OPINIÓN | Después de tantos ataques injustificados del uribismo a la JEP, no deja de ser paradójico que la senadora Paloma Valencia proponga lo que tanto critica su partido: una justicia a la medida.
Esta es la primera de tres entregas del especial ‘El frente de batalla legislativo’, en el que @bajaalcurnia aborda el nuevo paquete de propuestas legislativas del Centro Democrático que buscan la modificación de la JEP y de la Ley de Víctimas. Bienvenidos.
Por: El Vago de los Hilos (@BajaAlcurnia)
Para quienes estamos acostumbrados al discurso hostil del uribismo contra la JEP, resulta sumamente familiar escuchar la siguiente frase, con sus respectivas variaciones: la Jurisdicción Especial para la Paz es una justicia hecha a la medida de las Farc. Por eso, después de tantos virulentos ataques injustificados, no deja de ser paradójico encontrar una iniciativa en el Congreso, radicada por la senadora Paloma Valencia, donde proponen lo mismo que tanto critican: una justicia a la medida.
Y es que ¿qué más podría ser un proyecto que modifica la Constitución para permitir que sea el propio Presidente Duque, quien de manera directa, escoja a los magistrados que se van a encargar de juzgar a los militares y policías dentro de la JEP?
¿No me creen? No pasa nada, que tengo pruebas.
El Proyecto de Acto Legislativo 012 de 2019 (PAL), que pueden encontrar en el siguiente link: http://www.senado.gov.co/az-legislativo/proyectos-de-ley, propone básicamente, crear una JEP paralela –con las mismas salas y todo– que se encargue de conocer los casos de los miembros de la Fuerza Pública, pero con las reglas de juego, totalmente arbitrarias y descabelladas, que está planteando el uribismo. Vamos a verlas una por una:
1. El clientelismo sinvergüenza
Dice Paloma que todo esto nace porque Santos, en pocas palabras, prometió que “el juzgamiento y tratamiento de las Fuerzas Armadas de Colombia no hacia parte de la mesa de negociación”. No sé si lo prometió o no, pero lo cierto es que dentro del Acuerdo Final se acordó que la Fuerza Pública estaría sometida a la JEP, ni más faltaba, pero de forma diferenciada, obvio.
Sin embargo, creo que el punto clave aparece cuando la senadora, una preocupada mujer de bien, manifiesta que la manera como fueron elegidos los magistrados de la JEP “no da garantías a la fuerza pública colombiana”.
Y aquí, en este punto, uno puede estar de acuerdo o no con Paloma, por cuanto fue un mecanismo sumamente novedoso, pero no por más, porque cuando nos ponemos a mirar con lupa lo que fue el Comité de Escogencia, no podemos sino concluir que más allá del exótico método, no había nada raro, ni nada para sospechar una supuesta parcialidad contra los militares.
Ahora, nada justifica que el uribismo quiera imponer, para “equilibrar” las cosas, la medida más clientelista que pudo encontrar ¿por qué clientelista? Pillen:
Para empezar, Duque, como máximo comandante de las Fuerzas Militares y de Policía, tiene evidentes intereses en que estos sean declarados inocentes, o que de lo contrario, reciban la condena más favorable que se pueda.
Pero ahí no para la cosa, ¿recuerdan los carruseles? Pues aquí habría uno. Duque podría coger a estos aspirantes y decirles: oigan, qué tal si los hago magistrados, con buena platica, poder, influencias y ustedes a cambio fallan sus sentencias de manera que a mí me convenga.
¿Y quién le va a decir que no? En el PAL se establece que el Congreso debe dar el visto bueno a la selección de Duque, pero en caso de que le diga que no a alguno de ellos, bastaría con que Duque encuentre otro que esté dispuesto a hacerle el mismo favor que los otros, hasta que el Congreso le apruebe a todos sus candidatos.
En la práctica, este articulito significaría un riesgo altísimo de que los procesos en la JEP contra la Fuerza Pública se lleven de manera amañada y que todo ese riesgo lo asuman, cómo no, las víctimas.
2. Se cae el sistema por su propio peso
El Sistema de Pesos y Contrapesos tiene una razón fundamental para existir: evitar que una persona o corporación adquiera un poder tal que desequilibre la desgastada balanza de la democracia colombiana. Por eso ven ustedes que al Fiscal General lo elige la Corte Suprema de Justicia, pero de terna que les envía el Presidente; o que al Procurador General lo escoge el Senado, de tres candidatos sugeridos por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República; y así sucesivamente, para evitar esa acumulación de poder.
Pero esta invasión del Presidente en la justicia no se limita ahí. El proyecto tiene otra sorpresita que permitiría a Duque modificar, no una, ni dos, sino hasta tres veces el número de magistrados y funcionarios de la JEP, dizque por su política de austeridad. O sea que el Gobierno podría buscar ahorrarse una plata, para invertir en quién sabe qué cosas, a costa de la justicia que le debemos y le prometimos a las víctimas, sacando de paso, a magistrados que no le gusten.
Con este PAL, el delicado equilibro se rompería. Un Presidente con la capacidad de escoger magistrados, así sean de una jurisdicción que se acaba en diez años, podría poner en riesgo todo el orden constitucional, al debilitar a las demás instituciones, cuando lo que necesita esta sociedad es todo lo contrario: instituciones autónomas, equilibradas y fuertes.
3. La cereza del pastel
Por ahí, escondidito, el PAL tiene un parágrafo que dice textualmente que “Los agentes del Estado y terceros civiles podrán voluntariamente someterse al régimen jurídico creado en el presente acto legislativo.”
Para quiénes todavía no hayan entendido la gravedad de esto, les explico: significa que los polémicos empresarios, polémicos ganaderos, polémicos narcos, y otra polémica gente que alimentó el conflicto armado interno a punta de financiación podrían irse, coincidencialmente, para donde los magistrados escogidos a dedo por el Presidente Duque.
Y no solo ellos. Buenos muchachos como Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado, Salvador Arana, Hugo Aguilar, o el parapolítico de su preferencia, por haber sido agentes del Estado, pero sin pertenecer a la Fuerza Pública, también se verían beneficiados con tan generosa iniciativa uribista.
Es evidente, que nada de esto es gratis. Si el discurso del uribismo se basa en la defensa irrestricta de los intereses de las fuerzas militares y de policía ¿por qué insisten en cambiar unas reglas de juego que ya les favorecen? ¿por qué proponen medidas tan descabelladas que ni en el mejor de los casos van a pasar la revisión de constitucionalidad de la Corte Constitucional? Y lo más sospechoso ¿por qué quieren meter también ahí a gente que no es de la fuerza pública?
Las respuestas ya las sabemos. A la larga, para el uribismo, el precio del silencio lo pagan las víctimas.
