En manos de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz están los folios de los asesinatos de por lo menos 6.328 víctimas de la UP. ¿Se esclarecerá la verdad?
“¿Qué es la UP?”. Esta pregunta cortó el silencio en los pasillos del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. En las escaleras y en las paredes del lugar se veían siluetas de cartón recortado en blanco y negro. Eran representaciones de las víctimas del exterminio de la Unión Patriótica: madres cabezas de familia, jóvenes, políticos, dirigentes sindicales, comerciantes… “Te invito a que entres al auditorio y escuches”, le respondió una víctima de la UP a la joven que hizo la pregunta, quien desprevenidamente había entrado a la cafetería del Centro cuando tenía lugar el evento.
En esa tarde, la del jueves 17 de mayo, se veían largas filas en torno al auditorio del Centro. En su entrada, dos mujeres entregaron a los asistentes flores amarillas y una copia del documental El Baile Rojo, donde se cuenta la historia de la génesis y el exterminio de la Unión Patriótica, ese partido que nació del proceso de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc, en 1985, que tuvo 275 concejales, ocho congresistas, 24 diputados departamentales y dos candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal, asesinado en 1987 y Bernardo Jaramillo Ossa, también asesinado en marzo de 1990.
La joven que hizo la pregunta ingresó al auditorio y se encontró con cerca de 60 víctimas sentadas, todas con rosas amarillas en las manos. Todas estaban allí, en silencio, esperando la llegada de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de los integrantes de la Comisión de la Verdad. Ambas entidades, creadas bajo el Acuerdo de Paz con las Farc, tendrán un papel trascendental en el caso de la UP: la JEP, porque escuchará a los responsables del conflicto y deberá, en primera medida, garantizar la verdad y la reparación de las víctimas. La Comisión, porque tendrá la misión de revelar la verdad sobre lo que sucedió en el conflicto armado de Colombia.
Sentada al lado de las víctimas –ellas prefieren que les llamemos sobrevivientes–, una hilera de personas sorprendió a la mujer. Por un costado del auditorio fueron entrando, una por una, sobrevivientes vestidas de verde y amarillo, los colores de la UP. Dos hombres con trompetas entonaron el himno del partido y, ya en la tarima, las víctimas hicieron un performance que hizo llorar a los asistentes de la primera fila, donde estaban figuras importantes del partido, como Aída Avella, electa al Senado el pasado 11 de marzo. “¿En serio mataron a más de 6.000 personas? ¿Quién hizo eso?”, preguntaba la joven.
Esta pregunta encierra una complejidad enorme: la UP ha exigido, desde los ochenta, que el Estado responda por los crímenes y, pese a algunos avances judiciales particulares, no ha sido posible encontrar una reparación colectiva, tampoco una verdad sobre la sistematicidad en los asesinatos. En el performance las sobrevivientes contaban su historia: “teníamos varias sedes en Guaviare, mi papá militaba en la UP, no sé dónde está. Un día éramos la esperanza en Colombia y en la noche éramos solo cenizas”, decían.
¿Y por qué todo ha salido tan mal y no les han contado la verdad?, preguntaba una vez más la mujer que se encontró por sorpresa con este evento de reconciliación. La respuesta a la pregunta se la daría más adelante, en la tarima, la directora de la Corporación Reiniciar, Jahel Quiroga. Ella interpuso, a través de su organización, una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que reconociera la responsabilidad del Estado en el genocidio de la UP. Según ella, la CIDH les comunicó que tienen listo un informe en el que “establece la responsabilidad internacional del Estado de Colombia por los hechos perpetrados en contra de los integrantes y militantes de la UP y recomienda reparar integralmente a todas las víctimas a nivel individual, incluyendo indemnizaciones por el daño material e inmaterial, así como a nivel colectivo”.
Después de conocer ese informe, el director de la Agencia Jurídica del gobierno, Luis Guillermo Vélez, dijo que el caso deberá pasar por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que emita un fallo de fondo, pues el gobierno no está de acuerdo con que exista una reparación individual, por un lado por los costos que representa y, por otro, porque no tienen claridad sobre quiénes son las víctimas.
En este contexto, el evento en el Centro de Memoria adquiría mayor relevancia: que los magistrados de la JEP y los integrantes de la Comisión de la Verdad aceptaran, frente a frente con las víctimas, estudiar el caso de la Unión Patriótica significa que, quizás en un futuro, la Corte Interamericana pueda contar con más información sobre lo que pasó en ese entonces y que el gobierno pueda admitir a las víctimas, sin justificar su inacción por el desconocimiento.
La directora de la corporación Reiniciar se quedó en silencio cuando vio a las víctimas. Después retomó su discurso: “Este caso…tan emblemático y tan olvidado… Hoy les puedo decir que la lucha de los familiares no ha sido en vano, que la Comisión Interamericana ya se pronunció. A la UP la asesinaron, la desaparecieron, al torturaron, eliminaron la esperanza. Pero hoy seguimos aquí y estamos dignificando la memoria: queremos que se establezca la responsabilidad y que se sancionen a los autores materiales e intelectuales”.
Por el caso de la Unión Patriótica se han emitido condenas particulares. El 26 de octubre de 2017, de hecho, el Consejo de Estado le ordenó al gobierno financiar una investigación en torno al genocidio de la UP, pues las investigaciones en los últimos años han sido aisladas, insatisfactorias para las víctimas. Uno de los pocos actos por parte del Estado colombiano lo organizó el presidente Juan Manuel Santos, quien admitió, en 2016, que el “Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esta persecución estaba en marcha”.
Lucía Victoria González, una de las 11 comisionadas de la Comisión de la Verdad, estuvo sentada en primera fila, escuchando. “Yo creo que todos los avances por reconocer el dolor de las víctimas, así como el esclarecimiento de los hechos, demuestran que el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición está funcionando. Nosotros queremos darle continuidad a las investigaciones, y por eso reconocemos los trabajos que se han realizado. La tarea arranca desde una vara alta, y sin duda el tema de la UP será ineludible en nuestra investigación. Con seguridad, les digo a las víctimas, este episodio será tenido en cuenta de manera muy especial”.
En la misma fila estaba escuchando atentamente la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Marina Monzón Cifuentes. Para ella, este evento fue muy importante porque ratificó que diferentes instituciones comparten una finalidad: investigar lo que pasó con la UP y darle la cara a las víctimas. “Las víctimas pueden esperar de nosotros un compromiso absoluto, no solo para dignificarlas sino para construir paz. En este momento estamos diseñando toda la estructura de la Unidad, pues se necesita un método de investigación para la búsqueda de personas desaparecidas y tenemos que garantizar de manera permanente la participación de las víctimas en los procesos de búsqueda. Por eso estoy aquí”.
En el evento hablaron Aída Avella y representantes de la JEP. Hubo silencios y algunos aplausos. La mujer joven que llegó a este lugar les dio las gracias a las personas que organizaron el evento, devolvió amablemente la flor y siguió su camino por la calle 26 hacia el oriente.
En el marco del evento, ¡Pacifista! conversó con dos de las víctimas asistentes, en un intento por entender su sentir y las expectativas que tienen frente a la nueva etapa que marca el posconflicto para el país.
“Queremos un esclarecimiento a nivel internacional”: Cristy Lozano
¿Qué documentos le entregaron a la JEP y a la Comisión de la Verdad?
Entregamos un documento general que hace referencia a los casos que lleva la Corporación Reiniciar sobre el genocidio cometido por el Estado contra la Unión Patriótica. Es un acto simbólico. Buscamos que se dé un esclarecimiento de los hechos a nivel internacional porque a nivel nacional no hubo garantías. El Estado tiene que garantizar que no haya impunidad y que las víctimas puedan ser reparadas.
¿Cuál fue su caso?
Mi padre era militante de la UP. En 1994, cuando se dirigía a una finca en el Huila, se lo llevaron. Lo bajaron de una chiva, lo torturaron, lo desaparecieron y lo encontramos en la represa Yaguará. Él se llamaba Luis José Lozano Laguna y trabajaba en las bases de los barrios, haciendo trabajo político.
¿El Estado respondió frente a este caso?
No. Para nosotros el pronunciamiento de la Comisión Interamericana genera una alegría enorme porque durante 25 años el gobierno no les ha prestado atención a las víctimas, no reconoció el genocidio político. Estamos hablando de 6.328 víctimas que el Estado tiene que reparar. Nosotros hemos vivido una estigmatización constante por ser familiares de las personas asesinadas, nos dicen guerrilleros y no se dan cuenta de que estas personas lucharon para que el país fuera diferente.
¿Qué expectativas tiene de la JEP y de la Comisión de la Verdad?
Con la Comisión queremos que se sepa realmente qué fue lo que ocurrió, pues el gobierno no sabe realmente quiénes son las víctimas ni los responsables del genocidio. Con la JEP esperamos que se vislumbre quiénes fueron los culpables reales y que se abran nuevos espacios a partir del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc.
“Las familias quieren estar tranquilas: saber lo que pasó”: Linda Paola Medina
¿Qué representó para usted este evento?
Quisimos hacer una entrega oficial de la información que hemos venido recopilando sobre el genocidio de la UP y queremos que todo el proceso sea esclarecido.
¿Cuál es su caso?
Mi familia es sobreviviente porque mi hermano, Tarsicio Medina Charry, estaba vinculado al partido de la UP y fue detenido y desaparecido por una patrulla de la policía del Huila el 19 de febrero de 1988.
¿Qué espera de la Comisión y de la JEP?
Lo que siempre hemos esperado es que nos ayuden a las familias, que tengamos conocimiento sobre lo que pasó. Queremos que las familias tengan la tranquilidad de saber la verdad, y en los casos de los desaparecidos que los encuentren.
¿Qué dice el Estado de su caso?
Hubo una resolución de la Comisión Interamericana en 1998, donde se reconocía el caso y le obligaba al Estado a reconocerlo. El subteniente de la Policía del Huila, César Augusto Orozco, fue encontrado culpable pero nunca pagó cárcel porque pasó a la lista de los paramilitares. Cuando lo juzgaron le dieron 48 meses de prisión porque en ese entonces no existía la Ley de Desaparición Forzada, entonces la justicia lo catalogó como secuestro simple.
