El presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos habla sobre una decisión a favor de los segundos ocupantes.
- A 26 de junio de 2016, los jueces de tierras le habían devuelto a las víctimas más de 187 mil hectáreas. Foto: Santiago Mesa
Hace nueve meses, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) hizo una apuesta arriesgada. Esa organización de la sociedad civil, una de las más combativas del siglo pasado, y también una de las más victimizadas durante la guerra, le pidió a la Corte Constitucional que les facilitara las cosas a quienes actúan como opositores en los procesos de restitución.
Para ello, la Anuc le dijo a la Corte que eliminara una condición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, según la cual los opositores deben demostrar su buena fe “exenta de culpa” para recibir compensaciones y otros beneficios que otorga el Estado.
La expresión “exenta de culpa” significa que, además de probar que no son despojadores, los opositores a cada uno de los procesos de restitución deben convencer a los jueces de que hicieron todo lo posible para determinar que al comprar u ocupar las tierras no estaban afectando a las víctimas, ni sacando provecho de la violencia.
La razón de la Anuc para pedir esa modificación es que una parte de los opositores son segundos ocupantes; es decir, campesinos que no despojaron a nadie y que viven de trabajar las fincas que las víctimas piden de vuelta. Para esa organización, era “injusto” que por reparar a un grupo de personas, el Gobierno dejara a otro grupo sin casa y sin sustento.
Pero eliminar la expresión “exenta de culpa” también le abría las puertas a los despojadores, que sí utilizaron o se aprovecharon de la violencia, para hacerle el quite a sus responsabilidades y acceder a indemnizaciones. Por eso, la Corte negó la petición de la Anuc, pero le ordenó a los jueces que evaluaran uno por uno, de manera diferencial, los casos de segundos ocupantes, y le solicitó al Congreso y al Gobierno que pusieran en marcha una política pública para proteger a esa población.
Hablamos con Luis Alejandro Jiménez, presidente de la Anuc, sobre las disputas que ha generado la restitución de tierras y el impacto que tendrá la decisión de la Corte Constitucional.
¿En qué consiste el lío de los segundos ocupantes?
El problema se hizo visible gracias a la Anuc, que lo fue identificando con sus propios asociados. Por sólo poner un ejemplo: hace más de 20 años, en Sucre, el desaparecido Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) parceló (dividió) un predio y se lo tituló a varios campesinos de la Asociación. Más tarde, esas personas empezaron a recibir amenazas y tuvieron que vender para salir de la zona. Negociaron con otros asociados, compañeros suyos, y cuando apareció la Ley de Víctimas consideraron que podían acceder a la restitución.
Entonces, surgió la duda sobre quién tenía realmente el derecho a esas tierras, y no supimos a quién apoyar. Tenemos otros casos similares, que se ven por montones en Sucre, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Cesar, Meta, Cauca, Nariño y Norte de Santander. Luego llegamos a la conclusión de que ambos grupos de campesinos tenían razón, por lo que acudimos a la Corte.
Pero la Ley dejó claro que los predios que se vendieron por amenazas en zonas donde arreció el conflicto fueron presuntamente despojados y que los opositores debían demostrar su buena fe…
Es que los segundos ocupantes no llegaron de afuera a enriquecerse, estaban en la zonas y simplemente resistieron a la violencia, asumieron los riesgos de seguir ahí y de comprar. No puede de ninguna manera presumirse mala fe en los casos de estas personas, excepto que quisieran pasar como falsas víctimas y sacar provecho ilegítimamente de los beneficios que ofrece la Ley.
La Ley de Víctimas y un acuerdo recientemente expedido por la Unidad de Restitución contemplaban compensaciones económicas para segundos ocupantes. ¿Por qué la Anuc consideró que esas garantías no eran suficientes?
Porque los jueces no siempre reconocían a los segundos ocupantes como tales. Algunos eran muy rígidos en la interpretación de la Ley y queríamos que la Corte resolviera ese asunto, entre otras cosas porque los jueces consideraban que el gran empresario y el campesino eran iguales. Juzgaban todo con el mismo rasero y por eso lo que hoy está diciendo la Corte es que la valoración debe ser diferencial, mirando el grado de vulnerabilidad de las personas.
- En julio de 2015, la Anuc celebró en Bogotá sus 45 años de existencia. Foto: Andy VC
¿No será que esta modificación que hizo la Corte va a permitir que despojadores se hagan pasar por segundos ocupantes para acceder a indemnizaciones?
Cualquiera que hubiera sido la postura de la Corte íbamos a correr ese riesgo. Si no hubiera dicho que el análisis de la buena fe exenta de culpa se hiciera de manera diferencial, sino que esa condición debía eliminarse, pues con mayor razón. De manera que el peligro siempre existirá y ahí es donde juega mucho la habilidad de los jueces y el concurso de la ciudadanía.
En las regiones la gente conoce bien la historia de cada uno de los predios y sabe quién era el dueño, por qué vendió, a quién vendió. Entonces, en la medida en que los procesos de restitución sean socializados y públicos, la gente misma nos dará las alertas.
El procurador, Fedegan y congresistas del Centro Democrático también han salido en defensa de los opositores de la restitución. ¿En qué se diferencia la postura de la Anuc con la de esos sectores?
Mire, esto no se puede ocultar y el país lo tiene claro: las declaraciones y los actos públicos que han encabezado el procurador y el doctor José Félix Lafaurie (presidente de Fedegan) son eminentemente políticos, porque ellos están en campaña. La Anuc no está en eso y eso de entrada marca diferencias.
Lo otro es que nosotros representamos al pequeño campesino y Fedegan representa al gran hacendado. Las condiciones son completamente distintas y nosotros estaremos atentos a que no aparezcan ‘avivatos’ tratando de pasarse por segundos ocupantes para acceder a los nuevos beneficios que concedió la Corte.
¿Qué sabe sobre las organizaciones de propietarios que se han autodenominado “víctimas de la restitución de tierras” y que han participado en los actos públicos liderados por el procurador?
Nosotros hemos optado por desarrollar nuestro trabajo como Asociación. El pasado nos dejó muchos líderes agredidos y asesinados por la guerrilla, por los paramilitares y por la tropa oficial. Entonces nos hemos dedicado a cumplir nuestro objeto social y no a detenernos en lo que hagan o dejen de hacer otras agremiaciones. Esa es una tarea que le corresponde a la justicia y al Estado.
Han pasado cinco años desde la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. ¿Cuál es su balance?
La verdad es que creíamos que los procesos iban a ser más ágiles. No ha sido así, porque dependen de la celeridad que le den los jueces y de que los abogados no interpongan recursos para dilatarlos. Sabemos que la situación escapa a la voluntad de las instituciones, pero hubiéramos querido que las decisiones se tomaran más rápidamente.
