Mientras el Covid-19 ataca más fuerte a las personas con diabetes, hipertensión, obesidad, entre otras enfermedades no transmisibles, producidas, en gran medida, por la forma en que comemos, el Gobierno de Iván Duque quiere implementar IVA a los costos de producción de los alimentos de la canasta familiar, como el huevo, y no a bebidas azucaradas, como la gaseosa.
Por: María Camila Paladines y Juliana Castellanos Díaz, Unidad de Investigación Periodística
Colombia no cuenta con una política clara de etiquetado de advertencia en comestibles ultraprocesados, pese a que el 26 de febrero de 2020, el presidente Iván Duque anunció, con orgullo en un evento en Casa de Nariño, que el país tendría un modelo de sellos con forma circular, inspirado en las etiquetas que se usan en Israel.
La noticia sorprendió a investigadores y miembros de la sociedad civil, quienes han informado al Gobierno, con base en evidencias científicas, que el modelo más conveniente no es el israelí. El mejor sería uno octogonal, semejante a un PARE de tránsito, porque las personas lo relacionan con una señal de prevención.
La búsqueda por implementar etiquetados en los frontales de los empaques de los comestibles tiene por objetivo que los ciudadanos encuentren una advertencia, visible y contundente, sobre el exceso de azúcar, sodio o grasa saturada; con lo que se espera que reduzcan su consumo, y que, en consecuencia, se genere una disminución de la obesidad infantil y juvenil y las enfermedades crónicas no transmisibles –como la diabetes, la hipertensión, problemas coronarios, y algunos tipos de cáncer, entre otras– que representan hoy una de las principales causas de muerte en Colombia, según un estudio del Ministerio de Salud publicado en 2020.
Carolina Piñeros, directora de Red PaPaz, dice que la pandemia de Covid-19 evidenció lo grave que son las enfermedades no transmisibles, porque estas: “Son causadas por la forma en la que comemos. Si nosotros consumiéramos alimentos nutritivos, muy seguramente no las tendríamos (…). El Covid ha evidenciado que son las comorbilidades las que se están llevando a más personas, es decir, son quienes se están viendo afectadas por un virus que sí es transmisible”.
Por lo tanto, la forma que tendría el etiquetado de advertencia es un asunto de impacto en la salud pública y eso explica el descontento de algunos sectores con el anuncio del presidente en el evento. En este, además señaló que el modelo de etiquetado era resultado de un acuerdo consolidado entre el Gobierno Nacional, la industria, la sociedad civil y la academia. Pero el presidente mintió.
El modelo de etiquetado no se construyó siguiendo las recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil ni la academia, pese a que han ejercido un importante rol desde 2016, al exigir que se establezca de forma urgente un etiquetado en beneficio de la salud pública.
¿Una mesa técnica con convidados de piedra?
Representantes de Red PaPaz, Educar Consumidores, la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, Dejusticia y la FoodFirst Information and Action Network (FIAN) señalan que el Ministerio de Salud solo las llamó a un par de reuniones, en 2019, para compartirles las decisiones tomadas por el gobierno y escuchar sus opiniones.
El Ministerio asegura, en respuesta a un derecho de petición, que las organizaciones nombradas hacen parte de la mesa técnica en la que se discutieron las características del etiquetado, en conjunto con la Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público – Privada y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La entidad señala que en representación del sector empresarial acudieron voceros de la Cámara de Alimentos y la Cámara de Bebidas de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), así como la empresa de comestibles ultraprocesados Quala.
Los miembros de la sociedad civil y la academia, por su parte, no consideran que hagan parte activa de ese grupo porque el Gobierno no ha tomado en cuenta sus recomendaciones. “Si el Ministerio entiende por mesa técnica que hemos tenido unas reuniones, sí, ahí ha estado Dejusticia. Si lo entiende como un órgano consultor en el que se decide si el etiquetado será un círculo, un cuadro o un octágono, pues no. El Ministerio no nos consulta nada”, asegura Diana Guarnizo, investigadora en Dejusticia, quien resalta que la lucha de la organización que representa está en pedir que, en este tema, se escuche a los científicos.
“Fueron dos reuniones a las que fuimos invitados para socializar el proyecto. Ellos ya lo tenían organizado y montado, y siento que han trabajado mucho en eso. Pero lamentamos el tipo de etiquetado que escogieron”, señala Ernesto Durán, presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá.
Sin embargo, el gobierno nacional ha decidido, hasta la fecha, adoptar el modelo circular que se creó en Israel y que empezó su proceso de implementación en enero de 2020, razón por la cual aún no puede evaluarse su verdadero impacto. Pese a esto, y solo dos meses después del estreno de los sellos en ese país, Duque hacía pública la decisión de tener etiquetas similares en Colombia.
Los investigadores Luis Fernando Gómez, de la Pontificia Universidad Javeriana, y Mercedes Mora Plazas, de la Universidad Nacional de Colombia, en conjunto con docentes de la Universidad de Carolina del Norte, analizaron cuál era la forma que el etiquetado debía llevar en Colombia, a través de una investigación experimental en la que colocaron a prueba el modelo circular, octogonal y triangular.
El 49% de los colombianos participantes afirmó que los sellos octogonales los alerta para evitar o reducir el consumo de productos alimenticios ultraprocesados, en comparación con el sello triangular que solo impactó al 27%. Por el contrario, el modelo circular, que el gobierno adoptó, solo impactó al 21%.
–¿Ustedes le entregaron los resultados de la investigación al Ministerio de Salud?
–Sí. Mandamos el artículo.
–¿Qué respuesta recibieron?
–Ninguna.
Desde ese Ministerio expresan que la decisión del modelo circular partió de la experiencia de Israel, país que basó los parámetros en los resultados positivos de Chile, pero adaptando el modelo a su cultura. De manera similar expresa el ente oficial: “en Colombia se adaptó el modelo con color negro y con leyendas blancas semejantes a las usadas en Chile”.
Jaime Burrows, subsecretario de salud pública de Chile entre 2014 y 2018, y quien estuvo al frente de esta regulación cuando el país era pionero de la política en América Latina, se sorprende de que en Colombia el sello se inspire en el modelo de un país tan lejano culturalmente como Israel: “la forma de signo PARE es mucho más clara (como advertencia) en nuestra cultura latina, y la experiencia de Chile es más larga y cercana para Colombia”.
Un círculo privado
Las organizaciones sociales argumentan que el gobierno escogió un modelo circular que le conviene al sector de ultraprocesados, no uno sustentado en evidencias científicas que sirva para mejorar la salud pública.
“Yo creo que la información que recibía el Minsalud por parte de la academia y de la sociedad civil la pasaba a los empresarios, y los empresarios se las devolvían. Nosotros fuimos entendiendo que ellos tenían en ese momento el sueño de sacar un etiquetado que fuera como un acuerdo entre la industria y el gobierno”, asegura Carolina Piñeros.
“Nos dijeron (los de MinSalud): ‘miren es que la industria le tiene como cierta aversión y rechazo al etiquetado octagonal’ (porque puede afectar las ventas). Entonces, los del Ministerio nos contaron que habían hablado con la industria y que ellos proponían que se cambiara a otro etiquetado. Incluso nos mostraron como tres modelos y dijeron que habían escogido el circular”, enfatizó Ernesto Durán. Agrega que en todo este proceso, que lleva años, se ha perdido tiempo valioso para la prevención de enfermedades no transmisibles.
María Isabel Uscher, integrante del Comité de Nutrición y Lactancia de la Sociedad Colombiana de Pediatría (regional Bogotá), expone de forma enfática que: “El Ministerio modificó el etiquetado por el israelí, que tiene una connotación menos agresiva para la industria. Pero nosotros queremos que se muestre como una cosa peligrosa porque los alimentos que sobrepasan los valores recomendados son peligrosos para las personas que los consumen y, especialmente, para los niños y las niñas”.
Por su parte, un equipo de expertas de FIAN asegura, a través de un cuestionario, que “el gobierno se ha sentado con la industria a concertar”. Y critican tal actitud, porque no es lógico que la industria de alimentos formule su propia regulación, pues a todas luces afecta la imparcialidad de decisiones que recaen sobre la salud de los colombianos.
En efecto, el sector privado sí se siente parte de la decisión tomada. Juan Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Alimentos de la ANDI, asegura, a través de un cuestionario escrito, que: “como voceros de este sector de la industria, recibimos el llamado del Gobierno Nacional para participar en la construcción de una normatividad sobre etiquetado frontal de advertencia (…) Nuestra participación en esas mesas se apoyó en argumentos técnicos y científicos”, y, acto seguido, señala que también participó la sociedad civil.
Frente a la controversia, Elisa María Cadena, subdirectora de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas del Ministerio de Salud, manifiesta que posterior a las mesas técnicas “quienes han decidido la forma del etiquetado y sus condiciones son: el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público – Privada”. Un extraño triángulo en el que dos de sus partes, encargados de la promoción del comercio y el impulso económico, toman decisiones en la construcción de una política de salud pública.
Respecto a la Consejería, algunos representantes de la sociedad civil indican que durante las reuniones que se llevaron a cabo en 2019, era evidente su apoyo a la industria. María Carolina Galvis Rueda, coordinadora del Grupo de Gestión Público–Privada de ese despacho, indica escuetamente que, de la mano de los otros dos ministerios, “sostuvieron diálogos con todos los actores interesados, con la finalidad de recoger sus posturas, observaciones y propuestas, y así enriquecer la formulación del proyecto”.
A pesar de los cuestionamientos que hace la sociedad civil y la academia a la decisión de los sellos circulares, coinciden en señalar que el nivel técnico del Ministerio de Salud ha hecho un trabajo serio. Por eso, para estas organizaciones es en las instancias superiores de los ministerios implicados y la Presidencia de la República donde se toman decisiones que suavizan la propuesta para favorecer al sector privado.
La carrera por el etiquetado
Una jugada política, de eso se trató el evento en Casa de Nariño, según el representante a la Cámara Mauricio Toro, quien narró que, en febrero de 2020, cuando él anunció en redes sociales que presentaría el proyecto de Ley de Comida Chatarra –que incluye el etiquetado frontal de advertencia–, la industria y el Gobierno Nacional se apresuraron a montar el lanzamiento del modelo de etiquetado circular, sin una política clara. “Ese anuncio era una cortina, de fondo no había nada”, señala el representante.
En efecto, la política del etiquetado hoy no está consolidada. Incluso, cuatro días después del evento, el 2 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud apenas llevaba a consulta pública nacional el análisis de impacto normativo, uno de varios requisitos para la consolidación del decreto.
Al cierre de este artículo ni siquiera había claridad sobre la imagen definitiva del etiquetado frontal. Cuando se le preguntó a Cadena, a través de un cuestionario, por la decisión de la forma de los sellos, respondió que la construcción normativa debe surtir varias etapas y, tras listarlas, aclaró que: “no es posible en este momento afirmar con seguridad cuál es el modelo que se aplicará en Colombia”. Por ahora, el proceso va en etapa de respuesta a todos los comentarios que recibió el Ministerio de Salud, luego de la consulta internacional.
Para ser más claros: el presidente de la República lanzó un modelo de sello circular que no había surtido el proceso correspondiente para poderlo convertir en decreto y del que tampoco había claridad respecto a la imagen.
Pero ¿para qué el show mediático? Toro asegura que el gobierno está tratando de correr con el decreto para poder tumbar el proyecto de ley. “El gobierno dice ‘ ya saqué un decreto, no es necesaria una ley’. El problema radica en que un decreto lo puede cambiar un funcionario, una ley solo la puede modificar otra ley. Tener una ley aprobada nos da la seguridad de que no va a quedar al vaivén de los intereses del presidente que llegue”.
En otras palabras: mientras la sociedad civil y Toro intentan en el Congreso que se apruebe la ley de etiquetado, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud, busca que sea por decreto.
La ley de etiquetado se hundió en su primer debate en junio de 2019 por el lobby de la industria, la falta de acompañamiento de los grandes medios y la intervención del Gobierno Nacional, a través de la oposición de los representantes del Centro Democrático y otros partidos tradicionales, aseguran Toro y líderes de la sociedad civil.
En marzo de 2020, días después del cuestionado acto en Casa de Nariño, el proyecto fue nuevamente radicado. En junio de ese año pasó el primer debate tras batallar contra los argumentos del viceministro de Comercio, Industria y Turismo que aseguraba que con ese proyecto se quebrarían las pequeñas y medianas empresas nacionales, por el pánico que generarían en los consumidores.
Toro dramatiza con su voz la defensa que hizo: “no señores, un bocadillo o un queso de hoja es mínimamente procesado y por eso no tiene que llevar un etiquetado frontal de advertencia. Por el contrario, en los comestibles ultraprocesados solamente entre el 1% y 10% de los ingredientes son naturales, el resto son químicos”.
La suma de este tipo de argumentos logró que el proyecto esté hoy a la espera del tercer debate que se tiene que dar antes del 20 de junio de 2021. Pero, aunque la ponencia se radicó el 19 de abril de 2021, la fecha no está confirmada aún porque, según Toro, “estamos con reforma a la salud por un mensaje de urgencia del Gobierno. Eso nos tiene paralizado todo”.
La puesta en marcha de políticas de salud pública que ayuden a la prevención de enfermedades no transmisibles no puede aplazarse. Pero el país lleva desde 2016 esperando que se establezca de forma definitiva una ley, o incluso el decreto, de etiquetado frontal de advertencia que sume a ese propósito.
Además, se espera que cuando sea una realidad, la forma que tengan los sellos responda a las evidencias científicas, y no a las posturas e intereses de políticos e industriales, porque en temas de salud, la forma es una cuestión de fondo.
A María Camila la pueden leer acá.
Con el apoyo de Vital Strategies y del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR).
