OPINIÓN| Entre 2013 y 2015 no hubo eventos de desplazamientos masivos, mientras que de 2016 al día de hoy se han registrado 6 casos en la ciudad.
Por: Elizabeth Otálvaro Vélez
Cuando escucho lo avergonzados que se sienten muchos de los bogotanos por las metidas de pata de su alcalde Enrique Peñalosa – y por supuesto, tienen razones de sobra para sentirse así–, anhelo que en las conversaciones entre los medellinenses, siquiera, se interpelara la fanfarronería de Federico Gutiérrez.
Detrás de tanta mediatización de sus acciones no podría sospecharse nada distinto que ineptitud; y esto, parece, lo sabe muy bien la Corte Constitucional. Por eso citó este 29 de noviembre al alcalde Gutiérrez a rendir cuentas por la problemática de desplazamiento intraurbano en la ciudad, agudizada en su administración, y que, además, demuestra que su afamada política de seguridad no es otra cosa que retórica.
Ahora, sus apariciones en medios para defender la idea punitivista de su política de seguridad, con su tono de tío paisa amable pero irremediablemente uribista, serían menos fastidiosas si, por lo menos, su trabajo fuera eficaz. Pero no lo es. Y no lo es porque la ciudad, como a otros, se le salió de las manos. Sí, señor alcalde, así le cueste compararse, a usted también la ciudad le quedó grande como a los que lo preceden; y no, no es la primera vez que las estructuras delincuenciales se sienten incómodas en la ciudad, como se lo dijo su secretario de seguridad, Andrés Tobón, a W radio. Otros líderes en la historia reciente de la ciudad también han apelado al populismo punitivo para mostrar resultados rápidos ¿o acaso en el pasado las capturas de Sebastián y Valenciano, grandes capos de la Oficina de Envigado, no generaron un caos cercano al que hoy vive la ciudad?
En Medellín, las soberanías en disputa, como diría la maestra María Teresa Uribe, le recuerdan al alcalde y a la ciudad, cada tanto, que con la captura de cabecillas solo se reacomodan poderes. Y los resultados de esta política son desalentadores, pues dejan, como sucedió el pasado fin de semana, víctimas no involucradas en el conflicto urbano. Esta vez, el niño Juan José Pérez, de 13 años, murió mientras estaba en su casa, ubicada en el barrio La Pradera de la Comuna 13 de Medellín. La causa: una granada lanzada, según reporta el periódico El Colombiano, por la banda “La Agonía” en enfrentamientos con la banda “el Coco”, ambas inmersas en un enfrentamiento territorial en el occidente de la ciudad.
Volvamos al tema de la audiencia. La Corte Constitucional citó al alcalde porque el tema es alarmante y es él quien debe dar respuestas, no los cabecillas de las bandas criminales, como lo sugirió el mandatario en una de sus declaraciones. Entre otras cosas, el auto 634 de 2018 de la Corte recuerda que entre enero y diciembre de 2017, haciendo referencia a un informe presentado por la Defensoría del Pueblo, se presentaron seis desplazamientos masivos intraurbanos en el país, de los cuales cinco ocurrieron en Medellín.
Además, en la audiencia pública de rendición de cuentas sobre derechos humanos en esta ciudad, celebrada el pasado 11 de octubre, se expuso de manera comparativa que entre 2013 y 2015 no hubo eventos de desplazamientos masivos, mientras que de 2016 al día de hoy se han registrado 6 casos registrados en la ciudad, uno más del que alcanzó a reportar la Corte en su auto. Hay que decir que el alcalde, quien se ufana de ser frentero, no asistió a la audiencia, demostrando, una vez más, su incapacidad para dialogar abiertamente con las organizaciones sociales.
En la misma audiencia, el Instituto Popular de Capacitación (IPC), presentó una cifra preocupante: del 1 de enero de 2016 al 13 de septiembre de 2018, se registraron 4.258 denuncias de desplazamiento forzado intraurbano que afectaron a 12.576 personas.
Y es que el discurso de Federico Gutiérrez frente a la seguridad, repito, no solo tiene al delito en su centro, sino que es evidentemente ineficaz e incoherente, al menos con lo que propone la Política Pública de Seguridad y Convivencia del municipio de Medellín, en la que se estableció un enfoque de derechos humanos que redujera, en su máxima expresión, las medidas represivas. Con indicios de sobra, esto poco o nada tiene que ver con el estilo del alcalde, capaz de escribir en su cuenta de Twitter que a los delincuentes los atenderá uno a uno, como si sus métodos se parecieran a los de una pelea callejera.
Ya esto lo han recalcado organizaciones ocupadas de la veeduría ciudadana y del análisis de las políticas públicas en Medellín, como es el caso de la Corporación Viva la Ciudadanía. Dos analistas de esta organización, Leyder Perdomo y Zaira Agudelo, recordaron en la audiencia pública que la política de seguridad de Gutiérrez, además de ineficaz, es muy costosa.
“En el plan de desarrollo se plantea un despliegue de inversiones en infraestructura, tecnología y burocracia para el control ejercido a través de la vigilancia que suma $277 mil millones, de los que ya se han ejecutado $57 mil millones en cámaras de vigilancia y equipos para la Policía. Entre las inversiones se encuentra el famoso ‘ficóptero’, la aeronave con que se vigila a la ciudad, que costó más de $6.000 millones y que hasta enero del 2018 había permitido la captura de 152 personas, el rescate de 3 caminantes extraviados, la recuperación de 7 carros y 5 motocicletas, la incautación de 9 celulares y la recuperación de otros 9 teléfonos. ¿Valdrá la pena semejante inversión?”, se preguntan los investigadores.
Federico: si su política de seguridad fuera integral — aumentando la inversión social —, los resultados podrían ser mejores y usted no tendría que lanzar estrategias inocuas como ‘Te Pillé’, una aplicación móvil para capturar ladrones. Y lo grave no es solo que descargue la responsabilidad de seguridad en el ciudadano, sino que posicione ese discurso de “gran hermano”, según el cual todos nos debemos sentir vigilados y obligados a desconfiar del vecino. Todos, para usted, debemos actuar como policías en nuestra vida cotidiana.
Quizá si toda su atención no estuviera en vigilar y castigar sino en resolver el problema de manera estructural, las cifras de homicidios no se habrían disparado, como también lo confirma la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín, pues al 27 de noviembre se habían registardo 548 homicidios, 52 más que el mismo periodo del año anterior. Por otro lado, no habría ocurrido un incremento en los hurtos, casi duplicándose el promedio por cada 100 mil habitantes en los 3 años de su administración, pasando de 307 a 779.
Incluso si su política no solo pareciera vigilar y castigar, habría tenido tiempo de atender de manera integral y oportuna el tema de los desplazamientos intraurbanos y no estaría hoy citado a rendir cuentas ante la Corte Constitucional.
