Los expertos no solo hablan de justicia penal, justicia internacional y justicia ordinaria. Desde el comienzo de los diálogos en La Habana, el término "justicia transicional" está de boca en boca pero nadie se atreve a dar una definición clara. Un fiscal que desentierra cuerpos nos ayudó a entenderlo.
Los expertos no solo hablan de justicia penal, justicia internacional y justicia ordinaria. Desde el comienzo de los diálogos en La Habana, el término “justicia transicional” está de boca en boca pero nadie se atreve a dar una definición clara. Un fiscal que desentierra cuerpos nos ayudó a entenderlo.
“Encontré dos hermanitos amordazados, con pitas que los amarraban de pies a manos, vueltos nada; se veía que los habían torturado. Fue en 2007, en San José de la Ceja, Antioquia. Fue mi primera exhumación.
Mi nombre es Gustavo Duque. Soy fiscal especializado de la Dirección Nacional de Justicia Transicional, que anteriormente se llamaba Justicia y Paz. En ese entonces era fiscal del GAULA, del DAS y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Una vez salió la ley, lo primero que hicimos fue organizar la base de datos de los desaparecidos de la Policía, de Medicina Legal, de la Cruz Roja, y organizarla en un sistema que se llama el Sistema de Información, Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC). A la fecha, esa plataforma arroja 96.000 desaparecidos. Nosotros, en Justicia y Paz, pensábamos que solo eran 30.000.
Lo más importante de la justicia transicional que se dio con Justicia y Paz es que, por primera vez, se visibilizó a las víctimas que nunca estuvieron en el mapa. Y en mi caso, desde el punto de vista de la exhumación, lo más importante que me ha parecido es que ese fenómeno de la desaparición, que antes no era visible ante el Estado, se volvió visible. Esa cantidad de víctimas NN y cuerpos de personas desaparecidas, que de una u otra manera eran invisibles para la sociedad, ya no están botados en el monte como animales, gracias a la justicia transicional.
Desde este proceso se han podido recuperar más de 4.000 cuerpos que se encontraban en fosas comunes en todo el territorio colombiano. La mayoría exhumados en el occidente del país, más que todo en Antioquia, Chocó y el Eje Cafetero, sobre todo en el Urabá.
Para nosotros no hay víctimas ni de primera, ni de segunda clase. A nosotros no nos importa la religión, el estrato social que tengan, si son armados o campesinos. No. Todos son iguales y todos son personas. Este flagelo de la desaparición, en medio de una guerra como la nuestra, le coge a todo el mundo: el que es desaparecido lo es, independientemente de que haya sido combatiente o no.
Gracias a la justicia transicional, los familiares que después de mucho tiempo reciben estos cuerpos pueden empezar a hacer su duelo. Así sea entregarles huesitos, pero al menos ya saben que no están tirados en el monte.
Abuelos, padres, madres, hermanos, hijos, familiares siguen haciéndole comida a su desaparecido, arreglándole la habitación y preparándole el baño. Ese desasosiego no tiene presentación en una sociedad. Es duro encontrar el cuerpo hecho nada, pero al menos a partir de ahí el familiar comienza a descansar.
Es una alegría triste, ¿me entendés? Una alegría porque encontramos el cuerpo después de toda una investigación con los compañeros del Grupo de Exhumaciones, los de Criminalística, del CTI, de Medicina Legal, sumados a la seguridad que presta el Ejército o la Policía, más los mismos postulados que nos llevan al sitio en donde ellos, como victimarios, enterraron a las personas. Es una alegría también porque el cuerpo ya no va a estar tirado por allá en el monte, o en una selva, o metido en un hueco. Pero a la vez es triste porque uno lo hubiera querido encontrar vivo. Es contradictorio, ¿te das cuenta?
Uno aquí, de cierta manera, pierde la capacidad de asombro, porque de tanto ver cómo un ser humano es capaz de destrozar al otro, ya nada nos extraña. Aquí ves todas las razones de tortura, todas las clases de prácticas para matar; bien sean provenientes de paramilitares, guerrilla o lo que sea. Todos son iguales, todos cometieron (y cometen) las mismas barbaries, las mismas atrocidades. A mí me tocan muchas víctimas del Bloque Elmer Cárdenas, que lo comandaba ‘El Alemán’ y de la Casa Castaño, en el que estaba ‘Mono Leche’. También de grupos como el ERG, que era una disidencia del ELN, y del Bloque Bananero.
Hay muchos victimarios muy comprometidos, que vienen de Justicia y Paz o los que quieren beneficios por trámites. Otros dicen que después de que cumplan sus penas quieren colaborar. Otros tienen planes de hacer fundaciones para los desaparecidos. Y con muchos tenemos la misma misión: recuperar a todos los cuerpos que sean posibles.
La justicia transicional sigue, esto es de no de parar. Nos estamos preparando para lo que pueda salir de La Habana. Estamos iniciando investigaciones de fosas comunes que, en el caso de la guerrilla, es más complicado por las minas antipersonales.
Yo creo en esto porque lo que ha pasado aquí en Colombia con la justicia transicional es un modelo a seguir a nivel mundial, porque como los principios rectores de la misma ley, acá se busca verdad, justicia y reparación. Unos dirán: ‘Bueno, es que es muy poquito una condena de ocho años’. Pues hombre, sí, pero es que al menos van a pagar algo y gracias a esto se está sabiendo la verdad de muchas cosas, que sin este proceso nunca se iba a saber. Siempre va a faltar mucho, pero eso sí, te aseguro: estábamos peor antes. Hemos mejorado mucho y seguimos avanzando”.
*Gustavo Duque, fiscal especializado del Grupo de exhumaciones de la Dirección Nacional de Justicia Transicional.
Definición Técnica
Justicia transicional: la Ley 975 de 2005, más conocida como Ley de Justicia y Paz, fue creada como el primer proceso de justicia transicional en Colombia, con el fin de “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.
El artículo 8 de la Ley 1448, de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), la define como “los procesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales asociados con los intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de las violaciones rindan cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral a las víctimas, se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras armadas ilegales, con el fin último de lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y sostenible”.
Las cifras (de 2006 a 2012)
Total de hechos confesados: 39.546
Total de víctimas relacionadas con dichos hechos confesados: 51.906
Total de casos compulsados a la justicia ordinaria: 12.869
Delitos registrados:
– Masacres: 1.046
– Homicidios: 25.757
– Desaparición forzada: 3.551
– Desplazamiento forzado: 11.132
-Secuestro: 1.916
Jornadas de atención a víctimas: 799 y 152.150 víctimas atendidas.
Fosas exhumadas: 3.929
-Cadáveres encontrados: 4.809
-Cuerpos entregados a familiares: 1.813
