Dos ministros le dieron vía libre a un nuevo escenario en el que se decidirá cómo serán reparadas las centrales obreras por dos décadas de violencia.
Después de dos años de discusiones, el Gobierno por fin expidió el decreto que creará un organismo sin precedentes para reparar a un grupo específico de víctimas. Se trata de un nuevo escenario en el que las tres centrales obreras que existen en el país y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) negociarán con el Estado la manera como deberán ser reparadas por los más de tres mil sindicalistas que han sido asesinados durante el transcurso de la guerra.
En abril de este año, el Gobierno dio a conocer la expedición del decreto 624 de 2016, que le da vida a la Mesa Permanente de Concertación con las Centrales Sindicales y Fecode para la Reparación Colectiva al Movimiento Sindical. En ese espacio, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y Fecode, discutirán su propia reparación con el defensor del Pueblo; los ministros del Interior, Hacienda, Justicia, Trabajo y Educación, y los directores de Planeación, Prosperidad Social y la Unidad de Víctimas.
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Será allí donde ambas partes concertarán la manera como se reconocerá al movimiento sindical como un actor importante para la democracia y para la defensa de los derechos de los trabajadores, las medidas que se adoptarán para reparar al sindicalismo y los mecanismos que se crearán para garantizar que los acuerdos no caigan en saco roto. Justamente, para prevenir que la mesa se quede sin dientes, el decreto dejó claro que los ministros y los directores no podrán delegar su representación en funcionarios que no estén autorizados para tomar decisiones.
De esta manera, el Gobierno acepta por primera vez la posibilidad de que se genere un procedimiento distinto a los contemplados en la Ley de Víctimas para diseñar la reparación colectiva. Las razón es que, en concepto del movimiento sindical, la Unidad de Víctimas no tiene las competencias necesarias para responder a sus exigencias, que incluyen el fortalecimiento del sindicalismo, el esclarecimiento de la verdad sobre la violencia antisindical, la reconstrucción de los sindicatos más debilitados y la revisión de las normas que han desmejorado los derechos de los trabajadores.
Vea aquí el documento: Decreto para reparar al sindicalismo
Y aunque se esperaba que el decreto se expidiera a finales de junio o principios de julio, el Ejecutivo le metió el acelerador y el documento ya está firmado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, y la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Tatiana Orozco.
Para Fabio Arias, secretario general de la CUT, “lo clave de esta mesa es que es de alto nivel y que allí están los actores que pueden decidir cómo debe ser la reparación”. Por su parte, Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, dice que una de las características más significativas de la Mesa es que “es el resultado de una negociación colectiva; es decir, que se construyó entre el movimiento sindical y el Gobierno”.
Según Gómez, en ese espacio también se discutirá la forma como el Estado garantizará la permanencia de los trabajadores en los sindicatos, que frenaron su crecimiento por la estigmatización y el conflicto. “En este país se convirtió en un delito constituir una organización. Nosotros hoy podríamos tener unas tasas de sindicalización por encima del 40% y difícilmente llegamos al 7%. Por eso, consideramos que para reparar al sindicalismo se debe crear un marco de garantías para su ejercicio”.
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Esas y otras medidas se negociarán en la Mesa, cuya primera fecha de reunión aún no ha sido acordada. Por ahora, y pese a la buena noticia, los ánimos entre las partes están caldeados por cuenta de otra decisión del Gobierno. Esta vez, se trata de la expedición de un decreto con el que el Ministerio del Trabajo amplió la definición del concepto de “tercerización laboral” para permitir que los industriales contraten a través de terceros el suministro de bienes o servicios, aun cuando constituyan la actividad principal de sus empresas.
Desde ya, los dirigentes sindicales dicen que no se los tuvo en cuenta para discutir ese documento, que la decisión viola los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que el decreto le pone más trabas a la afiliación de los trabajadores, todo lo cual contradice los objetivos de la recién creada mesa para la reparación.
