La Procuraduría dijo que el plebiscito no es el mecanismo idóneo y dijo que no es "enemiga" de la paz.
- Santos le dijo a la Corte que podría negociar o firmar, pero que la decisión sobre los acuerdos de paz debe recaer sobre el pueblo. Foto Santiago Mesa.
“Quiero entregarle la paz al pueblo para que sea él quien decida si seguimos avanzando en el camino que hemos recorrido. Lo hago porque mi talente democrático me obliga”. Con ese argumento, el presidente Juan Manuel Santos le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible la ley que crea la figura del plebiscito que sería convocado para refrendar los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc.
El mandatario abrió la intervenciones de la primera audiencia pública convocada por ese tribunal para escuchar los argumentos a favor y en contra de la figura que serviría al ejecutivo para convocar a los colombianos a las urnas y resolver el apoyo popular a lo negociado en La Habana.
Santos aseguró que podría simplemente “negociar y firmar” con las facultades propias de su cargo, pero dijo ante los magistrados que su insistencia en la refrendación, y en particular en el plebiscito, se debe a que haría al pueblo protagonista, dueño y beneficiario de la paz.
En cuanto a las razones por la cuales la ley crea una nueva forma de plebiscito, diferente a la existente hasta ahora en la legislación, el presidente afirmó que la decisión de implementar los acuerdos no es solo del Ejecutivo. Con ese punto, Santos se refirió a que el actual mecanismo solo podría aplicarse para que el pueblo apruebe o rechace una determinación del presidente.
Según dijo, “la decisión de la paz trasciende las políticas de un gobierno, por eso no se trata de un plebiscito ordinario sobre una decisión del presidente. Este nuevo plebiscito es el mecanismo idóneo para que el pueblo colombiano determine con su voto si este acuerdo debe convertirse en una política de Estado”.
En cuanto a los otros mecanismos, dijo que el referendo no podría aplicarse para un acuerdo de ese tamaño y sobre la constituyente, que abriría lo negociado a resultados inciertos. Aclaró que los acuerdos sólo serán implementados después que se lleve a cabo el plebiscito.
No es votar SÍ o NO a la paz, sino a lo acordado en La Habana: Gobierno
En la misma audiencia, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que “ni la Procuraduría ni los más duros contradictores del plebiscito, han encontrado un solo error, un solo vicio de trámite en la conformación de esta ley estatutaria. Eso demuestra el cuidado que se tuvo y la trascendencia que le dio el Gobierno”.
El ministro también se refirió a un tema que generó polémica la semana anterior por cuenta de una declaración de la Procuraduría, en el sentido de que los funcionarios públicos no deberían ser habilitados para promover el voto a favor o en contra del plebiscito. “La campaña del plebiscito no podrá comenzar sino en el momento en el que la Corte Constitucional tome una decisión frente a esta ley estatutaria. Sólo en el momento en que se convoque al plebiscito se podrá empezar a hablar de participación de funcionarios en la promoción del plebiscito. Hasta tanto, lo que hay es un debate sobre la paz”, dijo Cristo.
Finalmente, el funcionario habló del blindaje jurídico de los acuerdos, anunciado hace dos semanas en la mesa de conversaciones. Aseguró que ni la incorporación de lo acordado al bloque de constitucionalidad ni la creación de facultades extraordinarias para la implementación de los acuerdos ocurrirá antes de que los ciudadanos se expresen en la urnas.
- Está previsto que en la audiencia sean escuchadas 24 intervenciones a favor o en contra de la figura del plebiscito por la paz. Foto Santiago Mesa.
En el mismo sentido se pronunció el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle. Afirmó ante la Corte que el blindaje jurídico no reemplaza la refrendación. Dijo que esos mecanismos acordados para que los acuerdos hagan parte del ordenamiento jurídico deben pasar por el Congreso, por el control de constitucionalidad de la misma Corte y por el proceso de refrendación. Finalmente, dijo que la convocatoria a las urnas no sea trata de votar SÍ o NO al derecho a la paz, sino de decidir sobre el camino escogido en La Habana.
Por su parte, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, aseguró que el proceso de negociación “es el cierre del ciclo constituyente”. Según dijo, la Constitución de 1991 fue concebida como un proceso de paz y lograr un acuerdo es la posibilidad de ponerla en marcha. Por tanto, el funcionario les dijo a los magistrados que la negociación no es un “pacto militar” o un “acuerdo entre élites”, sino que está atravesada por la participación como la única forma de que lo acordado pueda implementarse.
El mecanismo no es idóneo: Procuraduría
La viceprocuradora General, Martha Isabel Castañeda, aseguró que esa entidad “es una de las defensoras de la paz en Colombia (…) no estamos en contra de la paz, eso sería absurdo. Menos aún de los procesos de diálogo, sino que hemos hecho manifestaciones sobre cómo debería blindarse, cómo debería cumplirse ese acuerdo final”.
Sobre el plebiscito por la paz, la funcionaria indicó que el mecanismo “no es idóneo”. Según el Ministerio Público, “consagra unos efectos normativos que no son propios de esta iniciativa ciudadana”.
Uno de los aspectos que cuestionó la viceprocuradora es el llamado umbral de decisión (el plebiscito por la paz sería aprobado si el 13% del censo electoral, cerca de 4,5 millones de personas, votan por el SÍ). Para esa entidad, esa figura no ofrece garantías democráticas y “desestima el valor de los abstensionistas”.
Por otra parte, criticó que se proponga una votación en bloque, es decir, que se pregunte de forma general si se aprueba o se niega la totalidad del acuerdo. “El acuerdo final es la suma de varios acuerdos que tienen contenidos disímiles y complejos que en sí mismos demandan una análisis cuidadoso y profundo”, dijo la funcionaria.
Igualmente pidió que se ofrezcan las garantías para que los ciudadanos puedan acudir a las urnas sin ningún tipo de presión armada por parte de las Farc. También dijo que el Gobierno debe hacer de los acuerdos una “pedagogía seria y neutral de sus contenidos y alcances de tal forma que le sea posible entender su contenido y sus consecuencias, sin que se les condicione a favor o en contra”.
