De acuerdo con los protocolos que pactaron en los diálogos de paz, los países garantes tienen 15 días para evaluar el retorno de los comandantes del ELN a Colombia.
—No hay ni puede haber ninguna manifestación de perdón, ni de amparo a un grupo que ya reconoció la autoría de este acto criminal. No hay protocolo que ampare el terrorismo — afirmaba en conferencia de prensa el actual Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, haciendo referencia a los protocolos firmados al inicio de la Mesa de negociación entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN.
El protocolo establecido entre el gobierno de Colombia y el ELN fue firmado el 5 de abril de 2016 por Frank Pearl y Antonio García, jefes de las respectivas delegaciones en La Habana. El objetivo –como en toda negociación de paz– era garantizarles seguridad a los líderes del ELN que estaban negociando en Cuba en caso de una hipotética ruptura de las negociaciones
La ruptura dejó de ser hipotética y se materializó el pasado viernes 18. Esa noche, el presidente Duque dio por terminada la mesa de negociación con el ELN, solo un día después del atentado con carro bomba en la Escuela de Cadetes de la Policía que dejó, hasta ahora, 21 personas muertas. “He ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los diez miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba y he revocado la resolución que creaba las condiciones que permitan su permanencia en ese país”, dijo en su momento Duque.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, respondió esa misma noche, desde su cuenta de Twitter, con el siguiente mensaje: “[La Cancillería Cubana] actuará en estricto respeto a los Protocolos del Diálogo de Paz firmados entre el Gobierno u el ELN, incluido el Protocolo en Caso de Ruptura de la Negociación. Está en consulta con las Partes y otros Garantes. #Cuba reitera sus condolencias a #Colombia”.
El protocolo consta de 11 puntos, entre los cuales se establecen las condiciones para el regreso de la delegación del ELN al territorio colombiano. “Si se rompen los diálogos de paz los países garantes y las partes contarán con 15 días a partir de su anuncio para planear y concretar el retorno a Colombia de los miembros representantes de la delegación del ELN”, dice el punto 2 del Protocolo.
El punto 4 determinaba que: “En caso de ser necesaria inserciones en territorio colombiano de la delegación del Eln, las operaciones militares cesarán durante 72 horas en áreas cuya extensión está por definir. Las coordenadas del cuadrante de dichas áreas serán entregadas por el ELN a los países garantes y al gobierno colombiano con 48 horas de antelación al cese de operaciones militares”.
El fin de semana, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió un comunicado que rechazaba el acto terrorista cometido el jueves en Bogotá. “Los miembros del Consejo de Seguridad subrayan la necesidad de llevar ante la justicia a los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de estos condenables actos de terrorismo e instan a todos los Estados a que, de conformidad con sus obligaciones, en virtud del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, cooperen activamente con el Gobierno de Colombia y con todas las demás autoridades competentes a este respecto”, decía el comunicado.
En la mañana de este lunes el Canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, dio una rueda de prensa junto con el Comisionado de Paz, Miguel Ceballos. Allí, Trujillo echó mano del comunicado de la ONU para exigirle al gobierno de Cuba la entrega inmediata de los líderes elenos.
El gobierno colombiano, dijeron, le dará prelación al comunicado del Consejo de Seguridad sobre los protocolos firmados en su momento por la delegación del gobierno colombiano con la guerrilla del ELN.
¿Qué significa esto y qué implicaciones tendría un eventual incumplimiento del protocolo por parte de los firmantes? ¿Qué tan factible es el incumplimiento de los protocolos por parte del gobierno cubano? ¿Cuáles serían las consecuencias para Colombia?
En ¡Pacifista! le explicamos cinco razones por las que no sólo es inconveniente sino sobre todo improbable que el gobierno cubano incumpla lo firmado en el protocolo del 2016 y entregue a los líderes del ELN.
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La paz es un asunto de Estado
Para justificar la captura de los máximos comandantes del ELN, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, dijo que las políticas públicas de paz son de gobierno y no de Estado, es decir, que lo que pactó Juan Manuel Santos no tiene porqué influir en lo que ahora está haciendo Iván Duque. Sin embargo, en la sentencia C-630 de 2017 la Corte Constitucional señala que la política de paz es de Estado y así quedó registrado en el Acto Legislativo 02 de 2017. Todas las instituciones y autoridades públicas, señala la Corte, deben cumplir con esta norma. Además, especifica que “todos estos aspectos tienen un valor estratégico, pues no dependen de los variables dinámicas de la actividad política”, asegura el alto tribunal.
El gobierno, antes de tomar cualquier decisión, debe tener en cuenta el artículo 22 de la Constitución de 1991: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Para la politóloga Sandra Borda, desconocer estos principios dejaría al gobierno de Duque muy mal parado: “Los compromisos internacionales siempre se dan asumiendo la posición del Estado, no la posición de un gobierno particular. Eso en términos de reputación no nos va a dejar bien parados. Y en términos de la eventual o posible negociación con el ELN, más adelante, cuando las condiciones estén dadas, pues será muy difícil porque lo que se le estaría diciendo al ELN es que el Estado no estaría en condición de cumplir sus compromisos”.
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Cuba arriesgaría mucho
En este escenario, Cuba se está jugando el prestigio como mediador de conflictos. Así lo explica Diego Martínez, asesor jurídico que trabajó con las Farc en La Habana: “Lo grave es que si Cuba desconoce los protocolos pierde la credibilidad ante la comunidad internacional. Por otro lado, Cuba tiene que cumplir con la carta de Naciones Unidas que privilegia las acciones de paz. Por eso está ahí la Misión de verificación de la ONU. Al desconocer los protocolos, Cuba estaría poniendo en riesgo su responsabilidad como garante y por eso mismo podría ser demandado ante los tribunales internacionales”.
Sobre este punto, Borda nos dijo que “el protocolo lo firmaron los países garantes. Eso hace que el protocolo pueda ser considerado como una pieza de derecho internacional suave, si uno la quiere llamar así, en la que Colombia hace un compromiso que está respaldado por esos países garantes (…) básicamente la condición para que un país sirva de anfitrión es que se trata a la guerrilla como un grupo insurgente y no como un grupo terrorista. Entonces la función de Cuba es simplemente cumplir con los protocolos y después de eso sí comprometerse a no albergar a miembros del ELN en la isla, porque eso sí atentaría contra el mandato de no constituirse en santuario de grupos terroristas”.
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La ONU no está invitando a violar los protocolos
Sobre este punto se pronunció la congresista Juanita Goebertus: “Ceballos dice que el Gobierno no puede tomar una decisión contraria al Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU no criticó los protocolos, ni siquiera se refirió a ellos. Lo que la ONU dijo es que rechaza el atentado terrorista y que reitera el deber de los Estados de llevar ante la justicia a los responsables Los representantes del ELN deberán ser procesados por estos y muchos otros delitos previos por los que ya están condenados por la justicia colombiana. La ONU, que se ha dedicado a mediar en proceso de paz, sabe mejor que nadie que sin este tipo de mecanismos de retorno, nadie nunca iría a un proceso de negociación”.
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Podría ser un error histórico
Imaginemos que el gobierno captura a los integrantes del Comando Central del ELN, violando los protocolos. Sería una movida inédita, que ningún gobierno colombiano se ha atrevido a hacer. En palabras de Sandra Borda: “En el contenido de esos protocolos hay una parte que tiene que ver con el desplazamiento de los líderes del ELN a Colombia y ese desplazamiento requiere que haya un esfuerzo de la Fuerza Pública por no atacarlos para que puedan llegar a sus lugares del campamento y demás. Yo creo que el gobierno va a irrespetar eso”.
En este punto, agrega Borda, todo se complicaría más: “Yo siempre pongo el ejemplo de la zona de distención en el Caguán. ¿Qué hubiera pasado si en el momento en el que el gobierno de Pastrana decidió levantar la zona de distención, no respeta los protocolos y mete a los militares y asesina a toda la cúpula de las Farc? Eso básicamente hubiese significado otro gran Marquetalia, otro mito fundacional de las Farc y les habría dado otra razón más para estar enfrentados militarmente con el Estado”.
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Genera desconfianza frente a futuros Acuerdos de Paz
Un punto en el que coinciden las fuentes que consultamos es que incumplir los protocolos dejaría en duda la seriedad del Estado colombiano para llevar a cabo acuerdos de paz con grupos armados, sin importar su procedencia. En los diálogos con las Farc, por ejemplo, fuentes cercanas nos dijeron que los protocolos, desde un comienzo, se sabía que estaban blindados a nivel internacional. Y, por otro, que los diálogos con las Farc serían un ejemplo a nivel mundial sobre construcción de confianza entre dos actores antagónicos. En un futuro, si el gobierno de Iván Duque incumple los protocolos, dejaría un pésimo precedente diplomático y de confianza.
