concentran el 60 por ciento del presupuesto para la paz.
En su informe, la Procuraduría prende las alarmas sobre cuatro de los seis puntos del Acuerdo de paz. El primero es la Reforma Rural Integral. La entidad encontró que apenas se han entregado 8.230 hectáreas a campesinos sin tierras cuando el objetivo es adjudicar 3 millones para 2027. “De 1’001.194 hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras para cumplir con ese propósito, la mayoría presentan ocupaciones previas, lo que dificulta aún más el cumplimiento de la meta establecida”.
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A este retraso en la entrega de tierras hay que sumar el lento avance en la puesta en marcha de los Planes Nacionales Sectoriales (PNS) y de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). La Procuraduría señala que de los 10 PNS, que debieron adoptarse en 2018, apenas uno —el de vivienda— está en proceso de actualización (es decir, ni siquiera está adoptado). En cuanto a los PDET, la entidad dice que de 16 programas solo uno cuenta con la Hoja de Ruta Única para su implementación.
En el segundo punto del Acuerdo, el de Participación política, la Procuraduría encontró que es el de mayor rezago en su cumplimiento. Esto se debe “al estancamiento del debate legislativo de proyectos de ley relacionados con las garantías y la promoción de la inclusión de organizaciones y movimientos sociales, así como la movilización y la protesta social, la reforma política y la aprobación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz”.
Acerca del punto tres del Acuerdo, que trata sobre el Cese al fuego y la reincorporación, la entidad pide que se finalice la tarea de acreditar a quienes se acogieron a lo pactado en La Habana, pues esto facilita las cosas para que los excombatientes de las Farc accedan a los programas del posconflicto (tierras, proyectos productivos, vivienda, entre otros). Otra solicitud que se le hace al Gobierno es agilizar los tiempos de consolidación de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Recordemos que aún es incierto el futuro de los exFarc que siguen residiendo en los ETCR.
El cuarto punto que alerta a la Procuraduría es el de Drogas y solución al problema del narcotráfico. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) se ha limitado a atender a las 99.097 familias inscritas inicialmente y dejó a un lado a las más de 188.000 que firmaron acuerdo colectivos. “Esto indica que cerca del 52 por ciento de quienes manifestaron su voluntad de avanzar en este propósito no ingresaron al programa”.
A la entidad le inquieta el interés del Gobierno por reanudar la aspersión aérea con glifosato para combatir los cultivos ilícitos. Por eso pide que esa discusión se dé con la participación de las comunidades campesinas.
