Exclusivo: Estos son ‘los nuevos’ desplazados del posconflicto

¡Pacifista! habló con varias familias desplazadas en el Chocó, que hoy se asientan en Lloró. También tuvimos acceso a una mina ilegal.

Los combates se aproximaron tanto que una bala impactó en su televisor. Evendi Mena logró arropar a sus seis hijos y esconderse debajo de las camas entre llantos. Su marido, Víctor Tapia, se encontraba trabajando en una finca cercana y consiguió escapar con su hijo mayor. “Subía al bote o me daban plomo allí mismo”, afirma el hombre. Pensó que nunca más volvería a ver a su mujer.

“Hirieron a un niño, el techo de nuestra casa se quemó, aquella noche fue un infierno”, relata Evendi. Eran las 7 p.m. del 19 de marzo en la vereda de Chirriquí, a las orillas del chocoano río Atrato. Decenas de vecinos huyeron en tres botes que llegaron a Lloró de madrugada. Al día siguiente abandonaron sus hogares el resto de las 17 familias de la vereda.

“Nunca habíamos tenido que salir, no sabemos quienes tuvieron el combate, pero eso da miedo. Uno ni se volteaba a mirar”, asegura Víctor. Desde el inicio de la desmovilización de las Farc en febrero, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ELN se han disputado el territorio del norte del Chocó, una importante ruta del narcotráfico y de minería ilegal.

Llóró está a una hora de Quibdó, y desde mediados de marzo,  la joven pareja y sus siete hijos viven allí con lo poco que pudieron rescatar de su casa: algo de ropa y el televisor baleado, la única pertenencia de valor. Pagan un arriendo de 200.000 pesos. Duermen todos juntos en tres colchones tirados en el piso. Han perdido su única fuente de sustento: el campo. Sus condiciones empeoran a medida que pasan los días. “Aquí no hay trabajo, está difícil conseguir plata. Estamos aguantando hambre, a veces nos traen frijolitos, cualquier arrocito. Cuando podemos, comemos; cuando no, toca pasar hambre”, cuenta Víctor. Sus hijos le preguntan a diario si van a regresar a casa, dónde están sus juegos, por qué los querían matar. La respuesta del padre siempre es la misma: “No lo sé”. A los pequeños les da miedo volver.

En lo que va de año han llegado a la pequeña vereda de Lloró 329 personas, según Luis Rentería, personero de esta localidad de 2.000 habitantes: en febrero, desde Canchidó, 122 personas (34 familias), que ya pudieron retornar a su comunidad. Desde Chirriquí, 72 personas (17 familias); Currupá, 88 personas (27 familias), y Currupacito, 48 personas (18 familias). Estas últimas tres comunidades llegaron en el mismo desplazamiento a mediados de marzo. “Están atemorizadas porque en sus territorios ancestrales y colectivos han aparecido actores armados. Así no pueden volver”, dice el personero.

Otra vecina de Chirriquí, Anapersi Cuesta, tuvo que huir con sus cuatro hijos a las 11 p.m. y llegó a Lloró.“Esos pelaos venían asustados, con miedo, con hambre”, relata la mujer, “cuando hay un combate uno puede estar lejos, pero se escucha y hay que correr”. Su familia vivía de un pequeño cultivo de maíz y piña en la parte trasera de su casa. Su marido a veces iba a la mina de oro con lo que ganaba un dinero extra. “Uno saca dos tomines (pedacitos de oro) al mes, y le dan 200.000 pesos”, explica Reinaldo Rentería, el esposo.

Despojados de su forma de vida, a los Rentería apenas les alcanza para comer una ración al día. “No hay como donde uno vive. Uno vive sembrando y si le falta algo allá lo busca. Aquí no tenemos nada que coger, aquí no tenemos nada de trabajo, apenas comemos un arrocito cuando se puede”, explica Reinaldo. Tampoco saben cuándo podrán regresar. Anapersi se encoge de hombros: “Nosotros sí queremos volver a la comunidad pero tenemos miedo de que al volver allá tengamos riesgo”.

Esos mismos combates del 19 de marzo obligaron a desplazarse también a los moradores de Currupá. “Uno agarró lo poco que pudo y como venía tanta gente en los botes no podíamos cargar mucho”, cuenta Hamer Bejarano sobre esa noche. Pudo traerse un generador eléctrico. Sus dos hijos, de siete y ocho años, “pasan el día por la calle pidiendo una moneda o un bocadito de comida”. Su padre se enfermó por la falta de alimentos. En la casa colindante vive otra vecina de su comunidad, María Melisa Bejarano, junto a su marido y su hija.

Las cifras son alarmantes. “En lo que va corrido del año aproximadamente 14.000 personas en Chocó han sido víctimas de confinamientos o desplazamientos forzados”, le explica a ¡Pacifista! Luis Enrique Murillo, Defensor del Pueblo en Quibdó. Y advierte sobre las amenazas en la región: “También hay otros hechos como las afectaciones por explosivos o minas antipersonal, la vinculación de menores a los grupos armados ilegales y la presión sobre líderes y lideresas”.

Uno de esos líderes en peligro, Leopoldino Perea, cuenta a este medio la persecución que sufre: “Me han amenazado a través de panfletos, amenazas verbales de líderes igual de allá, amenazas por escrito. El otro día me mataron un primo por los mismos líos”. Uno de esos panfletos anónimos lo repartieron por varios buzones de su comunidad instando a los vecinos a abandonar sus hogares si no querían “ser enterrados junto a sus familias” en febrero. Desde entonces, pidió auxilió al Estado para obtener un esquema de seguridad o escolta, sin recibir respuesta hasta la fecha. Dos de los 34 líderes asesinados este año, dos eran chocoanos: Alicia López Guisao y Juan Mosquera.

“En los últimos meses hay una dinámica diferente del conflicto. Esos territorios que abandonaron las Farc han sido escenario de disputas entre Los Gaitanistas y el ELN. Han generado enfrentamientos en medio de las comunidades, provocando desplazamientos como no se veía en los últimos años, generando una notable situación de riesgo para la población”, explica Murillo, y lanza un llamado de urgencia al Estado para brindar garantías de seguridad: “La Defensoría ha pedido con urgencia medidas concretas de protección. Desde el primer momento de la desmovilización de las Farc, el Estado debió llegar a esos territorios para garantizar la paz. No solamente con despliegue de la fuerza pública, sino con iniciativas generadoras de empleo”.

Las cifras de criminalidad, según Murillo, también se han disparado en las urbes. “Las bandas se disputan las zonas de microtráfico, el control poblacional que les brinda redes de apoyo para establecer zonas de confort”, señala. En el caso de Los Gaitanistas, se han asentado en varios barrios periféricos de Quibdó y detentan un poder absoluto en otros municipios como Istmina, después de arrasar con las pandillas delincuenciales y mantener duros combates con la Policía. Han hecho de esas áreas urbanas su feudo para reforzarse y fortalecer sus acciones hacia zonas rurales. “Ese cambio en el tipo de violencia también han mutado el tipo de desplazamiento, ahora es mucho más intraurbano. La gente sale de sus barrios para mudarse a casas de familiares en la misma ciudad”, considera Murillo.

Según el último boletín humanitario de la ONU, en los tres primeros meses del año 23.231 personas en Colombia fueron afectadas por limitaciones a la movilidad. Asimismo, 5.520 fueron víctimas de desplazamientos masivos, un 14 por ciento más con respecto al mismo periodo de 2016. De estos, 5.380 pertenecen a la costa pacífica.

La reavivación del conflicto armado sigue azotando a los chocoanos y otras regiones del Pacífico, donde la paz sigue sin llegar y al contrario se ha disparado la violencia. Son las nuevas víctimas del posconflicto, desplazados con nombre y rostro: Una lista de desplazados que engrosan la demoledora cifra de siete millones de desplazamientos forzados en Colombia, el país con más personas despojadas de su hogar por causa del conflicto.

La minería ilegal, foco de conflicto

En Chocó, los enfrentamientos en las zonas rurales tienen como objetivo, entre otros, hacerse con el control de las explotaciones mineras, multiplicadas en los últimos años. “Con el incremento de la gran minería también han llegado los grupos armados. Mucha población se ha visto coptada para dejar de ejercer actividades mineras”, asegura el Defensor. Los narcos han cambiado en los últimos años el comercio de drogas por la explotación de minerales, mucho más lucrativos. El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, declaró a El Tiempo el pasado mayo que “el oro podría ser 20 veces más rentable que la cocaína”.

¡Pacifista! tuvo acceso a una de las pocas minas de oro en Chocó a la que se puede llegar por tierra, la mayoría sólo son accesibles por los infinitos caminos fluviales del departamento, custodiados ahora por los elenos y los gaitanistas, desde donde se han desplazado centenares de familias. Hicimos un recorrido de una hora a pie junto a Andrés (pseudónimo para proteger su seguridad), uno de los trabajadores de la mina.

De momento, él no ha visto la presencia de actores armados en esa zona, aunque sí ha sufrido la violencia de bandas menores. “La mayor amenaza es de delincuencia común que de pronto lo llaman a uno para sobornar, para pedirle una plata por la actividad que desempeña”, explica. Los grupos armados organizados practican la extorsión en otros niveles. Al jefe de Andrés, un lugareño de Lloró, lo mataron en febrero por no disponer de la cantidad de dinero que le exigían. “Uno ni pregunta a quién le da la plata”, zanja.

Según datos de la Fundación Paz y Reconciliación, un 87,2 por ciento de los conflictos se producen en zonas de extracción minera. Las investigaciones de esta organización detectaron un total de 179 conflictos sociales relacionados con la minería en Colombia, especialmente de petróleo, oro y carbón.

Con Andrés, la trocha que nos lleva a la mina nos presenta un entorno desolador. El camino se convierte en ríos de cemento, agua estancada enrojecida por el óxido y surcos por el paso de maquinaria. Poco antes de llegar, cruzamos una mina abandonada que dejó enormes surcos de unos diez metros de profundidad y montañas de rocas amontonadas. La mina actual del tamaño de dos campos de fútbol crea un paisaje lunar relegando a la selva a su horizonte. Trabajan tres retroexcavadoras, rodeadas de interminables tuberías. Apenas quedan trabajadores, pues ya se han retirado las placas donde se podían hallar las virutas de oro. Algunos descansan en las caletas esparcidas.

“Esta mina de pronto no es ilegal ni es criminal, es informal. La minería en su mayoría en un 90 por ciento la trabajamos personas humildes”, justifica Andres.