Están teniendo problemas para recibir ese auxilio económico. El Gobierno les ha puesto muchas barreras. Por eso presentaron una tutela con la ayuda de Dejusticia.
Debido a la pandemia del Covid-19, la pobreza y el desempleo en Colombia aumentó. Y las medidas que el Gobierno Nacional anunció con bombos y platillos para las familias más golpeadas económicamente no están siendo efectivas. Según Dejusticia, casi un millón de hogares en situación de pobreza no ha recibido alguna transferencia o ayuda monetaria por parte del Estado. Hablamos de alrededor de tres millones de personas.
Recordemos que el Gobierno sacó el programa de Ingreso Solidario, un auxilio económico de 480.000 pesos para los hogares más pobres del país y que no estén inscritos en otros programas sociales del Estado. Este subsidio se entrega en tres giros de 160.000 pesos y el primero se hizo en la segunda mitad de abril de este 2020.
Pero, de acuerdo con Dejusticia, existen fallas en Ingreso Solidario que afectan principalmente a las migrantes, a las trabajadoras domésticas y a las mujeres que viven en condiciones críticas de pobreza. Una de ellas está relacionada con el Sisbén: no es claro el puntaje requerido para recibir el subsidio y existen trabas para que se aplique la encuesta o se actualice el puntaje.
Estas barreras las hunde más en la pobreza. Según el Dane, en el trimestre de junio a agosto de este 2020, el 24,2 por ciento de las mujeres en Colombia estaba desempleada; mientras que el 15,3 por ciento de los hombres no tenía trabajo. A ellas las ha golpeado más esta crisis. Y aquí vale la pena decir que a la preocupación por cubrir los gastos de sus hogares se suma que ellas llevan la mayor carga en el hogar y en el cuidado de la familia. En agosto de este año, de acuerdo con el Dane, el 94,2 por ciento de las mujeres estuvo al frente de las tareas de la casa; mientras que el 63,3 por ciento de los hombres se encargó de esos oficios.
Por estas razones, el 16 de octubre fue presentada una tutela por 24 mujeres de Bogotá, Cali, Medellín y Neiva, con el apoyo de Dejusticia, que necesitan un ingreso mínimo para garantizar la comida, el techo y la supervivencia de sus familias. La tutela pide que los derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la seguridad alimentaria y a la igualdad sean respetados, pues el programa las está excluyendo.
De las 24 mujeres, 15 son migrantes venezolanas y 9 son trabajadoras domésticas. Pero todas han visto cómo sus ingresos se redujeron luego de perder sus empleos a causa de la pandemia. Todas son madres cabeza de hogar y cuidan a más de un familiar.
“He recibido solo un mercado en seis meses”
“Las accionantes somos mujeres que residimos en diversos lugares del país, que nos encontramos en diferentes circunstancias de vulnerabilidad: ya sea por ser mujeres trabajadoras domésticas asociadas a la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico o por ser migrantes con estatus migratorio regular. Las accionantes, quienes no nos encontramos trabajando formalmente, somos mujeres cabezas de hogar, algunas somos adultas mayores; y además estamos a cargo del cuidado de niños, niñas, adultos mayores, personas con alguna discapacidad médica, entre otros”, se lee en la tutela.
Yanira González, lideresa de la Colonia Venezolana en Colombia, explica que aunque se han priorizado 24 casos en la tutela, son muchas más las historias de pobreza. Solamente en Cali y sus alrededores ella recibió el reporte de 200 hogares con agudos problemas económicos.
“La Alcaldía hizo una entrega de mercados a principios de la pandemia. Hubo un apoyo de un mercado, pero fue algo de aquel momento. Los agentes de cooperación internacional han sido más participativos y han procurado los apoyos, pero para la demanda que tenemos, la oferta es baja”, dice González. Ese mercado es la única ayuda que ha recibido en los últimos seis meses.
Luz Nereida Córdoba es otra de las mujeres que presentó la tutela. Es trabajadora doméstica y cuida de sus tres hijos (dos de ellos tienen una discapacidad) y de un sobrino. Su historia es parecida a la de Meilyn Rujano, una migrante venezolana que antes de la pandemia se dedicaba a pintar uñas a domicilio para ganar algunos pesos y así alimentar a sus dos hijas y a su madre. Gloria Lozano es una trabajadora doméstica del Chocó que vive en Medellín y perdió su empleo por la cuarentena obligatoria. Y antes de la llegada del Covid-19 a Colombia, Flor Ángela Galindo estaba embarazada y trabajaba en una casa en Neiva. Ahora no tiene empleo y no sabe cómo alimentar a su bebé.
Como ellas, más de 350.000 trabajadoras domésticas han perdido su trabajo este año según el Dane. La principal causa ha sido la pandemia.
“Muchas de nosotras corremos el peligro de ser desalojadas, de ver cortes en el suministro de nuestros servicios públicos. Incluso de sufrir problemas de salud dada la mala alimentación que por meses llevamos con ocasión de la falta de recursos, pues todas nos encontramos sin un empleo estable y formal”, señala la tutela.
Con la tutela, las mujeres también piden que los procesos de selección para entrar a Ingreso Solidario se hagan de forma clara y pública. Y que el Estado garantice que las políticas de protección social durante la pandemia tengan un enfoque de género y que sean incluyentes con los migrantes, así como lo recomendó Naciones Unidas.
