Más de una década después de las masacres, varias comunidades dicen que aún padecen la pobreza y la desigualdad.
“Vamos a trapear por la paaaaaaz…”, dijo un niño que pasó a la carrera, armado con un balde y una trapeadora, por uno de los corredores de la Escuela de Música Lucho Bermúdez en el Carmen de Bolívar. Se llama Cristian, tiene 13 años y nació en El Salado en 2002, casi con el retorno de los pocos que se atrevieron a regresar al pueblo dos años después de haber sido expulsados por la barbarie de los paramilitares.
En febrero del año 2000, un grupo de 450 hombres del bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia asesinó a 60 personas en un recorrido que se extendió durante seis días y terminó frente a la iglesia de El Salado, luego de pasar por varios asentamientos de los municipios de Ovejas, Córdoba y Carmen de Bolívar. Esa cifra de víctimas ha sido “la oficial” y hace parte del informe elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) sobre la masacre. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, el número podría haber superado las 100.
A principios de los 90 la guerrilla decidió afincarse en la zona, someter a sus pobladores y, desde allí, desplegar su maquinaria de guerra en pleno corazón de los Montes de María. Entonces, El Salado, como ya ocurría con muchos otros lugares del país y como pasaría luego con casi toda esa región, tuvo que cargar con el estigma de ser un “pueblo fariano”.
Los paramilitares cobraron a su modo y adornaron la masacre con gaitas y tambores. Después del último día de la carnicería en que convirtieron el pueblo, El Salado se quedó solo y en silencio. Las cerca de 4.000 personas que lo habitaban se desplazaron cuando terminaron las torturas, las violaciones y las decenas de asesinatos que produjeron los tres comandos de las Autodefensas que llegaron para acabar con cualquier rastro de colaboración, afinidad o cercanía con el frente 37 de las Farc.
Seis días de masacre, entre el 16 y el 21 de febrero. Y durante esa semana de horror el sobrevuelo, según los sobrevivientes, de un helicóptero que parecía vigilar desde el aire que se cumpliera la tarea encomendada a los paramilitares; uno similar al que antes de la fiesta de Navidad de 1999 había pasado sobre el pueblo arrojando volantes en los que sugería a los saladeros disfrutar esas celebraciones, porque serían las últimas.
Ni eso ni la alerta de quienes alcanzaron a escapar para contar lo que ocurría logró frenar la matanza. En la cabecera municipal del Carmen de Bolívar, a 18 kilómetros de distancia, las autoridades decían que lo que ocurría en el corregimiento no era más que un combate entre los ‘paras’ y la guerrilla. Mientras tanto, las tropas de la Infantería de Marina que tenían a su cargo la protección de esa zona buscaban en otro lugar, y por petición de varios políticos de la región, 400 cabezas de ganado que supuestamente le habían robado las Farc al exgobernador de Sucre Miguel Nule Amín. Ese robo nunca ha sido probado, pero lo cierto es que —por acción u omisión— los militares dejaron despejado el camino para la destrucción de El Salado y regresaron solo cuando los asesinos ya se habían marchado.
Detrás de esa masacre estuvieron Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo —alias “Jorge 40”— y John Henao —alias “H2”—, delegado de Carlos Castaño para participar en la planeación. De las casi 500 personas que participaron en los hechos no más de 20 han sido condenadas, entre ellas un capitán de corbeta de la Armada y Mancuso, quien aceptó su coparticipación en el marco del proceso de Justicia y Paz.
Pero esa no fue la primera vez que los paramilitares llevaron su salvajismo hasta El Salado, el pueblo de Cristian, quien hoy hace parte de un colectivo audiovisual conformado por varios niños que convierten en imágenes su resistencia a la guerra y la necesidad de devolverle a su gente la alegría que les robaron. La suya es una de las 300 familias que tratan de rehacer su vida en un territorio donde ya no se escucha el estruendo de las balas, pero que carga no solo con el dolor del pasado, sino con el peso de otras formas de violencia.
“La destrucción de los Montes de María nació aquí”
“Por masacres como la de La Mejor Esquina sabíamos que había grupos que se metían a las comunidades y asesinaban a la gente, pero solo lo escuchábamos por radio. Paramilitares aquí para nosotros no había”, recuerda Elvia Badel, viuda de Álvaro Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal, una de las personas asesinadas en la primera masacre que estremeció a El Salado.
Era la mañana del Domingo de Ramos de 1997 cuando 50 hombres armados y vestidos de camuflado llegaron al pueblo en varios carros, pintaron las paredes con consignas de las AUC, reunieron a varios pobladores en la plaza y asesinaron a la profesora, al presidente de la Junta y a tres personas más.
“Ellos habían entrado 20 días antes, traían una lista de 40 campesinos y lanzaron amenazas contra el pueblo. En ese momento sí había presencia de la guerrilla y nos extorsionaba, este era el centro de ellos y pasaban a la hora que les daba la gana. Pero uno ni siquiera sabía distinguir esos grupos”, dice Badel.
En esa primera incursión, los paramilitares ordenaron cerrar todas las tiendas del corregimiento, decían que por medio de ellas los pobladores de El Salado abastecían a la guerrilla. Doris Torres, la profesora, se opuso. “Ella era la dueña de la tienda que quedaba donde hoy está la Inspección de Policía, se pronunció en esa reunión y dijo que no se podían cerrar porque de ahí se surtían los hogares comunitarios”, recuerda Elvia.
Los paramilitares juraron regresar. Lo hicieron el 23 de marzo y la profesora fue su primera víctima. A otras dos personas les dispararon por tratar de defenderla, hicieron lo mismo con otro líder y a Álvaro Pérez se lo llevaron por la fuerza. En 2008, Salvatore Mancuso reconoció que sus hombres lo asesinaron. Su cuerpo todavía no ha sido encontrado.
Esas cinco muertes, afirma Elvia, destrozaron para siempre a la comunidad de El Salado. Las 7.000 mil personas que vivían entonces en ese próspero corregimiento tabacalero, con servicios públicos y pretensiones de ser municipio, salieron desplazadas y sus familias se desperdigaron por la costa, algunas viajaron a Venezuela y otras a las grandes ciudades del interior del país. Solo 4.000 regresaron por su cuenta y riesgo tres meses después, para luego tener que presenciar la barbarie de la segunda masacre.
Desde ese primer desplazamiento las tres bodegas de tabaco de las que dependía en buena medida la economía del pueblo no volvieron a abrir y la idea de que El Salado fuera municipio murió junto a sus líderes. “Ese fue el inicio de una gran masacre que iba a haber en la región —dice Elvia—. El 23 de marzo del 97 fue la fractura de este pueblo y de ahí nació la destrucción de los Montes de María”.
“Aquí todavía hay hambre y desigualdad”
Las dos masacres de El Salado son apenas un ejemplo de lo que ocurrió en esa región sin que el resto de país pareciera darse cuenta.
Las organizaciones sociales de la zona aseguran que, incluyendo otros casos emblemáticos como los de Chengue, Macayepo o el burro bomba de Chalán, fueron en total 104 masacres en los Montes de María durante los años de mayor intensidad del conflicto armado.
Los registros del CNMH indican que solo entre 1999 y 2001 ocurrieron 42 masacres que dejaron 354 muertos. La magnitud del exterminio que enfrentó la región en medio de esa guerra cruzada entre paramilitares, guerrilleros y fuerzas del Estado, le da la razón a la frase que pronuncia una líder comunitaria: “En los Montes de María todos somos víctimas”.
Pero, ¿qué ha representado para las comunidades el reconocimiento público del horror que vivieron los Montes de María?
Jairo Barreto es uno de los integrantes de la Asociación de Víctimas de Chengue, una organización que reúne a los familiares de las 28 personas asesinadas en ese corregimiento de Ovejas el 17 de enero de 2001. Él asegura que en el caso de su pueblo, eso ha significado muy poco más allá de la exposición mediática.
“Chengue está igual a como lo dejaron después de la masacre. En 15 años no ha pasado nada e incluso hemos sido revictimizados porque nos han utilizado para decir que ha habido reparación”, asegura Barreto.
Hoy, en lo que queda de su pueblo, viven solo 11 familias de las 100 que había antes de la masacre. Después de convocar a los hombres y asesinarlos a martillo y a machete, el 70% de las viviendas de Chengue fueron quemadas por los paramilitares. Y así permanecen.
“Para el retorno solo cumplieron con la condición de seguridad —dice Barreto—, pero lo importante es que haya condiciones dignas. ¿Cómo vamos a retornar si ni siquiera hay casas? Aquí todavía hay hambre y desigualdad, y mientras estén esas condiciones es muy difícil que haya paz. Es que la paz de una persona que vive en un apartamento en el quinto piso de un edificio en una ciudad no es la misma que la de una campesino”.
Y esa desigualdad de la que habla Jairo Barreto se expresa de muchas formas.
“La paz no es un asunto de chalecos”
“Las carreteras aquí se hicieron fue para los de la teca y la palma, no para los campesinos”, opina un joven del Carmen que maneja una moto por la línea de cemento que se desprende de la Troncal del Caribe y se pierde entre las montañas, dibujando la misma ruta por donde entró una de las cuadrillas de paramilitares que cometió la masacre de febrero de 2000.
Hoy, el recorrido entre el Carmen de Bolívar y El Salado toma poco más de 30 minutos y el crédito de la pavimentación de la vía lo reclama el Grupo Argos con una valla que supera en altura las primeras viviendas de la cabecera del corregimiento.
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Esa es solo una de las muchas intervenciones que empresas privadas, organismos del Estado y muchas ONG han iniciado desde hace años en El Salado. Pese a los beneficios que la comunidad reconoce, esa presencia continua en el territorio ha creado una “una relación de dependencia y una sobrexposición a los chalecos”, según dice un funcionario de un organismo de cooperación con presencia en la zona.
Y es que pese a obras como la carretera, los proyectos productivos y la construcción de la Casa del Pueblo, algunos saladeros afirman que la reconstrucción del tejido social todavía está pendiente.
“A El Salado lo pueden forrar en oro, pero para la gente es difícil perdonar porque siente que todos los que van quieren sacar plata de su dolor”, dice un comerciante asentado en la cabecera municipal de Carmen de Bolívar. Mucho más cuando algunos presumen que esas intervenciones están motivadas por los intereses económicos de quienes, después del despojo y las masacres, terminaron convertidos en propietarios de grandes extensiones de tierra.
“Aquí el conflicto se civilizó, ya no es ese brutal aquél, sino otro en el que tratan de confundir a la gente. En 2009 empezaron la compra masiva de predios y nos están arrebatando la dignidad. El sistema de ellos consiste en que nos dividamos y nos enfrentemos entre nosotros mismos”, dice Carmelo Márquez, presidente de una asociación campesina de Ovejas y desplazado de El Salado.
Esa, la disputa por la tierra, hoy en propiedad de foráneos y de grandes empresarios, es uno de los nuevos conflictos que enfrenta la región. Elvia Badel espera que avance el proceso de restitución del predio que abandonó cuando los paramilitares asesinaron a su esposo y que ahora está a nombre de “unos señores que no son de la región y que llegaron como caídos del cielo”.
Hasta 2011 el Ministerio de Agricultura había documentado irregularidades en el proceso de titulación de por lo menos 40.000 hectáreas en esa región. Por medio de documentos falsos y de fraudes que involucran a notarios y registradores, cerca de 250 predios habrían dejado de estar en manos de campesinos de los 15 municipios montemarianos para escriturarse a nombre de empresas y particulares de otras zonas del país.
Para los líderes campesinos, esa cifra es muy inferior a la realidad del despojo que enfrentaron sus comunidades, no solo por cuenta de los fraudes, sino porque, según dicen, muchos de los actuales propietarios de tierras en la región aprovecharon la violencia y los bajos precios para comprar de forma “legal”.
En el centro de la polémica está el Grupo Argos, el mismo que invirtió en la pavimentación de la carretera a El Salado. En manos de esa compañía antioqueña y de sus filiales se encuentran cerca de 9.000 hectáreas en San Onofre, Carmen de Bolívar y Ovejas, de las cuales 3.100 están en proceso de reclamación. Sin embargo, la empresa ha asegurado que adquirió los terrenos legalmente y que no ha habido nada irregular en sus actividades en la región. Los jueces tendrán la última palabra.
