La Unidad para las Víctimas reveló un análisis de los recursos presentados por las víctimas en 2016.
- Alan Jara, director de la Unidad para las Víctimas.
La reparación de las víctimas no da espera. Los afectados por el conflicto no están aguardando a que el Estado les garantice sus derechos y resuelva sus indemnizaciones por el método que define la Ley de Víctimas; y están presentando una avalancha de tutelas y recursos que tienen colapsado al sistema.
Alan Jara, director de la Unidad para las Víctimas, dio a conocer un informe en el que se desmenuza el panorama de las tutelas y derechos de petición interpuestos por víctimas del conflicto armado contra esa entidad. El análisis señala que, entre 2015 y 2016, se recibieron 1.382.676 tutelas y 304.405 derechos de petición.
Esta avalancha de órdenes judiciales, según Jara, convirtió la acción de tutela en el “mecanismo único de priorización” para el organismo. Es decir, se venía reparando a la gente que presentaba tutelas antes que a aquellos que venían cumpliendo con los requisitos que demanda la legislación. Para Jara, la avalancha de tutelas terminó afectando la atención a las víctimas.
Hasta junio de 2016, cuando el exgobernador del Meta se posesionó, había 48.373 tutelas desatendidas. “Hoy, después de dos meses de trabajo, este rezago se redujo a 20.039, es decir, se registró una reducción del 59% del rezago”, aseguró. Jara indicó que los rezagos en la atención de estas solicitudes venían de la administración anterior de la Unidad para las Víctimas.
Incluso, mostró como evidencia del cambio de estrategia que, en los últimos cuatro años, por el incumplimiento en la atención de tutelas, se profirieron 156 órdenes de arresto y cuantiosas multas contra directivos del organismo. Por ejemplo, la exdirectora de la entidad, Paula Gaviria, fue detenida en noviembre de 2015 por no atender, como encargada de la Unidad, algunas de esas tutelas y derechos de petición.
Ante esta situación, la Unidad para las Víctimas busca convertir a la tutela en la última opción de las víctimas a la hora de pedir protección a sus derechos y, en especial, ayuda humanitaria. Para este propósito, señaló Jara, la entidad llevará a cabo una reingeniería en su gestión.
El primer paso de esta reestructuración en la atención se dio en la Corte Constitucional, cuando la Unidad solicitó la suspensión de las sanciones por desacato a las tutelas. Sin embargo, esta estrategia fue concebida y presentada ante el Alto tribunal antes de que Paula Gaviria dejara la Unidad para asumir la Alta Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia.
En Colombia, la población víctima la componen 8 millones 131 mil personas. Según datos de la Unidad para las Víctimas, uno de cada seis colombianos es víctima. Además, 628 mil víctimas han sido atendidas con un presupuesto cercano a los 3.5 billones de pesos.
Si la entidad continúa atendiendo 700 tutelas al día, en diciembre de 2016 el rezago en la atención de éstas estaría superado en su totalidad; un objetivo que la Corte Constitucional deberá vigilar que se cumpla y que satisfaga los derechos de los más afectados por la guerra.
