Aunque no hay ninguna prueba de corrupción, preocupa que la ejecución de los programas rurales (PDET), sea del 7 por ciento.
Los debates presidenciales, la captura de Jesús Santrich y su posible extradición, la decisión de regresar a Caquetá por parte de Iván Márquez y el paro armado en Catatumbo han eclipsado los cuestionamientos alrededor de los dineros de la paz. Y no es un asunto menor: se trata de 2,4 billones de pesos para implementar el Acuerdo de Paz, por lo menos en su primera fase. De estos recursos, 900.000 millones de pesos, casi la mitad, fueron donados por Noruega, Suecia y Suiza.
Desde el pasado 4 de abril, las entidades de control tienen bajo la lupa los dineros, pues los embajadores de Suecia, Noruega y Suiza le solicitaron al Ministerio de Hacienda una rendición de cuentas sobre cómo los están invirtiendo. A esta solicitud se sumó una explosiva declaración del fiscal general, Néstor Humberto Martínez: “De acuerdo con las evidencias obtenidas mediante controles técnicos y seguimientos legales, se advierte la existencia de una red de intermediarios que estarían interesados en la adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas, a cambio de beneficios económicos indebidos”.
Con los recursos del Fondo Colombia en Paz se financiaron más de 1.800 contratos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los cuales están siendo estudiados por la Contraloría General. Edgardo Maya, el funcionario al frente de esta entidad, envió dos cartas para obtener información sobre cómo han invertido los recursos. La Procuraduría también se montó al bus de la Contraloría y la Fiscalía y le exigió al gobierno información detallada y designó al procurador Giancarlo Marcerano, delegado para la vigilancia administrativa, para que se encargue del caso.
Aunque el Gobierno sostiene que no existe ni una sola sanción o hallazgo de corrupción en el manejo de estos recursos, lo cierto que al menos dos factores están jugando en contra del Fondo Colombia en Paz: por un lado, la implementación del Acuerdo de Paz no avanza de la manera en la que se esperaba, y esto se puede ver en los territorios afectados –todavía– por el conflicto. Además lo dice el Observatorio de Seguimiento a la Implementación: a corte de enero, el cumplimiento de lo acordado apenas avanzó en un 18 por ciento.
El segundo factor que ha despertado sospechas es la salida inesperada de Marcela Huertas Figueroa como coordinadora del Fondo Colombia Sostenible, el cual depende a su vez del Fondo Colombia en Paz. En Semana Santa se dio a conocer su salida sin mayores explicaciones. Como medida de contención, la gerente del Fondo Colombia en Paz, Gloria Ospina, asumió el cargo de Huertas. Sobre Ospina reposan dos cuestionamientos: en 2017, cerca de 100 contratistas de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) firmaron una carta por retrasos en los pagos de los salarios. Por otro lado, para la creación del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), por 1.340 millones de pesos, fue seleccionada una firma en la que trabaja la pareja de Ospina: Iván Fernando Cifuentes.
Más allá de estas denuncias y los entramados burocráticos, la pregunta que muchas personas se están haciendo es: ¿En qué se están inviertiendo esos recursos? ¿Cómo se ve afectada la implementación del Acuerdo de Paz en el terreno? A continuación les mostramos por qué es tan importante hacerle seguimiento a los recursos del Fondo Colombia en Paz.
1.¿Quiénes integran el Fondo Colombia en Paz?
Este Fondo fue creado el 27 de abril de 2017 para administrar las inversiones necesarias para implementar el Acuerdo de Paz. El consejo directivo está integrado por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; el secretario general de la Presidencia Alfonso Prada; el Alto Consejero para el Posconflicto Rafael Pardo; la Alta Consejera Presidencial para el sector privado, Catalina Soto; la viceministra general del Ministerio de Hacienda, Paula Ximena Acosta; y el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo
2.¿Cómo funciona?
El Fondo tiene la obligación de administrar todos los recursos que son necesarios para la implementación del Acuerdo. Esto incluye cinco fuentes de financiación principales: Presupuesto General de la Nación (36 por ciento), Sistema General de Participaciones (29,2 por ciento), Sistema General de Regalías (15,25 por ciento), cooperación internacional (8,9 por ciento) e inversión privada (6,4 por ciento).
¿Cómo lo hace? Recibe los aportes ya sea del Estado o de entidades nacionales o extranjeras e incluso personas. Crea subcuentas, una para reincorporación, por ejemplo, y celebra convenios y contratos para ejecutar esos recursos. El Fondo puede celebrar contratos tanto como entidades públicas como privadas. El control y la vigilancia sobre los recursos dependen de la Contraloría General y de la Secretaría de Transparencia.
3.¿En qué invierten la plata?
El dinero que ingresa al Fondo Colombia en Paz se dirige a 10 cuentas:
- Reincorporación: el gobierno tiene el reto de garantizar la reincorporación a la vida civil de 11.400 excombatientes que se han acreditado ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. De la reincorporación depende que los exguerrilleros accedan a servicios de salud, educación y trabajo. Es el Fondo el encargado de consignarles 2 millones de pesos como subsidio a cada desmovilizado.
- Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): La JEP es el organismo encargado de juzgar a los actores del conflicto y esclarecer lo que sucedió en el mismo. Según el Ministerio de Hacienda, en 2017 fueron invertidos 44.000 millones de pesos para el funcionamiento de la JEP; lo que incluye contratación de personal, adecuación de la sede, salarios, entre otros servicios que necesita el organismo para operar.
- PDET: Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) fueron diseñados para sacar adelante la Reforma Rural Integral. Estos programas se están desarrollando en 170 municipios del país que fueron afectados gravemente por el conflicto armado. En total son 16 subregiones que en el transcurso de los próximos 10 años deberán implementar estos programas, decidiendo cómo van a desarrollar el territorio. La Agencia para la Renovación del Territorio (ART) tiene la obligación de sacar adelante esos PDET con la participación de las comunidades locales. El Fondo Colombia en Paz, además de financiar toda la logística, debe garantizar los salarios de los funcionarios de la ART así como los costos de desplazamiento y atención a las comunidades priorizadas.
- Sustitución de cultivos de uso Ilícito: El programa de sustitución que nació del Acuerdo busca una erradicación y sustitución de los cultivos de uso ilícito, como la coca, de la mano con las comunidades campesinas. Según el Gobierno, existen 183 municipios con este tipo de cultivos. A la fecha ha intervenido en 32, que concentran el 52 por ciento de las áreas cultivadas. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el 67 por ciento de las familias que se han vinculado al programa son cultivadores de coca. ¿De dónde salen los recursos para estos cultivadores? Del Fondo Colombia en Paz.
- Fondo Colombia Sostenible: El Fondo Colombia Sostenible se encarga de direccionar los recursos de cooperación internacional y, en el primer año, se trazó metas de inversión relacionadas con temas ambientales, como disminuir los índices de deforestación y garantizar la estabilidad de las áreas protegidas en Colombia. En los próximos 15 años tiene planeado recibir 600 millones de dólares a partir de tres sectores: empresarial, cooperación bilateral y filantropía.
- Primera infancia: El Fondo Colombia en Paz es el encargado de financiar los planes de educación rural y, en este ámbito, los programas de atención a primera infancia. Según el Gobierno, en primera infancia se han atendido 1.200.000 niños, aunque no precisó de dónde provenían las inversiones, pues además de lo pactado en La Habana existen otros retos a cargo del Ministerio de Educación y de la Consejería Presidencial para la primera infancia.
- Otras inversiones: Existen otras tres subcuentas de financiación: una para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Tierras (clave para implementar la Reforma Rural), otra para la Sociedad de Activos especiales, encargada de organizar los recursos que provienen de los bienes entregados por Farc y por último una subecuenta de “respuesta rápida”, la cual fue creada para apoyar financieramente proyectos que estén estancados o que necesiten recursos inmediatamente.
4.¿Cómo va la ejecución de los recursos?
Después de los cuestionamientos en los medios de comunicación, el Gobierno publicó los balances financieros del Fondo Colombia en Paz. Del Fondo Multidonante ONU, se ha comprometido el 81 por ciento de los recursos, lo que corresponde a 67 millones de dólares. Del Fondo de la Unión Europea, el 36 por ciento de los recursos, que equivalen a 31 millones de euros. Del Banco Mundial se ha ejecutado el 82 por ciento de los recursos, es decir, 5,8 millones de dólares.
En relación a los otras subcuentas, se tiene que el Fondo Colombia en Paz ha invertido el 41 por ciento del presupuesto asignado para la sustitución de cultivos, es decir: 205 mil millones de pesos. En los PDET ha girado 10.000 millones de pesos de 166.000 asignados. En la Agencia Nacional de Tierras invirtió 1.500 millones de pesos, de 24.832 millones asignados. En la JEP 20.353 millones de 44.493 asignados. En total, para nueve subcuentas, al Fondo le han asignado 875.000 millones de pesos, de los cuales comprometió 727.000 millones de pesos y giró recursos por 308.199 millones.
Preocupa que, faltando tan solo cuatro semanas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el Fondo haya ejecutado apenas el 40 por ciento del presupuesto para la sustitución, el 7 por ciento para los PDET (que son considerados el primer paso para implementar la paz en la Colombia rural), el 26 por ciento en primera infancia y el 42 por ciento en la JEP, la columna vertebral de la justicia para la paz.
