De la Jurisdicción Especial para la Paz depende que las víctimas de la guerra puedan conocer la verdad y ser reparadas. También será escenario de amnistías y condenas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es considerada por las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc como “el corazón del proceso de paz”. No es para menos. De esta nueva entidad dependerá que los actores del conflicto cuenten la verdad, el primer paso que se necesita para reparar a las víctimas. Después, la JEP deberá juzgar y, si el caso, otorgar amnistías. Su creación está cerca. La última noticia importante la dio a conocer el Comité de Escogencia el lunes pasado, cuando anunció la selección de 78 magistrados para la fase de entrevistas. El próximo 26 de septiembre se darán a conocer los nombres de los 51 magistrados que la compondrán.
Según cálculos judiciales preliminares, por la JEP deberán pasar al menos 15.000 personas involucradas en el conflicto armado, incluyendo 3.000 guerrilleros que están en prisión. De la Fuerza Pública se calcula que interrogarán a por lo menos a 4.000 integrantes y también deberán asistir por lo menos 1.000 civiles. De hecho, 70 exintegrantes del Ejército y 112 miembros de las Farc ya salieron de la cárcel bajo el condicionamiento de “libertad transitoria” mientras la JEP asume sus casos. El problema del proyecto de Ley Estatutaria es que todavía no ha sido debatido en el Congreso y, con un ambiente electoral próximo, la expedición de la ley podría superar el periodo fast-track.
Para entender esta nueva jurisdicción es necesario pensarla como una pirámide: en la parte más alta está el Tribunal para la Paz, encargado de emitir las sentencias y evaluar los casos más atroces de la guerra: desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y agresiones sexuales, por ejemplo. Este tribunal estará conformado por 20 magistrados. Antes de que los casos lleguen a sus manos deberán ser evaluados, en primera instancia, por 18 magistrados que trabajarán en las salas de justicia, creadas para verificar los hechos y confirmar si los casos que están llegando a la JEP tienen relación con el conflicto armado.
Lo primero que debemos decir sobre estos magistrados es que deben actuar bajo la siguiente premisa: “Las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”. Esto quiere decir que lo primero que debe garantizar la JEP es que los actores del conflicto armado confiesen cuál fue su participación, cómo se desarrolló, en dónde y con qué consecuencias.
También debe garantizar que ese actor que asistió a la JEP no vuelva a cometer actos violentos. En caso de que dicho actor haya cometido delitos de lesa humanidad, como la tortura o el reclutamiento de menores, su caso pasará directamente al Tribunal y no podrá recibir amnistía.
Si hasta acá le ha parecido complejo, no se preocupe. Ahora veremos qué es lo que hace cada uno de los componente de la JEP.
Tribunal para la Paz: Este es, quizás, el órgano con mayor complejidad en la JEP. Es el único que puede proferir sentencias y juzgar a las personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Dentro del trabajo del tribunal también está el análisis de los recursos que presenten las víctimas si no quedan satisfechas con la decisión de alguna amnistía, por ejemplo. Otra tarea que tendrá será revisar las sentencias que se profirieron en la justicia ordinaria contra los actores del conflicto armado y armonizar las decisiones con el criterio de la JEP. Y esta es la última labor, aunque no la más sencilla: garantizar que las sentencias se cumplan y revisar los casos que se presten después de la firma del Acuerdo Final de La Habana.
Sala de Reconocimiento de Verdad
Recibe al actor del conflicto, registra su testimonio y luego revisa si los hechos que contó sí concuerdan con la historia y, lo más importante, si se enmarcan en el conflicto armado. Esta información, después de ser contrastada, pasará a través de una resolución al Tribunal para la Paz. En los casos donde la responsabilidad del actor no esté clara o pueda ser más grave de lo que contó, debe remitir la información a la Unidad de Investigación y Acusación (más abajo encontrará la tarea que tendrá esta unidad). Si el actor es apto para recibir una amnistía, traslada su caso a la sala de Amnistías e indultos.
Sala de Amnistía de Indulto
Aquí estarán los casos donde, por legislación de la JEP, se pueden otorgar indultos. Por ejemplo: si un combatiente asesinó a un civil en medio de un enfrentamiento, puede que reciba indulto. Si reclutó menores, no. Es por eso que el trabajo de los magistrados en esta sala será clave. Al fin y al cabo son ellos quienes interpretarán cada caso. Si los magistrados consideran que no existen elementos suficientes para otorgar la amnistía, el caso pasará a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
Sala de Definición de situaciones jurídicas
Si el actor no es apto para recibir amnistía o indulto, esta sala deberá definir su futuro. En este escenario se deberá evaluar el aporte que el acusado hizo para esclarecer los hechos del conflicto. Así, se pueden llegar a acuerdos sobre la pena que deberá pagar.
Unidad de Investigación y Acusación: De esta dependencia depende que lleguen los actores que no se notifiquen voluntariamente. Tiene que investigar y llevar a la Justicia a las personas que participaron en el conflicto armado aunque no lo reconozcan. En sus manos tiene una tarea difícil: las medidas de protección a las víctimas y testigos. Esta dependencia, además, deberá contar con un equipo de investigación técnico forense y un equipo especializado para los casos de violencia sexual.
La JEP todavía no está viva
Aunque la JEP está cerca de ver la luz, puede desfallecer en el último tramo. Tras un largo recorrido por los estrados políticos y judiciales, la entidad necesita la última aprobación del Congreso y una revisión posterior de la Corte Constitucional para comenzar a operar. En teoría, antes del primero de noviembre – cuando termina el periodo legislativo fast-track – estaría lista la Ley Estatutaria que reglamenta en detalle la JEP. Esto quiere decir que en el transcurso de las próximas semanas se definirán los magistrados que juzgarán a los actores del conflicto, el presupuesto de la JEP y la sede en donde funcionará.
El trámite de la Ley Estatutaria devela serios retos en términos legales. El abogado Francisco Barbosa, PhD en Derecho Público de la Universidad de Nantes, ve con preocupación que “esté retrasada la presentación del proyecto de Ley y la reglamentación del tribunal. El tiempo se está agotando y hay serias dudas de fondo que están sin resolver: en la composición del tribunal parece que prima la escogencia de magistrados que vienen del Derecho Penal, esto puede convertirlo en una especie de tribunal de la justicia criminal, muy lejos del modelo de justicia transicional”.
El factor electoral seguramente incidirá en el debate y, a juicio de Bernardita Pérez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia, “el tema ni si quiera parece relevante en la agenda de los congresistas. Vivimos en una sociedad de consumo y así mismo estamos viendo que en la política la paz es un tema que aparece unos días y luego desaparece por semanas, incluso meses. El Gobierno tiene el deber de acelerar los debates de la Ley Estatutaria en el legislativo”. En caso de que no se apruebe la Ley Estatutaria antes del primero de noviembre, agrega Pérez, la JEP quedaría en manos de la Corte Constitucional, corporación que definiría los alcances del Acto Legislativo con el que el Gobierno creó la JEP.
Una vez anunciados los nombres de los magistrados colombianos, el Comité de Escogencia debe seleccionar 10 magistrados extranjeros para la JEP: seis para las tres salas de Justicia y cuatro para el Tribunal de paz, que acudirán a dar concepto en caso de ser convocados por el organismo para resolver procesos de alto nivel de especialización.
Se vienen, entonces, días trascendentales para el futuro de los acuerdos de paz. La JEP no solo obtendrá toda la atención nacional en las próximas semanas, sino que contará con una decidida atención en el extranjero. Así lo demostró la reciente visita al país de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, pidió detalles sobre las sanciones que se interpondrán en la jurisdicción.
Así que por ahora todo está por verse.
