El dinero, en forma de subsidios, deberá ser utilizado para tierras y proyectos productivos.
Han pasado más de 51 años desde que el Gobierno, en cabeza de Guillermo León Valencia, bombardeó la región de El Pato, en San Vicente del Caguán (Caquetá). Fue la tercera operación militar con la que Valencia intentó acabar a los grupos de campesinos armados que habían diseñado sus propios modelos de desarrollo agrario bajo la influencia del partido Comunista.
La persecución contra la gente de El Pato, y de otras regiones del sur del país, desembocó en la fundación de las Farc, en 1965. Hoy, un mes después de que el presidente Juan Manuel Santos firmara un acuerdo de paz para terminar esa guerra, el Gobierno —al fin— llegó con recursos para los campesinos de El Pato: les entregó $7 mil 560 millones para comprar tierra y ponerla a producir.
El pasado 23 de diciembre, en un salón contiguo al parque de San Vicente, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Miguel Samper, les otorgó 90 Subsidios Integrales de Reforma Agraria (SIRA) a igual número de familias campesinas, cada uno por $84 millones. Los beneficiarios habitan las 26 veredas que componen la Zona de Reserva Campesina de la Cuenca del Río Pato y el Valle de Balsillas.
En diálogo con ¡Pacifista!, Samper contó que los subsidios son un instrumento de vieja data para garantizarles acceso a la tierra a los agricultores pobres, pero que el extinto Incoder, reemplazado por la ANT, nunca los entregó. En una cuenta del Banco Agrario, dice el Director, el Incoder dejó “durmiendo el sueño de los justos” casi $100 mil millones para subsidiar la compra de terrenos.
Es de esa cuenta de donde salieron los $7 mil millones para las familias de El Pato. Una suma nada despreciable si se tiene en cuenta que la Alcaldía de San Vicente del Caguán sólo invertirá $472 millones en el sector agropecuario en el periodo 2016-2019, según consta en el Plan de Desarrollo Municipal que el Concejo le aprobó al alcalde Humberto Sánchez, del Centro Democrático.
Samper asegura que el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Agricultura, focalizó la inversión en El Pato pensando en que es “un área donde históricamente se ha vivido el conflicto, totalmente olvidada y azotada por todos los tipos de violencia”. Y agrega que “la informalidad en esta Zona de Reserva Campesina es absoluta: hay muchos campesinos sin tierra que la demandan, porque actualmente trabajan baldíos o fincas ajenas”.
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Maximino Espinosa, presidente de la Asociación Municipal de Colonos de El Pato. Foto: Andrés BO
La ANT seleccionó a los 90 beneficiarios con el apoyo de la Asociación Municipal de Colonos de El Pato (Amcop), que nació en 1997 para impusar la creación de la Zona. La Agencia capacitó a los líderes comunales de Amcop, que hizo asambleas veredales y distribuyó los formatos para que los campesinos aspiraran a los subsidios. Se presentaron 202 familias, de las cuales la Agencia escogió 90 cuidando que tuvieran vocación de trabajo agropecuario, no contaran con más de mil salarios mínimos, fueran madres de cabezas de familia o tuvieran la condición de víctimas del conflicto.
De acuerdo con Samper, la ANT y la Agencia de Desarrollo Rural deberán garantizar que los recursos se inviertan en la compra de tierras aptas para sembrar y en proyectos productivos rentables.
Maximino Espinosa, presidente de Amcop, opina que la entrega de dineros para la gente de El Pato es una consecuencia directa del proceso de paz, aunque los SIRA existan al margen del Acuerdo Final que el Gobierno y las Farc firmaron en Bogotá. Para él, “es gracias al presidente y a los comandantes de las Farc que ha habido este desarrollo. Si no hubiera paz, seguro que no habría un proyecto como este en la Zona de Reserva Campesina”. El argumento es fundado, porque durante años el Estado congeló buena parte de sus compromisos en las Zonas, satanizadas como “republiquetas independientes” y como proyectos organizativos de las Farc.
Esa tensión política se sintió en el auditorio el día de entrega de los SIRA. Norberto Villalobos, presidente de la junta de acción comunal de Balsillas, dijo que valoraba la millonaria inversión, pero que esperaba del Gobierno respeto por las reinvindicaciones históricas y las formas organizativas de la Zona —que incluyen un sistema de impuestos propio, con el que se han construido vías, por ejemplo—.
En esa misma línea, Espinosa dijo en diálogo con este portal que “lo queremos en el fondo es que lleguen inversiones que le sirvan a la gente. Además, para que haya paz, a esta región hay que sacarla de esa estigmatización que dice que todo el mundo es guerrillero”. En la lista de prioridades de la comunidad están las mismas que se oyen en otras zonas campesinas abandonadas: titulación de tierras, líneas de comercialización, mercados justos, carreteras, electricidad y comunicaciones.
En la Zona de Reserva de El Pato, de más de 88 mil hectáreas y 1.250 familias, también hacen falta redes de acueducto y alcantarillado, así como adecuaciones a la infraestructura educativa y de salud. El abanico de necesidades está consignado en el Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina, elaborado por Amcop y aprobado por el Incoder en 2012.
Para los dirigentes campesinos, la entrega de los SIRA es un punto de partida para que el Gobierno empiece a facilitar el desarrollo comunitario de la cuenca de El Pato y el valle de Balsillas. El pago de la deuda que el Estado adquirió con ellos en 1965 recién comienza.
