Indultos, liberaciones y un ambiente político poco favorable para dialogar son los principales retos de los negociadores.
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El jefe negociador del ELN, “Pablo Beltrán” (izq.), y el jefe negociador del Gobierno, Juan Camilo Restrepo.
Este viernes, el Gobierno y el ELN reanudan los diálogos exploratorios de paz. Es el quinto año consecutivo en el que, sin ningún resultado a la vista, intentan ponerse de acuerdo en la apertura de una fase pública de conversaciones. El Ejecutivo y la guerrilla llegan a la mesa con tres días de retraso frente a la fecha anunciada en diciembre (10 de enero), luego de que suspendieran los diálogos para que los negociadores del ELN hicieran consultas “ante instancias superiores” sobre el tema que —paradójicamente— tiene estancado el proceso: las acciones humanitarias.
Para intentar concretar este nuevo acercamiento, el presidente Juan Manuel Santos envió a Quito (Ecuador) —sede momentánea de los diálogos— al jefe negociador del Gobierno, Juan Camilo Restrepo; al exnegociador alterno para el proceso de paz con las Farc, Jaime Avendaño; a la exministra de Medio Ambiente Luz Helena Sarmiento; a la periodista y directora del Programa de Pedagogía para la Paz de la Presidencia, María Alejandra Villamizar; al general (r) del Ejército Eduardo Herrera y al siquiatra Alberto Fergusson.
Del lado del ELN, la delegación está integrada por el jefe negociador e integrante del Comando Central (COCE), “Pablo Beltrán”; los comandantes “Aureliano Carbonel”, “Gustavo Martínez” y “Antonio García”, y los delegados “Consuelo Tapias” y “Bernardo Téllez”.
Las delegaciones trabajarán, por separado y en conjunto, para tratar de zanjar las diferencias existentes e instalar, por fin, la fase pública de conversaciones pactada en marzo del año pasado. Presentamos las principales dificultades que deberán resolver el Gobierno y el ELN para echar a andar el proceso de diálogo.
Los dos indultos
Para dar inicio a la fase pública, las partes deberán resolver el tema de los gestos humanitarios, que ha generado desencuentros públicos y privados. El Gobierno y el ELN deberán concretar el acuerdo que suscribieron el 6 de octubre de 2016, según el cual la guerrilla liberaría tres secuestrados a cambio de que el Ejecutivo nombrara dos gestores de paz e indultara a dos insurgentes.
De momento, el problema radica en los indultos. Aunque el acuerdo firmado dice que esos perdones judiciales se harán de acuerdo con la ley, el ELN planteó en un comunicado a finales de noviembre que entiende como indultables los delitos de “dar muerte en combate a un combatiente” (homicidio) y “tomar prisioneros como producto de combates” (secuestro). La aclaración se debía a que la guerrilla propuso como beneficiarias de los indultos a dos personas condenadas por esos delitos, tal como le contó a este portal una fuente del Gobierno.
Como las leyes actuales no permiten indultar esos crímenes, ni el ELN cedió en los nombres propuestos, la guerrilla se fue a consultas para definir otros dos candidatos.
Y aunque está claro que el problema es de ley, el ELN asume que la negativa del Gobierno corresponde a falta “de voluntad política”. Así lo dejó claro “Téllez” en una entrevista para Rebelion.org: “La dificultad actual de la mesa está en el tema de los indultos pactados (…) El Gobierno se niega a considerar estos casos dándole una estrecha interpretación al delito político y a sus códigos y haciendo abstracción de que estamos emprendiendo un proceso de paz. El conflicto armado (…) requiere de voluntad política de las partes”.
Pero, desde el punto de vista del Gobierno, las soluciones jurídicas para los guerrilleros hacen parte de las discusiones que deben darse en la fase pública. En el caso de la negociación con las Farc, el tema se discutió solo hasta el tercer año de la negociación, cuando ya estaban listos los acuerdos sobre desarrollo rural, participación política y drogas. Las diferencias en este punto han retrasado los diálogos 42 días, que es lo que duraron las consultas del ELN. Pero la tozudez de la guerrilla tiene un origen complejo.
La liberación de Odín Sánchez
El antecedente de la pelea por los indultados tiene su origen en la controversia pública que han sostenido las partes por la liberación del excongresista Odín Sánchez, secuestrado por el ELN en abril de 2016. A finales de octubre de ese año, pocas horas antes del momento previsto para instalar la fase pública en Quito, el jefe negociador Juan Camilo Restrepo anunció que la ceremonia solo se realizaría si la guerrilla liberaba a Sánchez, condenado por ‘parapolítica’. Entonces, el Gobierno declaró que esa condición se había pactado en la mesa. Sin embargo, el ELN dijo que el asunto no se había acordado y que se trataba de una imposición repentina del Ejecutivo.
Como el Gobierno insistía —y aún insiste— en que el caso de Odín estaba incluido en el acuerdo sobre asuntos humanitarios, el ELN publicó el documento del acuerdo. En el texto no aparece el nombre de Sánchez, ni de ninguna otra persona, por lo que quedó en entredicho que la liberación del excongresista se hubiera pactado.
El acuerdo revelado por el ELN, que no fue desmentido por el Gobierno, solo contempla la liberación de dos secuestrados antes del 27 de octubre y de un tercero durante la primera ronda de conversaciones. Y como el ELN liberó antes de la fecha acordada a Fabio León Ardila, exalcalde de Charalá, y al arrocero Nelson Alarcón, el caso de Odín quedó relegado a la primera ronda de diálogos, al menos al entender de la guerrilla.
Así las cosas, las partes han reclamado del contrario el cumplimiento de asuntos que o no quedaron escritos o contradicen los textos firmados. La exigencia del Gobierno sobre la liberación de Sánchez habría radicalizado al ELN en la discusión por los indultos, al punto de tener que suspender momentáneamente las conversaciones.
Las partes deberán llegar a un acuerdo sobre los guerrilleros que serán indultados para que el ELN acceda a liberar al excongresista antes del inicio de la fase pública, que es lo que pide el Gobierno. La lógica que parece imperar en la mesa es la de “toma y dame”, aunque ello implique sacrificar la agilidad de los diálogos.
El ambiente político
El Gobierno y el ELN deberán continuar la negociación en un ambiente político poco favorable. Sobretodo, porque se han dedicado a reprocharse públicamente, lo que evidenciado la profunda desconfianza que existe en la mesa y ha generado desgaste en la opinión. En una carta pública dirigida a las partes, un centenar de intelectuales y políticos colombianos les recordaron que “no es saludable ni conveniente la negociación a través de los micrófonos, ni deseable la cadena de informaciones y contra-informaciones para explicar las demoras. Una fase exploratoria debe ser, por definición, discreta”.
Los firmantes también ‘exigieron’ “la liberación inmediata de Odín Sánchez y el abandono definitivo” del secuestro. La exigencia es una expresión del rechazo ciudadano a ese delito, que es percibido como ‘injustificable’. Más aún, porque la lógica del “toma y dame” que ha planteado el ELN es rechazada por buena parte de la opinión pública, que no entiende el proceso como una negociación entre iguales y que tiene como referente el proceso de paz con las Farc.
Desde antes de iniciar la fase pública de la negociación, a lo largo de ella y antes de firmar un acuerdo final, las Farc renunciaron a la práctica del secuestro. Asimismo, liberaron los soldados y policías que tenían en su poder, decretaron varios ceses unilaterales al fuego; trabajaron con el Gobierno en labores de desminado humanitario, sustitución de cultivos y búsqueda de desaparecidos; cesaron el reclutamiento de menores e hicieron actos de reconocimiento de responsabilidad. Todo ello sin que, necesariamente, el Ejecutivo les diera algo a cambio.
Este jueves, Restrepo contestó la misiva de los intelectuales. Dijo que el Gobierno seguirá insistiendo en el tema de la liberación de los secuestrados y que la delegación gubernamental llega a Quito convencida de “hacer todos los esfuerzos para iniciar este diálogo con la seriedad y la prontitud que demanda el país”.
Este año las partes también deberá lidiar con el ambiente preelectoral. Los partidos políticos se preparan para escoger a sus candidatos a las elecciones presidenciales, y todo apunta a que las discusiones por la paz girarán en torno a la implementación del Acuerdo Final que firmaron el Gobierno y las Farc. A Santos solo le queda un año y un medio para mostrar resultados en la negociación con el ELN, de modo que el nuevo presidente reciba una base sólida que motive la continuidad de los diálogos.
