Desde hace 20 años, en Colombia se exige que el 30% de altos cargos de decisión del Estado deben estar ocupados por mujeres. Una medida afirmativa para contrarrestar la falta de representación política femenina en el país y que ha sido cumplida a regañadientes, hoy es violada por el presidente Iván Duque.
“¿Cuál es el mensaje que esta conducta está dando a los demás servidores públicos en la escala jerárquica de la administración y a la sociedad colombiana en su conjunto?: Que, cuando se trata de garantías a los derechos de las mujeres, las leyes se pueden violar.” Esa es la conclusión de Dejusticia, Sisma Mujer, la Corporación Humanas y la Red Nacional de Mujeres, y que dejaron plasmada en las cuatro demandas que interpusieron contra el presidente Iván Duque por la elección de cuatro hombres en su gabinete ministerial y un departamento administrativo.
Se trata de los nombramientos de Felipe Buitrago, al frente del Ministerio de Cultura en reemplazo de Carmen Vásquez, quien dejó el cargo en diciembre del año pasado. En la misma línea, Alicia Arango anunció que saldría del Ministerio del Interior y Duque nombró a Daniel Palacios en el cargo. También designó a Diego Molano en el Ministerio de Defensa tras el fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo. Y finalmente Víctor Muñoz, ahora director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Con estas decisiones, Duque está violando la Ley 581 de 2000, también conocida como la Ley de cuotas, y de paso, varios artículos de la Constitución Política. Contrario a lo que prometió en su campaña presidencial y que cumplió durante el primer año de gobierno, el gabinete ministerial está lejos de ser paritario. De 18 ministerios, solo cinco están liderados por mujeres, es decir, el 27%. Y frente a los departamentos administrativos, que por ahora son seis, solo uno está a cargo de una mujer.
“El Gobierno inició con un compromiso serio que inicialmente cumplió. Precisamente por eso es más grave que esto esté sucediendo, porque el presidente Duque sabía de este compromiso y que este era producto de una ley. Parece un cambio deliberado que preocupa en términos de participación de las mujeres, en un escenario en el que ésta ha venido disminuyendo. Es un mensaje muy grave para la democracia y la igualdad de derechos que se dé este retroceso”, afirma Linda Cabrera, directora de Sisma Mujer al ser consultada por PACIFISTA!
Por esta razón, las cuatro organizaciones demandaron a Iván Duque ante el Consejo de Estado, para que este alto tribunal ordene anular estos nombramientos y a su vez, como lo ordena la ley, garantice que al menos el 30% de los cargos de máximo nivel decisorio en las ramas del poder sea ocupado por mujeres.
“Todos creen en la paridad, pero a la hora de buscar personas para altos cargos eligen a hombres. Por eso, nuestros llamados son dos: el primero, que sí hay mujeres preparadas en el país; y el segundo, que las leyes son para cumplirlas”, le dijo a PACIFISTA! Beatriz Quintero, directora de la Red Nacional de Mujeres.
Es hora de pasar del discurso del presidente @IvanDuque sobre de la igualdad de género a la realidad, en hechos claro como el nombramiento de ministras y el cumplimiento de la Ley de cuotas. #FaltanMinistras #MujeresSíHay @WRadioColombia @Dejusticia @RNMColombia @SismaMujer
— Humanas Colombia (@HumanasColombia) February 15, 2021
La Ley de cuotas fue un llamado que hicieron las organizaciones feministas al Estado colombiano desde hace más de dos décadas. Su objetivo es garantizar que un mínimo de mujeres pueda acceder a los máximos cargos decisorios del país. Fue planteada como una medida afirmativa de carácter temporal, dice Quintero, para reducir la falta de representación femenina en estos espacios y que en el futuro la sociedad por sí sola lograra la paridad. “Pero 20 años después no pueden cumplir ni lo mínimo”, reclama Quintero, al referirse a otros mandatarios que también han violado esta ley.
El presidente Iván Duque no es el primero en ser demandado por incumplir la Ley de cuotas. En el 2012, durante su segundo gobierno, Juan Manuel Santos nombró a Germán Vargas Lleras en el Ministerio de Vivienda, en el que estaba Beatriz Uribe Botero. Esta decisión significó que, durante más de 50 días, Santos redujo de 31% a 25% la cuota de mujeres en su gabinete, hasta que Cecilia Álvarez Correa ocupó el Ministerio de Transporte.
Santos no volvió a incumplir la norma, pero tampoco nombró a suficientes mujeres como para que su porcentaje de participación en el gabinete superara el 40%. Casi todos los años este estuvo sobre el 31%, lo que significa que cumplió, como dice Quintero, “a regañadientes”. Con Duque, la tendencia ha sido disminuir el porcentaje de representación, al igual que el de los dos gobiernos de Álvaro Uribe, quien finalizó su periodo en el 2010 con solo tres ministerios a cargo de mujeres.
“Hay una falta de compromiso con la democracia, porque la democracia en Colombia es representativa y como las mujeres somos el 50% de la población, deberíamos estar en el 50% de la representación política”, argumenta Quintero.
Entre líneas, esta situación también significa que se están violando los derechos humanos de las mujeres, al perpetuarse condiciones de desigualdad y discriminación que afrontan día a día. Y no solo los derechos de quienes aspiran a ejercer altos cargos públicos, sino los de todas las colombianas para quienes hay múltiples obstáculos en el camino por la representación política. En esto coincide Quintero, quien recuerda que “los derechos de las mujeres, porque pareciera que a veces se les olvida, son derechos humanos”.
Como Santos, el presidente Duque podría tomar la decisión de reorganizar su gabinete antes de que el Consejo de Estado emita una decisión de fondo que podría, según la ley, suspenderlo por hasta 30 días del cargo. Por ahora, las organizaciones de mujeres insisten en que se cumpla la ley para poder conquistar otros espacios de paridad y con ello, mejores condiciones de vida a niñas y mujeres.
En todo caso, queda la sensación de que la ley debería servir como garantía de emergencia para gobiernos con tendencia a la disparidad como el de Duque, y no como un requisito mínimo que debe cumplirse por obligación o que se pasa raspando. Que la Ley de cuotas vuelva a ser un tema insinúa que los avances en 20 años no han sido suficientes.
A Laura la pueden leer acá
