Un minero fue asesinado el fin de semana. Las amenazas, las extorsiones y la persecución contra la minería informal no se detienen.
El miedo que ronda Segovia es tal que hace apenas unos días un grupo de mineros decidió, por su cuenta, ofrecerle a la empresa para la que trabajan descontar de sus sueldos el porcentaje que fuera necesario para reunir la “vacuna” que exigen Los Urabeños.
Pagar la extorsión, dicen, detendría los atentados y las amenazas que empezaron hace años, pero que se recrudecieron en septiembre cuando circuló en el pueblo un panfleto que declaraba objetivo militar a cerca de 1.600 trabajadores de la compañía Damasa, operadora de tres minas propiedad de la multinacional Grand Colombia Gold.
Esa empresa se ha negado a cumplir las exigencias de los paramilitares y, por eso, sus trabajadores en la región han quedado expuestos. La amenaza se cumplió. En apenas un mes dos líderes mineros fueron asesinados, dos más resultaron heridos en un ataque con una granada contra un entable y otro logró escapar de un atentado a bala.
En medio de ese escenario, cientos de trabajadores entraron en un paro que se resolvió poco después, pese a que la empresa llegó a anunciar públicamente que se retiraría del municipio para no ceder a las presiones armadas y, al tiempo, no seguir poniendo en riesgo a sus empleados.
Aunque las aguas se calmaron durante unas semanas, el pasado 21 de noviembre fue asesinado Leicer Yanil Valencia Padilla, un minero de 31 años, empleado de la empresa Navar Asociados, filial del Grupo Damasa.
Ese homicidio le puso un ingrediente más a la compleja situación que enfrenta el municipio por cuenta de una orden de cierre contra 15 minas informales, emitida por la Procuraduría a finales de octubre. La razón, según el propio Ministerio Público, es que esos yacimientos se encuentran en una zona concesionada a la Grand Colombia Gold.
“Se le ordena proceda al cierre indefinido de trabajos, al desalojo de los perturbadores, al decomiso de los elementos instalados para la explotación y a la entrega al titular minero de los minerales extraídos por los ocupantes”, dice la resolución enviada por la Procuraduría al alcalde de Segovia para que ordene la salida de los trabajadores.
Ese entramado de intereses, en una región que se mueve casi en su totalidad gracias a los recursos del oro, da cuenta de la tensión entre mineros formales e informales y de la mezcla de ese polvorín con la influencia violenta de Los Urabeños, el grupo que hoy, como lo hicieron antes guerrillas y otros grupos paramilitares, impone su orden en Segovia.
El precio que se paga por vivir del oro
Jhony Alexis Castrillón es el saliente alcalde de Segovia y en los últimos cuatro años mojó prensa en un par de ocasiones. Primero, en 2013, cuando dijo que en su pueblo no hay prostitución “porque las mujeres son calientes y no necesitan que les paguen” y, luego, en julio pasado, cuando saltó a una tarima en las fiestas del pueblo, tomó un micrófono y, borracho, envió un saludo a su amigo Carlos Mario Salazar, exsecretario de Gobierno del municipio, preso por la masacre de cuatro mineros en 2011. De paso, el alcalde llamó “amargados” a “Los Serafines”, como son conocidos en Segovia los integrantes de la familia de mineros asesinados.
Castrillón, sin embargo, es el encargado de velar por el orden público en Segovia y, además, de aplicar la resolución de la Procuraduría que ordena el cierre de las minas donde trabajan por lo menos 6.500 personas.
Esa situación condujo a principios de noviembre a un paro de seis días, esta vez de los mineros informales, que aseguran sentirse amenazados por determinaciones gubernamentales que ponen en riesgo la explotación artesanal de las minas de las que han derivado su sustento hace décadas.
El alcalde aseguró que cumplir la resolución podría generar un desplazamiento masivo en el municipio y, pese a la advertencia de que no hacerlo le acarrearía sanciones, en la actualidad, luego de varias reuniones con autoridades departamentales y nacionales, las minas siguen abiertas a la espera de que se adopten nuevas determinaciones.
Víctor Manuel Meneses, segoviano y director del periódico El Nordesteño, explica que esas tensiones por las amenazas de los grupos armados y luego por la persecución a la minería informal se han vuelto paisaje en el municipio.
“Desde hace más de 50 años vienen las extorsiones. A la guerrilla había que darle su tajada, van pasando los años y van cambiando los grupos y los contextos, después entraron los paramilitares, el Bloque Metro, el Central Bolívar, que Los Urabeños, Los Rastrojos, Los Héroes del Nordeste. Y cada uno se ha sustentado en la minería, eso para nadie ha sido un secreto”, explica el periodista.
Pero a eso se sumó la entrega masiva de títulos de explotación a compañías como Gran Colombia Gold. “Después de 2010 que se vende la Frontino Gold Mines —cuenta Víctor— viene la otra compañía a hacerle promesas a la población de que todo iba a estar mejor. Pero eso se fue al piso porque empezaron a estrechar al pequeño minero que trabaja de manera informal”.
Y en medio de esas disputas por el territorio, de los intereses de las multinacionales y de los pequeños mineros, pero también de la presión de los grupos armados quedan unas autoridades civiles maniatadas muchas veces y, otras, involucradas hasta el punto de que es imposible gestionar con independencia las problemáticas asociadas con la economía del oro.
Gustavo Tobón es el alcalde electo de Segovia y asegura que a partir del primero de enero, cuando asuma el cargo, empezará a trabajar en el ordenamiento territorial del municipio, de forma que puedan establecerse con claridad los usos del suelo y puedan empezar a promoverse otras actividades económicas.
Y es que la dependencia de la economía del oro —estadísticas oficiales indican que el 90 por ciento de la población de Segovia vive de la minería— ha sido, a juicio del nuevo alcalde, el principal detonante de los problemas sociales del municipio.
“El plan de nosotros es diversificar a Segovia a largo plazo, no en cuatro años, porque el problema es sociopolítico”, dice Tobón. Sus cálculos indican que los efectos de un proceso de diversificación económica como el que plantea pueden empezar a percibirse en no menos de 12 años. Por eso, mientras tanto, dice el alcalde electo, las administraciones deben trabajar para promover una legislación minera que no criminalice a los trabajadores informales.
“Nosotros vamos a hacer actores fundamentales del posconflicto porque Segovia ha tenido todos los actores violentos por ser un municipio minero. Una persona sin formación se mete en una mina y se consigue mil, dos mil o cinco mil millones de pesos en un año, entonces los jóvenes no quieren estudiar. Pero como muchos no logran esos objetivos de hacer plata con la minería, empiezan a ser carne de cañón para los grupos delincuenciales”, afirma el nuevo alcalde.
“Si nos cogen 10, mandamos 20”
“Ellos —Los Urabeños— han dicho: ‘si nos cogen 10, mandamos 20’. Entonces, si la gente no para bolas el plan pistola sigue”, comenta un habitante de Segovia, sobre las amenazas que han continuado en contra de los mineros y de las empresas que se niegan a pagar sus extorsiones, pese a que en algunos momentos buena parte de Segovia ha tenido tanta presencia del Ejército y la Policía que más bien parece una base militar.
La explicación de ese mismo habitante del pueblo para que la situación permanezca casi inalterada es que los integrantes de las bandas criminales tienen la capacidad suficiente para replegarse en los momentos más conflictivos y los recursos suficientes para aparecer de nuevo cuando baja la marea y las autoridades parecen darle la espalda al problema.
La lectura de Julio Erazo, representante legal de Damasa, es similar. Afirma que las medidas a corto plazo nunca han logrado resolver las problemáticas del municipio y que, al pie de fuerza hay que sumar otro tipo de estrategias que permitan, por ejemplo, hacer más efectiva la judicialización de los responsables de las intimidaciones.
Y es que según cuentan en el pueblo, durante los últimos días y teniendo cuenta que hay muchos ojos atentos a lo que ocurra en Segovia, las amenazas que circularon ya no fueron generalizadas sino dirigidas a “combos” de trabajadores formales pertenecientes a las empresas que no pagan extorsiones. “Lo que han dicho es que los del ‘combo’ de fulanito, con nombre y apellido, se tienen que cuidar porque los que siguen son ellos”, dice un policía del pueblo.
Con el pavor que despiertan las amenazas a un sector de los trabajadores, los reclamos por el derecho al trabajo de los informales y los intereses de la multinacional que se apoderó del territorio; Los Urabeños, con sus rentas de la minería, le ponen la cereza a un pastel cargado con los miles de millones que mueve el oro y con los conflictos que siempre los acompañan.
